Marcela Ojeda / El Sol de México

Ciudad de México.- Dentro de los ingresos públicos, las relaciones fiscales entre niveles de Gobierno podrían mejorar, si tanto los estados de la República como los gobiernos locales comparten el esfuerzo por aumentar la recaudación a nivel nacional y, para ello, sería necesario aumentar los impuestos a fin de financiar parte del nuevo gasto, de tal forma que los usuarios directos asuman parte de los costos, manifestó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al subrayar que con ello también se lograría incrementar la responsabilidad.

Como parte de las consideraciones para la elaboración de la reforma fiscal, el organismo internacional añadió que México sólo tiene un funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por cada mil 600 miembros de la fuerza laboral, en contraste con un promedio de la OCDE de cerca de uno por cada 600 y, por el lado del gasto, anotó que existe poco control acerca de cómo se utilizan los recursos adicionales para inversión recientemente transferidos a los gobiernos subnacionales.

"Debido a que los montos son sustanciales, aumentar la rendición de cuentas a nivel subnacional ha ganado importancia, además de que también sería útil que los contribuyentes (y, por tanto, electores) contaran con una mejor información acerca de las responsabilidades (y rendición de cuentas) de los diversos niveles de Gobierno en la prestación de servicios públicos", sugiere la OCDE.

Por otra parte, y en cuanto a la administración tributaria, destacó que la recaudación de ingresos tributarios se ve seriamente afectada, tanto por el bajo cumplimiento, incluso en el sector formal, como por la existencia de un considerable sector informal.

"Las estimaciones de los niveles de incumplimiento calculadas por la misma administración tributaria indican una merma de recaudación equivalente a casi la mitad de la base tributaria oficial, en tanto que el número de personas registradas ante la administración tributaria equivale a menos de 20 por ciento de la fuerza laboral, lo que complica la identificación de ciudadanos que deberían estar registrados para fines fiscales, pero no lo están".

Aunado a lo anterior, México sólo tiene un funcionario de la administración tributaria por cada mil 600 miembros de la fuerza laboral, en contraste con un promedio de la OCDE de cerca de uno por cada 600, mientras que las actividades de auditoría, que en muchos países representan la principal respuesta al incumplimiento tributario, tienen una escala relativamente reducida, además de haber descendido en los últimos años, destaca la OCDE, al hacer referencia al importante número de deudas fiscales no pagadas.

"En términos relativos, la cifra resulta muy alta si se le compara con la mayoría de los países de la OCDE (más de 50 por ciento de la recaudación anual, contra menos de 10 por ciento en Brasil y España y alrededor de 13 por ciento en Hungría).

"En última instancia, las políticas tributarias funcionan o fracasan en función de la eficacia de su administración. Sin embargo, en muchos países, la administración tributaria tiende a ser la `Cenicienta de la reforma fiscal, y está por de más decir que la factibilidad administrativa es una característica esencial de cualquier programa de reforma fiscal", advirtió la organización.

En este contexto, hizo énfasis en que en toda la OCDE, las administraciones tributarias apoyadas por sus gobiernos han respondido de diversas maneras, aunque se pueden identificar algunos hilos conductores comunes a las reformas de la administración tributaria, como el establecimiento de acuerdos institucionales de administración de la recaudación que otorguen un nivel de autonomía adecuado y acuerdos de ejercicio del gobierno fortalecidos.

También el fortalecimiento del marco organizacional de la administración tributaria mediante la creación de un solo cuerpo recaudatorio que cobre impuestos directos e indirectos, -y, de manera creciente, las aportaciones a la seguridad social-, organizados normalmente sobre bases funcionales, pero con una unidad organizacional especial responsable por la administración de sus contribuyentes más importantes (como las grandes empresas y los organismos sin fines de lucro).

Asimismo, refirió la mejora del manejo de riesgo y la gestión de las auditorías; el establecimiento de los umbrales de registro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a niveles que posibiliten que la administración tributaria concentre sus esfuerzos en la recaudación de montos que ameriten el costo y el esfuerzo, y el fortalecimiento del marco legislativo para la administración tributaria, de forma que cuenten con las facultades adecuadas para cumplir con sus funciones de vigilancia del cumplimiento y la recaudación, además de la imposición de sanciones adecuadas por delitos tributarios.

La OCDE también mencionó la necesidad de adoptar reformas de mayor alcance en el sector público para fortalecer la planeación organizacional y la rendición de cuentas, incluyendo la elaboración de un plan multianual de negocios que presente una articulación clara de la misión, visión, metas, estrategias e indicadores clave de desempeño del organismo, así como un informe de desempeño al cierre del ejercicio fiscal que describa los logros con respecto al plan.

"Para fines estratégicos y operativos, se deberá poner énfasis en las necesidades y conductas individuales de los distintos segmentos del conjunto de contribuyentes / clientes (como de las grandes, pequeñas y medianas empresas), mediante el incremento en la aplicación de técnicas de manejo de riesgo para identificar los principales renglones de riesgo de cumplimiento (como el sector informal), y contribuir a formular una serie de respuestas equilibradas, es decir, servicio y obligación al cumplimiento", añadió la OCDE.