Opinión / Columna
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Mireille Roccatti
México: Hacia el control social
El Sol de México
23 de abril de 2010
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"non uni lceat quod lter non oermttitur"**
En el México de hoy es necesario un cambio cultural para la generación de un nuevo ciudadano, se requiere que exista un consenso y discusión social para que la actuación del gobierno sea lo más transparente posible. Es imperativo que se reconozca que la labor del gobernante es el servicio a la comunidad. En un Estado de Derecho, la participación de la ciudadanía es vital en la toma de decisiones del Estado y debe corresponsabilizarse en la generación de los ingresos fiscales y desde luego del destino del gasto público.
La sociedad evoluciona todos los días por lo que las políticas públicas deben responder a las necesidades de los ciudadanos. La sociedad mexicana tan diversa y compleja se enfrenta al dilema de que el aparato estadual no es eficaz para satisfacer sus necesidades y atender sus requerimientos. Es por ello que crecientemente aumentan los espacios públicos en los cuales ante la falta de capacidad del gobierno, interviene el sector privado y la Sociedad Civil.
En la actualidad la sociedad civil por medio de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles y la opinión pública funge como intermediario entre el Estado y la sociedad, poco a poco influye en la definición de las políticas públicas, estableciendo así un control social.
Es por ello que resulta importante conocer los nuevo métodos y las características del nuevo control social, pues son y serán los mecanismos con los cuales los gobiernos y los ciudadanos compartirán nuevas reglas y nuevos roles para el mejor funcionamiento de la sociedad e imprimir un nuevo rumbo al desarrollo social.
El control social surge como una respuesta a la imposición autoritaria del orden social, por medio del cual se trata de inducir y obligar -mediante la coacción-, a los ciudadanos al cumplimiento de las normas jurídicas a pesar de no estar acordes a la nueva realidad social o aún peor por que el Estado no es capaz de garantizar la vida, la seguridad, la libertad o el patrimonio de los gobernados y mucho menos de establecer una convivencia social armónica.
Los gobernados tienen la obligación y a la vez el derecho de vigilar a la gestión pública y todo lo que origine esta -como los servicios públicos ofrecidos a los particulares-, el Estado tiene el deber de garantizarlos y proveerlos. Por tanto, la participación de la Sociedad Civil es importante en la creación y evaluación de las Políticas Públicas, pues es de esta manera que se pueden solucionar de una manera más efectiva los problemas que aquejan a la población.
En nuestro país, vivimos tiempos difíciles y nuestra generación que impulsó un cambio político-social, motivados por los ideales de libertad, justicia y equidad social, hoy ve con desesperanza que el inacabado proceso de transición democrática que desembocó en la alternancia política del año 2000, se encuentra lejos de otorgar respuesta a los desequilibrios económicos estructurales y más aún de un ejercicio democrático del poder.
En la nueva coyuntura, la ruta se encamina por la dinámica de sustituir gradual y parcialmente la democracia representativa por la democracia participativa. Es necesario reconocer que el sistema de derecho vigente se apoya sobre un fenómeno social, esto es que el sistema jurídico positivo tiene como cimiento una nueva realidad social y resulta indispensable y urgente empatar la norma jurídica con la realidad social.
El Sistema Político mexicano que no termina de fenecer ha caducado, es evidente e innegable el agotamiento de los Partidos Políticos, es ya un clamor ciudadano la necesidad de reformar el poder y los modos de hacer política. Por ello, la columna vertebral de la reforma política en curso, no debe perderse en los vericuetos de fortalecer al Ejecutivo o al Legislativo. Su eje rector debe ser fortalecer la participación ciudadana. Hoy como nunca, debe privilegiarse, las candidaturas ciudadanas, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y señaladamente la revocación de mandato. La oportunidad de nuestros legisladores es definitoria o realizan una reforma del poder o persisten en la tozudez de perpetuar un sistema inviable. Que todo cambie para que todo siga igual resulta suicida. La disyuntiva es clara o se impone la tentación de perpetuar el autoritarismo y con ello se precipita un previsible estallido social o se legisla a favor del empoderamiento ciudadano.
En este contexto, resulta interesante la creación reciente de los observatorios ciudadanos que se han venido conformando tanto en el ámbito nacional como en algunos estados de la República, a través de los cuales ciudadanos hastiados de soportar políticos y burócratas que no desempeñan adecuadamente sus tareas, "adoptan" a un servidor público para darle un puntual seguimiento a las actividades que debe cumplir. De esta forma se publica en los medios electrónicos tanto los aciertos como equívocos o faltas de cada uno de los legisladores o de los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno. Los mexicanos ya cambiamos y no nos vamos a dejar.
**«Que no sea lícito para uno lo que no se permite a otro».
* Profesora investigadora de la EGAP del Tecnológico de Monterrey RZC-CEM.
mroccatti@itesm.mx
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