por Sonia García Ochoa

Tijuana.- A más de dos años de expedida la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y de que su reglamento se expidió 12 meses atrás, "es penoso reconocer que ambas disposiciones son letra muerta", puesto que lo escandaloso es la impunidad, afirmó ayer la senadora Irma Martínez Manríquez.

Al asistir a los cambios directivos en su partido Nueva Alianza, la legisladora aseguró que la trata de personas es considerado como el tercero más rentable para la delincuencia organizada, sólo detrás del tráfico de drogas y la venta de armas, con ganancias anuales estimadas en nueve mil 500 millones de dólares.

"No existen avances en lo que respecta a la recopilación de datos estadísticos y criminológicos relativos a la incidencia delictiva en la materia, lo que repercute negativamente en el desarrollo de la investigación sobre este tipo de crímenes, en el manejo irresponsable de cifras, en el limitado conocimiento de los perfiles criminales y de las víctimas, en el desconocimiento de patrones de demanda y en la ausencia de impacto en la toma de decisiones sobre el tema", dijo.

La senadora por Nueva Alianza hizo saber que "México se encuentra entre los países que más víctimas por trata de personas, envía Estados Unidos; fue en el año 2007 cuando en México fue promulgada la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento publicado en febrero de 2009.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos instaló el Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, mientras que el gobierno federal ha incumplido con varias obligaciones contenidas en la misma ley, por lo que la constante en la comisión de este escandaloso delito es la impunidad, indicó Martínez Manríquez.

A pesar de tales disposiciones legales, fue hasta el 9 de diciembre de 2009 cuando se efectuó la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, motivada por las múltiples presiones y exhortos emitidos por legisladores integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, concluyó la senadora Irma Martínez.

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