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  Al inicio de esta semana, se dio a conocer el Informe de las Finanzas Públicas que corresponde al tercer trimestre de este año. Allí se consigna, que en cuanto a los recursos asignados por rubros generales, el que corresponde al de seguridad pública, incluyendo a las Secretarías de la Defensa Nacional y Armada de México, fue superior al gasto destinado a la política social.

El porcentaje se fija en un muy alto 35 por ciento de diferencia, lo que indica qué tanto y qué certeza tiene el Gobierno de la República respecto de su estrategia. Este formidable aumento respecto del que se destina a obras y políticas sociales, abre una fuerte y profunda duda respecto también, del proyecto de nación y servicios sociales que el Estado mexicano debe y tiene que cumplir para con la población. No hay duda, estamos frente a un indicador que nos señala que algo está equivocado en la política no sólo fiscal, sino en el conjunto de la política económica.

Partamos de la siguiente afirmación: un Estado fuerte, es consecuencia de la acción de una sociedad fuerte, organizada, participativa, pero sobre todo, educada. Un Estado débil en cuanto a su capacidad para aplicar la ley y también mantener una razonable expectativa de vida, es consecuencia de una sociedad inmadura y con bajos niveles de conciencia cívica y ciudadana. La responsabilidad primaria en cuanto a la apropiada conducción de los asuntos públicos corresponde al Gobierno y a sus funcionarios. Por su parte, la misma sociedad debe, mediante procedimientos establecidos, ejercer la presión adecuada para que las respuestas a las expectativas puedan ser cubiertas en un plazo razonable.

No hay magia. Una sociedad participativa, denota familias también activas. Por lo tanto, al observar realidades de otros países, encontramos que tanto la agilidad en las respuestas por parte de los Gobiernos así como la capacidad y competencia ciudadana, entendida como cualidad para discernir, genera un ambiente en donde todos ganamos. Pero estos datos aquí comentados, impactan por la rudeza con la que el Gobierno pretende enfrentar o corregir un problema que es una evidencia de las disfunciones en otras y múltiples áreas que nada tienen que ver con la aplicación de la ley. Tiene que ver, eso sí, con la educación, el civismo, el respeto al medio ambiente.

De confirmarse y aprobarse el planteamiento hecho por el Gobierno federal en su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, resultará incomprensible el proyecto de política económica (mucho más que una simple política fiscal), pues el incremento a los impuestos irá destinado a establecer condiciones para el control y no para la promoción de la educación y la cultura. No hay duda de que es un serio problema la seguridad pública, pero más aún lo será una sociedad condenada a la ignorancia, la incompetencia y la frustración.

Llegó el momento de plantearnos la pregunta fundamental: ¿qué país queremos? E incluso ¿cómo queremos alcanzar ese país? Por las evidencias, los presupuestos y la tendencia en las decisiones del Gobierno indican, que la aplicación de políticas restrictivas en lo económico, también lo serán en lo social. No hay conexión entre las acciones, los argumentos ni menos aún entre el perfil de los funcionarios. Pero esto también puede extenderse al insustancial debate político del país en donde las agendas apuntan al 2012 ¿qué sociedad quiere heredar este Gobierno? Y quienes aspiran a suceder al presidente de la República ¿qué clase de sociedad van a gobernar?

Llegó el momento de revisar, si es que los hay, el proyecto y sus prioridades. Las tensiones bajo las que nuestra y otras naciones han observado y observarán, no puede ser un argumento serio relanzar un proyecto de nación. Hay acuerdos y objetivos por encima de las diferencias, los cuales sólo tienen que ver con la calidad de vida, con el acceso a la justicia y con la responsabilidad de la clase política y la dirigente en general.