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  El proceso para la elección del nuevo Ombudsman nacional no fue lo que en una sana práctica legal, republicana y democrática debió haber sido, es decir, un ejercicio de análisis y ponderación de las trayectorias de candidatos, cuya personal historia reflejase compromiso con los derechos humanos y con los principios que hacen a un Estado de derecho moderno, esto es, la libertad y la igualdad. Y, por supuesto, con un profundo conocimiento teórico y práctico de la materia. En suma, una trayectoria personal que diese cuenta de independencia, imparcialidad, buen juicio y, sobre todo, proclividad en la búsqueda por la justicia.

Los senadores encargados de dar cauce a este proceso, principalmente los de la Comisión de Derechos Humanos, salvo las honrosas excepciones de siempre, no comprendieron, porque nunca han comprendido, que el país demandaba al frente de la CNDH a una persona cuyo prestigio intelectual o su demostrado compromiso con los derechos humanos la hiciese capaz, sobre todo en esta difícil hora de la nación, de salvaguardar los valores más preciados de una sociedad democrática sin destrozar a las instituciones. Un Ombudsman que asentase su fuerza en su autoridad moral e intelectual, que se gana en la batalla cotidiana por los derechos humanos, en la brega intelectual por hacer una defensa de los mismos apoyándose en argumentos racionales y no en bravatas viscerales o en la toma de las calles. Los derechos humanos en la modernidad son, lo he repetido reiteradamente, incluso frente a aquellos legisladores, un criterio de justicia y legitimidad política. No entendieron, nunca han entendido.

Sin embargo, muchos de los que participamos en este proceso lo hicimos -y mi diálogo con otros candidatos a quienes expuse esta convicción es prueba de lo anterior- en tanto un compromiso de moral personal con nuestros principios y un compromiso cívico con nuestras trayectorias, pero además, porque consideramos que era necesario estar presentes y de manera propositiva en dicho proceso para decir lo que pensábamos, esperábamos y proponíamos para una nueva CNDH, una muy distinta a la actual y que demanda a gritos el país. Hubiese sido muy fácil, al menos en lo que a mí toca, mantenerme en la posición del observador externo que no necesita de la política ni de los políticos para vivir, y criticar acremente lo que todos sabíamos iba a ser este proceso: un juego de mala política, de compromisos personales, de intereses espurios de grupo y entre partidos políticos, todo ello, claro, de espaldas a la nación, a la ciudadanía y nunca en beneficio objetivo de los derechos humanos. Y, efectivamente, así fue.

Aquí sólo una pequeña muestra de lo anterior: con una ignorancia supina en materia jurídica, los senadores (imagínese usted, los que hacen nuestras leyes), adoptaron un acuerdo palmariamente ilegal, a saber: exigir como requisito para participar en el proceso que los candidatos hubiesen sido, forzosamente, propuestos por una organización no gubernamental. Craso error: ni la ley de la materia ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto, demandan tal requisito, el cual de suyo sería discriminatorio. Yo me inconformé, puse en evidencia su alarmante desconocimiento del Derecho y no tuvieron más que recular a regañadientes. De hecho, pude haberme amparado y estoy casi seguro de que el Poder Judicial me hubiese dado la razón, con lo cual, de entrada, hubiera parado el proceso y hasta obligado a repetirlo. Por ello, de urgencia, alguien les dijo que habían cometido una burrada y se reunieron para tratar de salvarla, "permitiéndome" participar en el proceso.

Me refiero, precisamente, a esos mismos senadores que durante su mandato nada han hecho para investigar lo sucedido en la CNDH: el despilfarro, la pérdida de legitimidad y de efectividad. Y ello a pesar de señalamientos públicos y puntuales de organismos no gubernamentales internacionales o de académicos nacionales que han puesto en evidencia todo lo anterior (véase, por ejemplo, el informe sobre la CNDH elaborado por Human Rigths Watch o lo señalado por el Programa Atalaya). ¿No será que muchos en el Senado y en otros poderes tendrían que explicar algo también?

Por eso, a nadie de los que conocemos el medio de los derechos humanos en México sorprende que el nuevo Ombudsman nacional no sea otra cosa que el desafortunado resultado de aquello que impera en nuestro país: simulación y complicidad.

m.alvarezledesma@yahoo.com.mx