Opinión / Columna
 
Javier Oliva Posada 
Terrorismo y narcotráfico (Poder Nacional)
Organización Editorial Mexicana
29 de enero de 2010

  El orden de estos conceptos, en este caso, es determinante. Pues la inversión de los términos, es decir, narcotráfico y terrorismo, implica un cambio fundamental y de fondo en la elaboración de estrategias y medidas jurídicas para hacerles frente. Los efectos de sobre las políticas de seguridad nacional, de defensa nacional y desde luego en materia de presupuesto y formación de cuadros profesionales, nos remite, como se observa, a considerar a su vez, las modificaciones en las estructuras y acuerdos internacionales y geopolíticos. En un documento de trabajo, dado a conocer el pasado 5 de este mes, un grupo de trabajo del Congreso de los Estados Unidos, estableció la cada vez más frecuente relación entre los grupos de delincuencia organizada y los terroristas. Este análisis implica un replanteamiento respecto de los procedimientos y la estrategia en general, al menos para ese país, para hacerle frente a ambos problemas.

En tanto que el terrorismo obedece a causas de naturaleza políticas, al final de cuentas, los adversarios en lo que hace a su identidad, permite ciertas ventajas en cuanto al reconocimiento de cada una de las ventajas y desventajas por parte de los estados para hacerles frente con relativo éxito en el corto plazo. En cambio, por lo que hace al crimen organizado, sus consecuencias no obstante, tienden a ser más destructivas pues los daños van directamente a deteriorar los niveles de confianza ciudadana en sus gobiernos y sobre todo, implanta su serie de antivalores que depredan la calidad de la convivencia y la aplicación de las leyes y respeto a las costumbres. Así, el crimen organizado y sobre todo por lo que hace al caso de los países latinoamericanos, representa un desafío más que para los estados, para el tejido social y las estructuras de administración de la justicia y las políticas de seguridad pública que los daños que pudieran representar una guerra o una epidemia.

Para el caso de México, asimilar una amenaza como lo es una probable crisis de seguridad pública, con la emergencia de grupos subversivos a propósito de las efemérides de las guerras de Independencia y de la Revolución, puede conducir a valoraciones superficiales que dejen de lado las causas estructurales como son la pobreza y la marginación, del desequilibrio que vive el país. Las evidencias de que desde 1988 hay cada año más pobres, indica sin temor a equívoco, que el modelo aplicado hasta este año, ha sido inapropiado y que su operación tampoco ha dado los resultados esperados.

Por eso es muy importante analizar las percepciones que desde los Estados Unidos hay sobre ambos problemas, es decir, el terrorismo y el narcotráfico, pues a partir de allí, se desprenden nuevos apuntes y protocolos de seguridad para la aviación comercial, los tránsitos fronterizos, la emisión de visas y el flujo de materias y productos y por supuesto, de personas. Desde la perspectiva para la identificación del enemigo, ahora la simple apariencia personal o la existencia de un apellido "extraño" es argumento suficiente para aplicarle a ese viajero, turista, estudiante o empresario, ciertos interrogatorios o revisiones respecto de su salud mental o actividades precedentes de él y su familia. No obstante, allí no encontramos lo más relevante de esta nueva etapa, en efecto, lo más trascendente, es que las medidas militares pueden ser extendidas desde los criterios de la Casa Blanca, al combate al narcotráfico y entonces sí, la cuestión ya es muy diferente a un asunto policiaco y de seguridad o de salud públicas. Nos hemos encontrado con la situación de que el desafío de probables contactos entre el terrorismo y el narcotráfico, al compartir el mundo de la ilegalidad, por distintas vía, tienen pues, al mismo adversario: al estado y a las leyes. Y ese sí que será un tema para los siguientes años.

javierolivaposada@gmail.com
 
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