Metrópoli
Sin resolver 90% de los casos criminales
El Sol de México
28 de diciembre de 2009


Fernando Ríos

Ciudad de México.- El 90 por ciento de los casos criminales no se resuelven por falta de mecanismos de control y por la normatividad obsoleta, aseguró Fabián Sánchez Matus, director ejecutivo de Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Al participar en la jornada de debate "El nuevo sistema de Justicia Penal desde la perspectiva de la sociedad civil", organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), expuso que la reforma penal elaborada en 2008 no resolverá el problema estructural de la justicia inmediatamente ante la falta de recursos.

Por ello, propuso que en el ámbito privado se impulse la figura de abogados pro-bono, que realicen trabajo a favor de los derechos humanos y de las víctimas del delito para consolidar una verdadera reparación del daño.

Durante el evento, los participantes recomendaron que las acciones preventivas y de persecución de la delincuencia organizada y el narcotráfico deben darse con pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, señalaron que el retroceso que más preocupa de la Reforma Penal Constitucional del 2008 es la consolidación de un subsistema de excepción para los acusados de delitos relacionados con la delincuencia organizada, el cual fue impuesto a partir de la década de los noventa.

En su intervención, el coordinador del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Santiago Aguirre Espinosa, aseguró que la existencia de un subsistema de justicia para algunos casos supone concebir la legislación penal como un arma de lucha a costa de la reducción de garantías procesales.

Sostuvo que esta tendencia repite un escenario parecido al de finales de las décadas de los 60 y 70, cuando se toleraban la tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas con el argumento de combatir a los 'enemigos del Estado', pertenecientes a organizaciones armadas de oposición.

En este contexto, afirmó, distinguir en la Constitución entre dos sistemas de justicia, uno para la delincuencia organizada y otro para la delincuencia común, es poco deseable.

Al participar en la mesa de debate "Las nuevas características del debido proceso en la Constitución", moderada por el consejero de la CDHDF, Carlos Ríos Espinosa, subrayó que "si para alguna ciudadana o ciudadano hay un proceso acusatorio y oral con respeto a la presunción de inocencia, pero para otros hay un proceso desigual, con menos garantías y con nula presunción de inocencia, se crean dos derechos penales", uno para los ciudadanos y otro para los 'enemigos del Estado'.

Tras reconocer que la Reforma Penal de 2008 cuenta con avances como la eliminación de la flagrancia equiparada, la creación de los jueces de control y el derecho a una defensa pública de calidad, señaló que también tiene retrocesos como el arraigo, figura opuesta a las más elementales nociones de debido proceso y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ser una medida de carácter arbitrario en razón del escaso control judicial.

Explicó que el artículo 20 constitucional contempla tres mejoras sustantivas, como la adopción de un sistema acusatorio y oral, la inclusión del listado de principios generales y la regulación de garantías de debido proceso, mucho más explícitas y compatibles con los instrumentos internacionales en la materia.

Añadió que la reforma tutela de manera automática prisión preventiva para ciertos delitos, lo cual, dijo, contradice la idea de que tendría que decidirse caso por caso y aplicarla como último recurso, agregó.