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  * El Senado paralizado por falta de consensos en el presupuesto

* Cada partido protege sus intereses y se olvida del pueblo

* El PAN desvió el repudio popular hacia los priístas

El Presupuesto de Ingresos y la Ley de Egresos mantiene tan ocupados a los senadores que fueron incapaces de acordar la terna de candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debieron presentar ante el pleno el martes pasado.

Según algunos malintencionados ajenos al proceso, los integrantes de la comisión que decidirá a los tres aspirantes no sólo tienen lista la tercia sino que también ya acordaron al sucesor de José Luis Soberanes. Sólo que, para evitar sospechas, no herir susceptibilidades de los derrotados y para que cada partido pueda negociar el nombramiento a cambio de votos a favor o en contra del presupuesto del 2010, pidieron aplazar el anuncio, posiblemente para este viernes y que el pleno del Senado lo vote antes del 6 de noviembre.

Lo que pretende esa runfla de ineptos legisladores es desacreditar a quienes tienen posibilidades reales de presidir tan importante organismo, al través de los medios de comunicación panegiristas de Los Pinos, y, en lugar de que sea nombrado un personaje honorable como encargado de defender los derechos humanos, consigan imponer a su corifeo.

La violencia en las calles, el lento desarrollo del país, los altos niveles de marginalidad, la iniquidad en la impartición de justicia, los abusos de las autoridades, el hambre y el desempleo que se agravaron en la última década, convirtieron a la CNDH y a su presidente en piezas claves de la vida democrática de la Nación.

Los senadores, dirigidos por Rosario Ybarra de Piedra, buscan a una persona que reúna conocimientos en la materia, valor para enfrentar a las policías y militares y probidad que avale su trabajo. La búsqueda no es fácil y la lista de 27 aspirantes deberá reducirse a tres.

Entre los contendientes que analizan los legisladores para integrar la terna están los nombres de Emilio Álvarez Icaza, Javier Moctezuma Barragán, Ricardo Sepúlveda, Mauricio Farah, Raúl Plasencia y Gerardo Laveaga.

Mientras la comisión de Derechos Humanos se pone de acuerdo en sus instalaciones de la Torre del Caballito, en la vieja casona de Xicoténcatl los senadores de cada partido pretenden imponer sus intereses en el presupuesto del año próximo. Proponen más impuestos pero rehuyen asumir el costo político que acarreará tan injusta medida.

El panismo intenta asegurar más recursos al Gobierno de la República; los priístas buscan mayores presupuestos para los estados que gobiernan y los perredistas defienden el dinero de su principal bastión: la Ciudad de México.

Lamentablemente, el PRI se unió al PAN en la agresión impositiva contra el pueblo, por lo que el tricolor ya puede despedirse de la presidencia en el 2012, aunque aún está a tiempo de asumir valientemente su postura de oposición. Hasta ahora los priístas han sido incapaces de asimilar su papel en el Congreso.

Para solucionar la crisis de 1995, cuando el Revolucionario Institucional tenía el poder hegemónico, Ernesto Zedillo obligó a los diputados de su partido, que aún eran mayoría absoluta, a votar a favor de aumentar el IVA de 10 a 15 por ciento.

La decisión de la administración zedillista de subir el gravamen al consumo, no sólo empobreció a más del 25 por ciento de la población, (que en aquellos días apenas rebasaba los 90 millones), sino que también sirvió de argumento al PAN-Foxismo para echarlos de Los Pinos cinco años más tarde.

Ni PRI ni PAN aprendieron de ese error. Ahora, cuando el poder adquisitivo disminuyó, el desempleo aumenta mensualmente, prevalece el rezago salarial y no se sabe cuándo terminará la crisis económica y financiera mundial, ambos partidos se unen para subir un punto porcentual al IVA.

Los mexicanos rechazan más gravámenes porque lo recaudado sólo se destina al gasto corriente (salarios de la alta burocracia, mayor andamiaje gubernamental, lujos, etcétera) y jamás se traduce en mejoras al nivel de vida de los trabajadores o de su comunidad.

César Nava, diputado y líder nacional panista, culpó a los priístas de la propuesta de aumentar el IVA del 15 al 16 por ciento. La acusación dividió a los legisladores del PRI, tanto en el Congreso como entre los gobernadores.

Aunque fue el Gobierno de la República, al través de la Secretaría de Hacienda, quienes enquistaron en el presupuesto un mayor gravamen al consumo que afectará a los más pobres, Calderón, Carstens, Gómez Mont y Nava consiguieron desviar el rechazo de los mexicanos hacia los priístas.

Aún faltan más de dos años para las elecciones de 2012. De nada servirá que, actualmente, el PRI gobierne a más de la mitad de mexicanos, porque el PAN podría fraguar una elección de Estado, ante la cual nada podrían hacer.

Beatriz Paredes y sus correligionarios tienen que aprender a ser oposición, cuidarse las espaldas y a enfrentar unidos a sus adversarios. De lo contrario, cualquier golpe mediático o malas decisiones de los legisladores en el Congreso los desestabilizará y dejará mal situados ante los electores.

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