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  En nuestro país, alrededor del 2% de la población nacional hoy experimenta vivencias esperadas y no deseadas, propias del endurecimiento de las sanciones penales y la conocida dinámica al interior de las cárceles, como resultado de diferentes causas y sus efectos.

En los últimos años, la detención de quienes infringen la ley y sus procesos penales es considerada por especialistas en el tema de cifras históricas a nivel nacional; la población penitenciaria es de 230 mil internos y unos 130 mil con el beneficio de preliberación, más los familiares directamente relacionados. Cerremos la cifra total en dos millones y medio de personas, un segmento que bajo la óptica de los derechos humanos requiere de acciones focalizadas, por los diferentes requerimientos implícitos de cada uno de los tres conjuntos (internos, preliberados y familiares); nótese que no incluimos a quienes han cumplido su sentencia. Recuerdo la cifra de un experto criminólogo, que refiere que más de un millón de personas han "pisado" cárcel en los últimos diez años.

Recuento de la situación actual. El perfil de la población de los 230 mil: de 18 a 30 años, aproximadamente un 68 por ciento; de 31 a 40 años, 26 por ciento; mayores de 40 años un 6 por ciento. De los delitos: Patrimoniales, 55 por ciento (más de la mitad con importe de lo robado menor a dos mil pesos); ilícitos federales, 54 mil personas (5 mil mujeres, poco visitadas en reclusión por sus familiares); los delitos contra la vida, sexuales y demás. La infraestructura física: 92 prisiones municipales, 333 estatales y 7 federales. Del potencial humano destacan las largas jornadas de trabajo bajo presión; de la tecnología predominan los registros mecánicos de fotos y huellas; la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, cercana a los 40 años (publicada el 19 de mayo de 1971); el activo penitenciario mas valioso... la visita familiar con su código de regla de oro: "adminístrese con alto acierto profesional", y en forma recurrente movimientos de desestabilización en el interior de las cárceles por diversos motivos violentos y no violentos. ¿El tratamiento técnico y la reinserción social?

Podría ser un exceso de optimismo personal para 2010 en tiempos de crisis económica, bajos recursos presupuestales y consenso de prioridades nacionales. Sin embargo, visualicemos un escenario previsible con los primeros pasos del fortalecimiento del sistema penitenciario en su función de reinserción social.

Los objetivos están alineados, analicemos a los principales participantes: Un Programa Nacional de Seguridad Publica 2008-2012, que pretende recuperar el sentido original del sistema penitenciario; la recién integrada Comisión de Seguridad Publica de la Cámara de Diputados, con una iniciativa de proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Reinserción Social para reglamentar el articulo 18 de nuestra Constitución; el gobierno aumenta 35% en 2009 la partida para combatir y prevenir delitos; Presidencia fija prioridades presupuestales para 2010 en seguridad, educación, salud, infraestructura y recuperación económica; el Senado cabildea y apoya con visión estratégica; los estados y municipios con creciente participación.

Nuestra visualización 2010: Se inicia la ampliación de la infraestructura física nacional con inversión pública y privada, sistema de información biométrico, acciones de reformulación del sistema penitenciario que procure la reinserción social a partir de políticas públicas en los tres ámbitos de gobierno con alto rendimiento del tratamiento técnico.

hazael.ruiz@hotmail.com