Juan Cruz / El Sol de México

Ciudad de México.- Luego que jueces federales ampararon a los bancos Invex y Azteca contra la obligación de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los movimientos de los fideicomisos que administran, y al Banco Interacciones se lo negaran, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que emitir la última palabra.

Tienen que aclarar esa diferencia de criterios, para lo cual revisarán la constitucionalidad del artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, vigente desde el 29 de junio de 2006.

El tiempo apremia, porque este mes los bancos tienen que entregar al SAT toda la información personal que tienen de sus clientes (fideicomitentes), así como los detalles de los movimientos bancarios que realizan, como son los montos de las aportaciones, rendimientos y utilidades.

Para la juez, María Elena Rosas López, quien amparó al banco Invex, el artículo impugnado es violatorio de la garantía de seguridad jurídica prevista por el artículo 16 de la Constitución federal.

Ello, porque "permite actos de molestia contra los gobernados que no guardan relación alguna con la obligación de contribuir a los gastos públicos".

A su consideración, el artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, "no tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente".

Contrario a este criterio, el juez José Manuel Villeda Ayala, negó a Banco Interacciones el amparo que solicitó porque el precepto impugnado impone una obligación legítima.

Ante la diferencia de criterios, la SCJN tendrá que revisar la constitucionalidad del artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación.