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  Luego de la comparecencia de los integrantes del gabinete presidencial en el Senado de la República, funcionarios responsables directos de la instrumentación en la estrategia general del gobierno en materia de combate al narcotráfico, hubo un importante pronunciamiento respecto de atender la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Dentro de las expectativas de la sociedad y de las organizaciones civiles en particular, la necesidad de encontrar condiciones que demuestren el retroceso o contención del clima de violencia en varias partes del país, se ha vuelto una condición de legitimidad y confianza en las instituciones.

No se trata sólo de contabilizar el número de homicidios vinculados al crimen organizado y a los choques con las fuerzas de orden. También se trata del clima de miedo producido por la extorsión, el secuestro y la escasa capacidad de respuesta y disposición de las autoridades judiciales para atender con prontitud y agilidad las exigencias de la ciudadanía para atender esos problemas. La reunión del pasado martes 16 en las instalaciones del Senado de la República, indican que la tendencia general, al menos en cuanto a la percepción más extendida, es que si bien la lucha se va ganando, el clima de violencia en cambio, no disminuye.

Ante esa situación, aunque las reuniones en sí mismas pueden ser relevantes al menos en cuánto éstas se traducen en políticas y, sobre todo, en acciones y presupuestos medibles para alcanzar sus objetivos, por su parte la sociedad espera con atención y preocupación la convergencia y acción coordinada de los ámbitos de gobierno y, por supuesto, de la forma en que se administra la justicia. Por eso llama la atención que en las dos visitas del Presidente de la República a Ciudad Juárez no se haya hecho una sola mención, no se haya mencionado una sola palabra respecto de los crímenes cometidos contra mujeres en esa ciudad y que a la fecha no hay ni indicios en el esclarecimiento de éstos ni tampoco culpables plenamente identificados.

El Gobierno de la República tiene una oportunidad en medio de este clima de desazón si es que logra articular de forma organizada una respuesta institucional sujeta de ser evaluada más que por números, por el ambiente que se pueda crear. Por eso, cuando la disfunción del sistema de seguridad pública atenta contra las libertades ciudadanas y los derechos humanos, quiere decir, sin lugar a dudas, que hay un muy serio problema de estabilidad y confianza en el futuro, a la vez que un proceso gradual de disociación y pérdida de identidades individuales y colectivas.

No hay duda, el tiempo se agotó. A partir de ahora, se requieren acciones decididas no sólo a mostrar la fuerza, sino también a evidenciar una política social de gran calado, pero no sólo para la tan agobiada Ciudad Juárez, sino también para otras ciudades y zonas del país; esperar a que una nueva tragedia movilice a la opinión pública y conmueva a los ciudadanos del país es, ni que dudar, un error en el que todos perdemos la confianza en la consistencia de las decisiones, pero, sobre todo, en la sensatez de la toma de decisiones.

Habrá una tercera visita del Presidente de la República a Ciudad Juárez, pero el Jefe del Ejecutivo no puede de forma personal y directa involucrarse. Eso significa que las instancias y funcionarios han fallado (por cierto ¿por qué designar al secretario de la Reforma Agraria como representante en Ciudad Juárez?) al mismo tiempo y en consecuencia, las leyes, los programas, las autoridades locales y así, hasta dejar en claro que la falla es estructural. El aviso ha sido fuerte. La reacción también. Ahora lo que debiera prevalecer es la certeza de que un replanteamiento en la estrategia, con el aditamento de la participación social, es lo adecuado.

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