Opinión / Columna
 
Así lo Dice La Mont 
Federico La Mont 
9 de febrero de 2010

  * Juárez de Baeza

* Final de mandato

Seguridad pública: Entre los compromisos de campaña del aspirante a gobernador en 2004, José Reyes Baeza resaltó crear una Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) con sede en Ciudad Juárez municipio que de los sexenios 1992-1998 y 1998-2004 observó un grave deterioro en ese rubro. Lo anterior, se concretó desde el primer día de mandato del ahora ejecutivo estatal saliente junto con la creación del Centro de Investigación Policial (CIPOL).

¿Qué sucedió?: El primer funcionario asignado a esa tarea Raúl Grajeda fracasó en el propósito de limpiar la corrupción entre los cuerpos de seguridad del estado, razón por la cual fue destituido. Independientemente a ello se sumaron sus diferencias con el Secretario de Seguridad Pública Municipal y Director Operativo de la Policía Preventiva de Juárez, Juan Salgado Vázquez y Juan Manuel Escamilla.

Mensaje Baeza: Con esa acción el gobernador José Reyes Baeza confirmó al Gobierno Federal que su administración no solaparía al interior ninguna acción oscura. No obstante a ello también ahondaron los desacuerdos con el edil juarense Murguía Lardizábal, quien inexplicablemente y conocida la directriz de Chihuahua refrendó su apoyo a los controvertidos funcionarios Salgado Vázquez y Escamilla, quienes presumiblemente en su momento conocieron la verdadera causa del crimen de los hermanos Rubio Medrano.

Descomposición: Sólo unos meses después de la ejecución de los hermanos Rubio Medrano un comando armado dejó un mensaje en las puertas de la Comandancia Norte de la Policía Municipal y quince días después un oficial juarense fue ejecutado en las puertas de esa corporación.

Bandas vs. idem: Seguramente los jefes policiacos tanto del cabildo 2004-2007 y 2007-2010, jamás imaginaron que el enfrentamiento entre sicarios rivales: La línea o Viceroy, Sinaloa y Zetas llevaría a un total deterioro de la seguridad pública. Ante el recrudecimiento de la plaza sólo las corporaciones municipal y federal de Seguridad Pública, ignoraron que las calles, parques y espacios públicos salieron de su control.

Presencia Juárez: Aunque el CXIV ejecutivo estatal saliente enfrenta una carrera contra reloj, la presencia de tiempo completo de sus funcionarios en ese municipio fronterizo, significa la última oportunidad para abatir los altos índices de criminalidad e impunidad que prevalecen en esa geografía, principalmente las extorsiones sufridas por infinidad de pequeños y medianos empresarios sin olvidar a los profesionistas desde arquitectos, ingenieros civiles y médicos.

Indignación: Independientemente a ello las agresiones contra colegas también alzaron la voz del país y del mismo ejecutivo estatal. De lo anterior resaltó el asesinato de los periodistas David García Monrroy y Armando Rodríguez sin olvidar la solicitud del exilio de Jorge Luis Aguirre.

¿Quién está limpio?: Quizás sean pocos los actores involucrados en la Operación Conjunta Chihuahua quienes hasta este momento arrojen la primera piedra pues la infiltración del crimen alcanza a todos los sectores en tanto la población se ubica en el desamparo sin dilucidar el verdadero alcance del Aparato Inteligencia como la presencia de la Fuerza Armada y demás cuerpos de Seguridad Federal.

Perspectiva: Para restituir la certidumbre a juarenses y chihuahuenses, la decisión emprendida por el gobernador Baeza Terrazas de trasladar los poderes a Juárez, a primera lectura puede ser el paso al que se sume un enfoque de seguridad ciudadana que incluya una participación directa de universidades públicas y privadas de la entidad en la estrategia de depuración de cuerpos policiacos.

Un mando: El nuevo operativo ciudadano debe encabezarlo sólo alguien que resida y opere en Juárez, y que este sea objeto de una periódica rendición de cuentas por parte de un Consejo Ciudadano. Evidentemente debe ser un civil al que se someta el Ejército, las Policías Federales, Estatales y Municipales. Aunque el primer convocado para la Operación Coordinada Chihuahua (OCCH) resultó el comandante Vidal Díaz Leal Ochoa, tal vez esa tarea podría ser representarla por un oriundo de la entidad.

¿Baeza Terrazas?: Ese funcionario debe ser el gobernador José Reyes Baeza, a quien no obstante el resultado que arroje la contienda constitucional del 4 de julio, aún le restan ocho meses para el final de su mandato. En ese periodo y con residencia permanente en Juárez, Baeza Terrazas deberá velar por el respeto absoluto a los derechos humanos y a las libertades constitucionales, sin confundir lo anterior con los de la delincuencia.

Cuenta regresiva: En la recta final de su mandato José Reyes Baeza ya no apostará por otros cargos, sino una lucha frontal contra la impunidad, corrupción, investigación y castigo a los culpables de los delitos, así como quienes desde el aparato de Estado se coludieran con la delincuencia organizada.

Rezago social: Otro elemento que no puede pasar inadvertido sería la instrumentación de un programa de desarrollo social emergente para Juárez, para así enfrentar los llamados factores de riesgo que propician mayor delincuencia, entre ellos la pobreza, desempleo, inequidad y justicia, sin olvidar el más apremiante prevención del consumo de drogas, que en esa localidad contabiliza a 90 mil jóvenes.

* ENTRE OTRAS COSAS...

Altruismo: Hacia el IMSS de Daniel Karam Toumeh mostrado por la Fundación Gonzalo Río Arronte que entregó un donativo para fortalecer la operación de 70 módulos de salud ginecológica para el diagnostico y tratamiento contra el cáncer cervical. Impasse: En la investigación contra expolicías citadinos y mexiquenses vinculados con el tráfico de títulos profesionales entre los que presumiblemente resaltan Fernando Vaca y Manuel Rodríguez.
 
Columnas anteriores
Columnas anteriores
Cartones
Columnas