Opinión / Columna
 
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El Sol de México
5 de junio de 2010

  BISBISEOS.- Para impedir que los funcionarios públicos que formen parte de la corrupción y desvíen recursos para beneficio personal, la Secretaría de la Función Pública buscará que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se modifique el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales Federal, a fin de que el delito de corrupción sea considerado como "grave".

El titular de la dependencia, Salvador Vega Casillas, así lo dio a conocer durante una entrevista en el programa radiofónico Misión, Periodismo sin Regaños, que se transmite de lunes a viernes en ABC-Radio, en el 760 de AM.

El funcionario afirmó que la Función Pública necesita de más herramientas, más "dientes" para hacer sentir el peso de la ley. Por ello, la propuesta que se hará a partir de septiembre próximo.

SUSURROS.- A ver cómo le hace Fernando Aboitiz, secretario de obras del Gobierno del Distrito Federal (GDF) para explicar en qué fundamentó la negociación con la empresa Cygnus Holdings, Inc, para otorgarle en arrendamiento ocho hectáreas en la zona de Aragón para que construya el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos en donde se separarán diariamente mil toneladas de basura doméstica.

La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea y con Cristian Vargas Sánchez como denunciante, describió que el convenio entre el GDF (Secretaría de Obras y Servicios) y la firma estadunidense Cygnus Holding, destruirá ocho hectáreas de terreno en la zona de Aragón, para levantar un complejo industrial que arrasará a más de tres mil árboles de diferentes especies y la desaparición de la zona de amortización "verde" de una planta de transferencia de basura que ya existe en el lugar.

¿Dónde está la licitación pública?... ¿dónde los lineamientos para no afectar el entorno?

Preguntas que Aboitiz no ha respondido, por lo menos hasta ahora.

SONIDOS.- Sin duda que una "mano negra" influyó en el ánimo del ministro Arturo Zaldívar para llegar a sus conclusiones.

Porque ¿qué diablos tiene que ver Daniel Karam, si él ni estaba en esa época?

Según las sesudas conclusiones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a lo mejor Karma es responsable por "solidaridad". También Sergio Antonio Salazar Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales, Carla Rochín Nieto, coordinadora de Guarderías, Arturo Leyva Lizárraga, delegado Estatal en Sonora, Noemí López Sánchez, titular del departamento Delegacional de Guarderías, por el ámbito federal. En el estatal; Eduardo Bours Castelo, gobernador del Estado; Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; Ernesto Vargas Gaytán, secretario de Hacienda; Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda; Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (2006 a la fecha). Y en el ámbito municipal: Ernesto Gándara Camou, Alcalde; Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia Municipal y Roberto Copado Gutiérrez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil.

MUCHOS NOMBRES. ¿Cuántos están en la cárcel por matar a 49 niños? Lo que no queda claro es si a partir de ahora se fija el criterio de que quien llegue a sustituir a un titular es, al mismo tiempo, responsable de lo que hizo el otro.

RUMORES.- A lo mejor el tema no es tomado con seriedad, pero tiene enorme relevancia: la denuncia formulada por Jorge Peart Mijangos, presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Competencia Laboral, A.C. (AMECER).

Dice que con la pretendida eliminación de la tercería en el sistema de certificación de la competencia laboral "vamos que volamos a la expedición de certificados patito".

Según Peart Mijangos, la sociedad actual reclama una práctica laboral de calidad en todos los aspectos, por ello la certificación de la competencia laboral tiene un impacto social, económico, político y cultural, que ha hecho que el uso adecuado de la metodología en la certificación, sea un tema obligado en la reflexión nacional y mundial.

De este tema no ha hablado don Javier Lozano Alarcón, que trae la espada desenvainada en contra de aquellos que no quieren capacitarse. ¿Sabrá de lo que habla el señor Peart?

RUIDOS.- De pronto, los legisladores quieren demostrar que en tiempos de "ocio" -cuando no hay periodo ordinario de sesiones- sí trabajan y como muestra de ello, es el reclamo de la diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui, a las instituciones que tienen conocimiento de los feminicidios que ocurren en el país.

De entrada, se reunirá con las instituciones con el objeto de que informen a los diputados lo que están haciendo en la materia, las acciones que están tomando y los resultados.

Las reuniones se tienen programadas para los días 21, 22 y 23 de junio con el procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán, y con demás funcionarios relacionados con este tema.

Las cifras que tiene la legisladora revelaron que cuando menos se cometen mil 300 feminicidios al año. Grave, sin duda, el delito.

SISEOS.- Manlio Fabio Beltrones no pierde oportunidad alguna de mostrar que esté en la política. Al referirse al caso "Greg", el coordinador de los senadores del PRI planteó que hay que evitar que todo aquel que tenga o haya cometido algún delito, pudiera de alguna manera protegerse a través de un fuero que pueda dar la candidatura, lo cual hablaría de enorme impunidad, que no debe permitirse.

Y le dio el razón a quien actúa en estas situaciones. "Pero también hay que hacer los preventivos necesarios para evitar que la Procuraduría General de la República (PGR), como ha ocurrido en otras ocasiones, caiga en la tentación de actuar política y electoralmente. Confío que este no sea el caso".

Es decir, te lo digo a ti Pancho para que lo entiendas tu, Arturo.

E-mail: murmullos2008@hotmail.com
 
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