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  En días pasados, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron una propuesta de reforma constitucional para formar en México Gobiernos de Coalición.

No se trata de simples alianzas electorales entre Partidos para promover a un candidato común, sino el tránsito del sistema presidencial hacia el parlamentario. La principal justificación de la propuesta es la de generar las condiciones de gobernabilidad para el país, vista la divergencia de intereses y de perspectiva de Estado entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde la Cámara de Diputados de 1997 y particularmente a partir de la transición originada por la alternancia en el 2000, los mexicanos hemos testimoniado no sólo la desincronización, sino también cómo se han privilegiado intereses que no corresponden a los de México y cómo el Congreso ha insistido en limitar al Ejecutivo, muchas veces más allá del equilibrio que la Constitución establece en un sistema presidencial.

La división de poderes en México no prevé en sentido estricto una corresponsabilidad en el ejercicio del Gobierno, pues la competencia y responsabilidad se le otorga al Ejecutivo, en tanto que al Legislativo, además del carácter de contrapeso político, le atribuye la elaboración de leyes; la evaluación y control del ejercicio de los recursos, y de manera acotada intervenir en los asuntos de gobierno.

En la práctica hemos presenciado cómo los Poderes en lugar de generar a través del diálogo y la razón los consensos que exige México, se han estancado en discusiones estériles en perjuicio de los urgentes cambios estructurales, y cómo se han deformado las instituciones al aprobar reformas legales cuyo límite es "lo posible" sin responder a las verdaderas necesidades sociales, abusando de la "negociación" de apoyar proyectos sólo a cambio de favores.

En estas condiciones, si se entiende a la gobernabilidad como fórmula para asegurar a un Congreso y un Presidente unidos en torno de un Proyecto de Gobierno incluyente y democrático, alineado con un "modelo de país", debemos darle todo el apoyo siempre que efectivamente se formen las llamadas mayorías gobernantes para impulsar las acciones y políticas públicas.

Para ello, me parece que son requisitos indispensables, entre otras más, la identificación de límites claros y fórmulas de colaboración entre Poderes con mecanismos de seguridad en caso de que falle la colaboración; que no se debilite a un Poder para fortalecer al otro; que no se rompa la necesaria unidad de mando que requiere la ejecución de acciones y programas; que los integrantes del Legislativo asuman una responsabilidad jurídica por su participación en el ejercicio de gobierno; que se eliminen las prácticas de cuotas y partidización en nombramientos y decisiones y se postulen a los mejores y acercar a la sociedad con los Poderes.

Destaco esta última premisa asociada a los paradigmas democráticos. La única manera de legitimar y controlar la acción de gobierno es mediante el acercamiento de la sociedad con su gobierno, posibilitando la participación de la sociedad en los procesos de formación de la voluntad y decisión pública; en el control de la actuación gubernamental; en la calificación del legislativo y el posible requerimiento a Diputados y Senadores del cumplimiento de su deber, y la ciudadanización de los órganos colegiados que lo requieran.

El respeto a la sociedad como origen y destino del poder público se extiende a los Partidos Políticos, propiciando en ellos procesos democráticos e impidiendo la sobrerrepresentación de los mismos, pues distorsiona a la democracia real.

La discusión de esta Iniciativa puede llevar a una modalidad de gobierno que nos ayude a superar el estancamiento en que estamos cayendo.

fjzentenob@hotmail.com