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  (Las tareas pendientes)

"Hortantibus amici"**

Hemos venido abordando este tema, dando seguimiento puntual a los avatares legislativos y negociaciones políticas para armar el paquete fiscal para el 2010, en el camino hemos, al formular nuestras reflexiones, estimo haber sido especialmente crítica, ahora es momento de ser propositiva, el tiempo se ha agotado y la sociedad no puede seguir siendo esquilmada y en el país se percibe una crispación social que debe ser atendida. Para ello, es necesario contextualizar las propuestas, con vista al acuerdo de realizar "ahora sí" la reforma fiscal que México necesita.

La economía mexicana desde hace tres décadas ha venido enfrentando cíclicas crisis que se han reflejado en tasas negativas de crecimiento económico, en promedio. En este lapso no se ha impulsado el crecimiento de la recaudación de ingresos públicos, en virtud que la reducida tasa de crecimiento, y particularmente los periodos de estancamiento y caídas del Producto Interno Bruto (PIB) han propiciado una disminución de la planta productiva y el empleo, y se ha reducido la efectividad de las reformas para gravar en forma creciente a empresas y ciudadanos, debido la existencia de exenciones y tratamientos especiales. El resultado de estos procesos ha sido que la base fiscal no ha crecido lo suficiente para aumentar la recaudación y distribuir la carga fiscal en forma más equitativa.

La descentralización del gasto no necesariamente ha implicado mayor autonomía para gobiernos estatales y municipales, ya que la mayor parte de los recursos descentralizados han sido gastos condicionados. Ahora bien, de persistir esta tendencia de descentralización por el lado del gasto, sin transferir también facultades impositivas, se corre el riesgo de caer en una situación de falta de disciplina financiera en los distintos órdenes de gobierno, como de hecho ha sucedido en otros países.

Conviene recordar que constitucionalmente México es una federación en la que los tres ámbitos de gobierno poseen algún grado de autonomía, tanto en su capacidad para recaudar ingresos como en sus decisiones de gasto. En la realidad, tal autonomía ha estado limitada por el Gobierno federal. La gran mayoría de los ingresos estatales y municipales son transferencias (participaciones) provenientes del Gobierno federal.

Por el lado del ingreso, el avasallamiento federal tiene su explicación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que se diseñó con un espíritu fundamentalmente resarcitorio, para compensar a las entidades los ingresos que habían dejado de recibir del entonces impuesto sobre ingresos mercantiles, y de que a partir de 1980, el Gobierno federal se hizo cargo de recaudar el IVA.

Así, el Gobierno federal recauda los impuestos con las bases impositivas más amplias, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de algunos otros de bases impositivas menores. Los gobiernos estatales, por su parte, tienen acceso a bases impositivas muy reducidas, entre las que destaca el impuesto sobre nóminas y las participaciones en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios. Esto es, los gobiernos estatales delegan su capacidad recaudatoria al Gobierno federal, a cambio de recibir participaciones federales.

Por el lado del gasto, su funcionamiento ha sido mucho menos sistemático y altamente discrecional debido a que, a diferencia de los ingresos, no ha existido, sino hasta recientemente, una definición clara de funciones entre ámbitos de gobierno. Tradicionalmente, los gobiernos estatales han tenido un grado muy bajo de autonomía en lo que concierne a sus decisiones de gasto. En buena medida esto ha obedecido a que el componente más importante del gasto público estatal ha provenido de los llamados Convenios de Desarrollo Social (Cedes), en los que participan conjuntamente los gobiernos federal y estatales.

La fórmula de distribución de participaciones a los estados se ha aplicado de la siguiente manera: población (45.17 por ciento), capacidad de generar ingresos (45.17 por ciento) y en relación inversa a las transferencias per cápita resultante de los dos criterios anteriores (9.66 por ciento). Si atendemos a las fuertes diferencias regionales en términos de ingreso y desarrollo, es frecuente escuchar entre los gobernadores la discusión sobre si la fórmula de distribución arriba descrita es 'justa'.

El siempre tirano espacio de esta columna me obliga a postergar para la siguiente entrega las reflexiones sobre como gastan las entidades y principalmente explicar las propuestas sobre el urgentísimo cambio del sistema recaudatorio, que vendría a fortalecer el federalismo y la necesaria definición de que queremos gravar y como.

* ICI ENTRE NOUS

La joven y brillante presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Alejndra del Moral, sobresale por su gobierno de puertas abiertas a la ciudadanía y su decisión de superar los marasmos burocráticos con decisiones ejecutivas. Su accionar como gobernante demuestra que las mujeres son capaces de enfrentar responsabilidades y que los jóvenes con preparación pueden superar cualquier reto.

**Por consejo de los amigos. Cornelius

*mroccatti@itesm.mx

Profesora investigadora de la EGAP del Tecnológico de Monterrey RZC-CEM