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  * Se agudiza el encono social y crecen los posibles estallidos

* Desde el gobierno se provoca al pueblo, en lugar de calmarlo

* Cada mexicano aportará 12 mil pesos para salario de burócratas

La extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y el debate legislativo para recaudar más ingresos sin perjudicar a los hombres del dinero y empobreciendo aún más al pueblo, fueron los escándalos mediáticos que impidieron escuchar las advertencias del encrespamiento social.

Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado miércoles 21 advirtió que en la región hay grupos que insisten en un levantamiento armado, como el ocurrido en 1994 encabezado por el EZLN, pero con paramilitares mejor preparados y muy bien armados.

El jerarca católico se mostró preocupado porque el pasado 11 de octubre (horas antes de anunciarse la desaparición de LyFC), la Procuraduría estatal detuvo, entre los municipios de Frontera Comalapa y Comitán, a tres personas que, durante el interrogatorio, afirmaron haber sido adiestrados en Guatemala en técnicas de arme y desarme similares a las utilizadas por los kaibiles (soldados del ejército guatemalteco).

Los presuntos guerrilleros revelaron la ubicación de un rancho donde fueron decomisadas 306 granadas personales, 28 pistolas calibre .40 milímetros, 22 granadas de fusil antipersonal, cuatro cargas de alto explosivo, ocho cuerpos útiles con carga propulsora, una ametralladora calibre 7.62 x 51 (Barret), 18 fusiles de asalto tipo AK-47, 21 fusiles tipo AR-15, uno calibre .9 milímetros, cinco pistolas calibres .38 Super, .45 y .9 milímetros.

0Además del armamento, la Procuraduría estatal encontró 17 mil 212 cartuchos útiles de diferentes tamaños, radios portátiles, fornituras y chalecos antibalas, nueve vehículos, entre ellos uno blindado y acondicionado como tanqueta, un remolque y dos caballos

Una semana antes, en la comunidad Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, los agentes chiapanecos catearon la casa del indígena tzotzil Mariano Jiménez Pérez, donde encontraron un lanzagranadas calibre .38 milímetros, 17 rifles calibre .22 milímetros, tres fusiles AK-47, cuatro escopetas, 17 escuadras de diversos calibres, siete armas tipo revólver, cuatro armas largas de aire, 3 mil 347 cartuchos útiles, 44 cargadores para diversos artefactos y 15 mil pesos en efectivo.

Previo al inicio del movimiento armado de 1994, San Cristóbal de las Casas y Chenalhó fueron las principales regiones donde el "subcomandante Marcos" reclutó a decenas de indígenas inconformes con la injusticia y el olvido gubernamental.

La precariedad en que viven miles de familias en Chiapas (y en todo el país), aunados a la desesperación en las comunidades por abandonar la miseria y el hambre, los convierte en presas fáciles lo mismo de supuestos líderes guerrilleros (que terminan por vender los idearios de la supuesta revolución) que de narcotraficantes.

* EL PRESIDENTE PROVOCA EL ENCONO

Antes que Felipe Arizmendi advirtiera de posibles movimientos insurrectos en Chiapas, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se decía preocupado por el enojo de varios sectores en la sociedad.

El 15 de octubre, Narro Robles señaló: "Tenemos en el país un asunto pendiente muy grave, que pasa por los temas de justicia social. Soy de los que creen que estamos muy cerca de una crisis social, a mí no me gustaría verla, pero hay muchos elementos que así lo confirman."

Para el rector de la máxima casa de estudios, varios de los conflictos sociales son provocados por el Gobierno de la República al imponer y decretar acciones que ponen en riesgo la débil paz social, como fue la extinción (de la noche a la mañana) de Luz y Fuerza del Centro, porque desempleó a 44 mil 700 electricistas, lo que provocó el enojo de miles de familias que resultaron afectadas.

La decisión presidencial "es un elemento más que se suma al complejo y delicado panorama de inestabilidad", porque lo mismo ocurrirá cuando llegue el momento de despedir a los empleados de las secretarías de la Reforma Agraria, Turismo y de la Función Pública.

No hay pueblo que resista el hambre, el desempleo, la inseguridad, injusticias, las enfermedades o falta de oportunidades educativas. Ni tampoco que soporte a un gobierno incapaz de implementar programas sociales sustentables y transexenales, donde sus gobernantes y legisladores sólo pretenden más ingresos cobrando impuestos a los más pobres y protegiendo a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores y a los sectores empresarial y clerical, que no pagan gravámenes.

De acuerdo con los sociólogos, las revoluciones las pelea el pueblo en las calles pero se fraguan en las universidades. Narro Robles advirtió que entre los estudiantes de la UNAM prevalece el enojo por la falta de oportunidades laborales a los universitarios y aumenta el descontento contra el gobierno inversamente proporcional a la falta de fuentes de trabajo.

Durante una reunión con diputados priístas el pasado 10 de octubre, José Narro entregó unas cifras a los legisladores que resultan alarmantes. De 33 millones 774 mil jóvenes, al menos siete millones y medio no acuden a la escuela o están en el paro, y reconoció que en México "ni crecemos ni vivimos mejor."

El tráfico ilegal de armas, la inseguridad, la corrupción, el encono social, el desempleo y el hambre son factores que definirán el futuro de México a corto plazo. Los factores negativos se incrementan y las soluciones aún no aparecen.

Con las modificaciones al régimen fiscal que proponen los partidos políticos en el Congreso, el próximo año se acrecentará la brecha socioeconómica de los mexicanos, porque un trabajador formal con un salario mensual de 10 mil pesos aportará a la hacienda pública mil 37 pesos, sólo por concepto del 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta.

Además del aumento del ISR, los mexicanos deberán pagar el 16 por ciento, y no el 15 como ocurre actualmente, de IVA al consumo. Sin duda, la única opción será comprar en el comercio informal, robado, de contrabando o apócrifo y que no tributa ante Hacienda.

Pero también los vendedores informales y pequeños comerciantes serán castigados por el Gobierno de la República, porque el Impuesto a Depósitos bancarios en Efectivo (implementado supuestamente para combatir el lavado de dinero) aplicable desde este año, en 2010 aumentará del dos al tres por ciento. Actualmente se aplica sobre montos superiores a 25 mil pesos y a partir del 2010 será desde 15 mil.

El próximo año, cada uno de los 107 millones de mexicanos deberá aportar 12 mil 149 pesos para cubrir salarios y gastos de cuatro millones de burócratas (incluidos legisladores, magistrados, secretarios de Estado, gobernadores, etcétera).

* POLÍTICOS MEXICANOS SON LOS MEJOR PAGADOS

El impacto de mayores impuestos no afectará a los funcionarios públicos porque están exentos y, además, perciben suculentos salarios, pagados por el pueblo. Un diputado gana mensualmente 77 mil 745 pesos más 45 mil 786 por "asistencia legislativa" y 28 mil 772 para "la atención ciudadana", que en total suman 152 mil 303.

Un senador devenga 126 mil pesos al mes, además de otras partidas si pertenecen a alguna comisión. El presidente Calderón tiene un sueldo de 40 mil 766 pesos y una "compensación garantizada" de 167 mil 804 que suman 208 mil 647.

Cada secretario de Estado tiene un salario mensual de 144 mil pesos; un consejero del IFE, 179 mil 51 pesos; y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, entre prestaciones y sueldo, se echa a la cartera 347 mil 400 pesos.

El mexicano es el pueblo que mejor paga a sus gobernantes. Pero también es en donde los funcionarios más incumplen sus obligaciones.

Como ejemplo está el caso del secretario de Salud, José Córdova Villalobos, que el pasado martes calculó en 350 el número de muertes a causa de la influenza AH1N1, debido "al rezago que hay en la confirmación de fallecimientos en los últimos tres meses", por lo que las cifras que se manejan son poco confiables.

De igual manera, a los políticos les resulta difícil rendir cuentas del dinero público. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los gobernadores y legisladores disponen de 12 meses después de haber terminado el año fiscal para presentar auditada su información.

Esa tardanza burocrática, además de permitir evasión, fugas de recursos y gastos injustificables, ocasiona que el presupuesto anual carezca "de una visión a largo plazo", de acuerdo con el organismo internacional, porque no se sabe si lo erogado cumplió su objetivo o no.

En los parlamentos y congresos de las naciones del primer mundo la hacienda fiscal, los gravámenes y toda la carga impositiva se discutió casi desde su fundación. Sólo sufren pequeñas modificaciones que las adecuan a su tiempo.

En México, cada año se discute de dónde obtener más recursos para seguir explotando al pueblo, porque durante décadas se dependió del petróleo, las remesas y el turismo. Ahora, ninguna de las tres es suficiente.

El hilo de la cuerda que sostiene la paz cada vez es más delgado y los gobernantes se empecinan en sobrecargarlo más. Nadie sabe cuándo pueda romperse.

* DE MALAS Y PEORES

Roque González, alcalde suplente panista de Cuernavaca, Morelos, que fungió como tal de abril pasado y que hoy concluye su mandato, es un pillo de siete suelas, porque sin autorización de nadie, ni ley orgánica que lo permita, se dio un bono de partida por un millón 800 mil pesos. Otros 10 funcionarios de esa administración panista se entregaron 300 mil pesos. En total erogaron cuatro millones 800 mil pesos. Un atraco contra las arcas del pueblo cuernavaquense, cuya ciudad está echa una ruina, sus barrancos convertidos en basureros y las calles llenas de baches. La alcaldía dejó deudas aún incuantificables. Mañana que rinde protesta como nuevo presidente municipal Manuel Martínez Garrigos, el priísta que arrasó en las elecciones el pasado 5 de julio, tendrá la obligación ciudadana de fincar responsabilidades penales a esa pandilla de saqueadores que encabezó el panista Roque González. *** El 9 de septiembre, al acudir a San Lázaro a entregar el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Egresos, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens propuso gravar con el dos por ciento el consumo generalizado (incluidos medicamentos y alimentos), al que llamó "Contribución al Combate a la Pobreza", el cual, según el funcionario, sería "un impuesto que está inspirado por el deseo del señor Presidente para contar con recursos confiables que no estén sujetos a las variaciones tan drásticas que hemos observado en el precio del petróleo para darle continuidad al combate a la pobreza..." El miércoles pasado, Felipe Calderón cambió de opinión al declarar que "todos los mexicanos, excepto los más pobres, deben colaborar con la hacienda pública." Lo que el país requiere es que el cien por ciento de los ciudadanos cumpla con sus obligaciones hacendarias. Falta congruencia en todos los niveles de gobierno.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

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