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  De no haberse polarizado el debate sobre la política fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus réplicas, en estos días en el Senado de la República, se habría integrado la terna para designar al sucesor de José Luis Soberanes en la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un cargo que implica en buena parte, la percepción respecto de la solidez de la democracia mexicana.

La razón para semejante planteamiento, radica en que si se observan otros y recientes nombramientos cuya propuesta viene del Poder Ejecutivo, la neutralidad ha sido la principal damnificada en esas designaciones. Exconsejeros electorales, exfuncionarias, despachando en áreas de alta sensibilidad política y que en forma alguna podrían ser referencia de imparcialidad o al menos de transparencia. Ni hablar de los formalmente integrados en el gabinete. Por eso, la designación del próximo presidente de la CNDH tiene un faltante que cubrir en aras de un real fortalecimiento institucional.

De persistir los citados criterios de cercanía antes que los de proyecto de nación; de preferir los lazos personales a la capacidad, se seguirá actuando de forma distante respecto de los principios de la República y del sentido de responsabilidad política. La dinámica en la que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas en el tema de los derechos humanos, requiere una reflexión mesurada y por tanto, alejada de las visiones de inmediatez y de grupo. La confrontación al narcotráfico ha implicado una ampliación en las tareas cotidianas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Armada de México. Eso ya se sabe, pero poco conocemos de los avances en materia legal para darle cobertura a sus acciones en la medida en que los elementos que les integran, quedan expuestos a situaciones complejas y de peligro para desarrollar y cumplir sus cometidos. Aún espera turno de discusión en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.

La presidencia de la CNDH, sin duda que es una posición de relevancia, sobre todo cuando las quejas sobre supuestas o reales violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, han comenzado a aumentar. Esto se comprueba en lo que va de este año, pues la cifra que recursos interpuestos ante la CNDH en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, rebasa los 450. También se saben de varias quejas en contra de la Secretaría de Marina. Reconocer lo derechos humanos como base de la democracia mexicana, representa también valorar los compromisos de las Fuerzas Armadas, también en un ambiente de democracia.

Hay que considerar, que como sucede en cualquier conflicto en curso, los mandos operativos, es decir, lo responsables en el terreno de las acciones militares, se ven implicados en una compleja situación para salvaguardar los derechos humanos y al mismo tiempo, cumplir con su cometido. Distinguir una tenue y sensible distinción ha llevado a que en no pocas ocasiones, algunas acciones se ven frenadas ante la hipotética situación de futuras quejas de violaciones a derechos humanos y que con el tiempo, pueden evolucionar en demandas de carácter penal. A esto hay que agregar, que en breve y luego del nombramiento, se reiniciará el debate en torno al fuero de guerra. Pero de eso nos ocuparemos en otra ocasión.

Debemos tomar en consideración, que ante la serie de acciones y exigencias por parte de la autoridad civil a las integrantes de las Fuerzas Armadas en cuanto al combate al narcotráfico, es la ocasión para un perceptible incremento en cuanto a su acción política. La influencia ganada, es lógica y consecuente con la diversidad de operaciones y recursos desplegados por todo el país. Es de suponer que tanto el General Galván como el Almirante Saynez, opinaran respecto del perfil del próximo presidente de la CNDH. Por lo menos, eso sería una cortesía a la lealtad que han demostrado a la República.

javierolivaposada@gmail.com