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  En los años setenta y a fines de los ochenta, un claro malestar por las condiciones políticas del país estaba a flor de piel, la sociedad sentía cerrados los canales de participación política; el sistema económico, pese a sus deficiencias, daba margen a expectativas positivas en la población, ésta preveía mejoras en su situación material pero se consideraba políticamente marginada; hoy, las circunstancias son muy distintas, el reclamo social se da en el ámbito de la economía: Se exige del Gobierno que la producción crezca y se abran oportunidades de empleo mucho más que una pretendida expansión del poder ciudadano para "premiar o castigar" con su voto a los funcionarios. En todo caso, el hartazgo de la ciudadanía es con la política en general, está desconfiada, incrédula; estima que todos los políticos son iguales, falsos, ineptos y corruptos. En ese contexto, ¿creen que la gente pensará que con la reelección se van a volver buenos, probos y eficientes, por temor a que los castiguen en las urnas? Para castigar a los malos políticos sería más atractiva la revocación del mandato, pero eso no lo incluyó Calderón en su iniciativa de reformas.

El sistema de premios y castigos ya existe y funciona, operó claramente contra el PRI en 2000 y contra el PAN en julio pasado, y su ejercicio pleno en nuestra sociedad plural está concebido en torno a los partidos que son los sujetos colectivos de la vida política. Éstos deben responderle al electorado en función de los programas que ofrecen y las plataformas políticas que están obligados a registrar en cada elección. Especialmente tratándose de legisladores -si bien la labor ejecutiva de los alcaldes es distinta- no es la individualización de la responsabilidad lo que los hará mejores. Esta idea pretende acercarnos al modelo estadunidense en que los legisladores se vinculan con intereses locales específicos que les financian las campañas y a los que responden en la práctica más que a las dirigencias de sus partidos. Falso que sea la ciudadanía en un ejercicio puro y ajeno a intereses específicos la que premia con la reelección, son los donadores a los Comités de Acción Política y los medios de comunicación que ensalzan al representante o lo denuestan según les convenga, quienes se convierten en árbitros de la reelección, de modo que al poder institucional de los partidos consagrado en nuestra Constitución se le substituye por poderes fácticos que ni siquiera están sujetos a los controles legales y financieros que se ejercen sobre las organizaciones políticas, las cuales se supone que suscriben un compromiso con los electores a través de las ideas y programas que postulan, y que es el cumplimiento de esos programas el que los ciudadanos valoran al votar, y no la actuación individual del legislador que se vuelve más vulnerable a las presiones de intereses con mayor capacidad de hacerse oír en los medios. En todo caso, en modelos partidistas europeos, aun existiendo la reelección, los partidos están organizados de modo que mantienen el control sobre los candidatos que lanzan y los sistemas parlamentarios refuerzan este proceso, pero por eso en el paquete de reformas se introducen las candidaturas independientes, de modo que quienes tengan capacidad de financiar a figuras públicas, lo hagan sin pasar por los controles que se aplican a los partidos. Las iniciativas de Calderón van en sentido contrario al adoptado por nuestro modelo constitucional tendiente a crear un sistema de partidos fuerte y lo confiesan abiertamente al decir "varias de las propuestas que aquí se presentan buscan fortalecer el poder en manos de la ciudadanía". Pero los ciudadanos no obtienen ni ejercen ese poder de modo aislado e individual, sino a través de organizaciones y grupos activos en la política, si no son los partidos ¿quiénes se pretende que ocupen ese lugar?

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