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  La decisión del Senado de la República para citar a los integrantes del gabinete de seguridad nacional para que expliquen la estrategia y contenidos de las acciones aplicadas en materia de seguridad pública, principalmente en Ciudad Juárez, refleja con toda su crudeza y nitidez la descoordinación y distanciamiento que hay entre los Poderes de la Unión, incluyendo al Judicial, así como la ausencia de un proceso que tienda a normalizar la visa en esa y otras ciudades del país.

Una estrategia seria y de fondo, incluye la forma o los escenarios de salida o de conclusión del conflicto. A la vista, esa posibilidad, es decir, la terminación de la crisis en materia de seguridad pública que vive el país, es un elemento que incrementa la desazón en tanto no existe un proceso para culminar y concretar la normalización de la vida cotidiana. Citar a los secretarios de Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, cuando en el refrigerador del Palacio Legislativo yacen las iniciativas en materia de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, es una muestra de que no hay ni dirección ni mucho menos, coordinación.

Pasada la mitad del sexenio, tampoco se observan aspectos que construyan escenarios que vayan más allá de la actitud monotemática del Gobierno. Como una muy mala pasada, el Presidente de México publica una breve colaboración en los diarios de Japón durante su visita oficial a ese país y con una diferencia de horas, son asesinados 16 jóvenes en Ciudad Juárez lo que nos acerca cada vez más a los escenarios de descomposición social y sobre todo de desconfianza respecto de la aptitud y capacidad de los tomadores de decisiones en esas materias. Así, sin marco jurídico adecuado, las Fuerzas Armadas de México deben enfrentar a un adversario dispuesto a transgredir todas las reglas y normas, a violentar todos los códigos y convencionalismos sociales.

Los índices de violencia y criminalidad van en aumento. Las tendencias y los datos nos ubican en una pendiente que de no frenarse o al menos contenerse, habrá de repercutir negativamente en la construcción del futuro del país ¿Hay conciencia de esta situación? Por eso, la presencia de soldados y marinos en el territorio nacional, debe completarse en esta coyuntura, con una serie de medidas orientadas a crear la manera en que habrá de recuperar sus ámbitos naturales de trabajo y sobre todo, de responsabilidad. Los espacios presupuestales por ejemplo son un indicador de las prioridades. La Secretaría de la Defensa Nacional observa un decremento de casi el cinco por ciento respecto del año anterior y de sus recursos, para este 2010 destinará el 96.69 por ciento a servicios personales. El restante y raquítico 3.31 por ciento será para materiales, suministros y servicios generales. La pregunta entonces es que sin marco legal, sin el presupuesto adecuado ¿Qué quieren los senadores y diputados que les expliquen los militares respecto a su participación en tareas de Seguridad Pública, cuando ni ley ni recursos suficientes tienen?

El presidente Barak Obama, presentó el pasado lunes, el presupuesto para 2010 y en él, se da cuenta de que los 702 mil millones de dólares, que representan el monto más alto en la historia asignado al Departamento de Defensa. Desde luego que no se trata de hacer comparación alguna sobre los recursos asignados en nuestro país. Pero lo que sí es un dato, es la certeza de que las acciones militares a gran escala, que las tensiones geopolíticas y las políticas de seguridad nacional de los EU., serán un eje sustancial en el mundo y por supuesto, para México, a lo largo de este 2010. Por eso, preocupa la improvisación en los ámbitos civiles y de sus procesos de toma de decisiones, pues parecieran desconocer o marginar los indicadores de una realidad que condiciona a lo que sucede en la frontera norte de nuestro país, pero al mismo tiempo, a la naturaleza del Estado.

javierolivaposada@gmail.com