Opinión / Columna
 
Mario I. Alvarez Ledesma 
La confianza en el derecho (El Peso de la Pluma)
Organización Editorial Mexicana
27 de octubre de 2009

  Uno de los elementos más difíciles de construir en una sociedad democrática es su estado de derecho y lo es precisamente porque la ley y, en general, el ordenamiento jurídico constituye la pieza central, el apoyo y la palanca en que se construye todo el entramado social y se asegura el desarrollo. No exagero.

Cuando el estado de derecho falla, cuando las normas jurídicas no constituyen el argumento basal que legitima el actuar del poder y de los ciudadanos, el primero y los últimos suelen resultar gravemente perjudicados. El primero, porque perdería legitimidad, a saber, la justificación de su origen y su ejercicio; los segundos, porque sin el Derecho como escudo y herramienta de triunfo social, las facultades, las obligaciones y el ejercicio de las libertades resulta prácticamente imposible, una quimera. No miento.

Basta repasar lo que ha sucedido en América Latina en general y en México en lo particular, donde el Derecho se ha convertido no en un límite al poder, sino en un instrumento manipulable de dictaduras y de fanatismos, porque el abuso también suele justificarse en el Derecho, en el Derecho de Estado que genera legalidad pero no justicia. Me explico.

Para que el Derecho no pierda su rumbo, no contamine su función siempre ha de estar condicionado por la justicia. Esto es lo que algunos iusfilósofos llaman el criterio de corrección, que no es otra cosa que el espíritu crítico de esa dupla inseparable, derecho-justicia, que hace posible una actitud de análisis constante que no puede justificar -aceptar como justo, precisamente- cualquier clase de norma o de mandato proveniente del Estado. Esa es la diferencia que distancia al simple leguleyo del jurista, este último no sólo está preocupado por el respeto de la ley, sino por la búsqueda de la justicia.

Henry David Thoreau, uno de los filósofos norteamericanos, más respetados por mí, a propósito de lo anterior, decía: "(...) Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo". Entonces, un Derecho que se halla imbuido por el espíritu crítico, esto es, por la búsqueda de la justicia, errará por excepción no por regla y contendrá en su propio seno las herramientas para llevar a cabo la corrección que proceda, restablecer la equidad, el equilibrio, en suma, acceder a la justicia.

El que el Derecho contenga en sí los criterios de corrección implica que aquél contemple siempre una finalidad que le dé sentido, que oriente su actuar, que corrija, como decíamos antes, sus naturales y humanas desviaciones, tales paradigmas de certidumbre y de justicia son los valores que el Derecho pretende realizar. Por eso, el grado de justicia de un Derecho está dado por la medida de los valores que persigue y que le marcan un horizonte de certidumbre y evitan se convierta en instrumento de la opresión, de la mentira, del abuso del poder, de la ganancia absurda y los privilegios para unos pocos a cambio de la miseria de la gran mayoría. Los juristas verdaderos sirven a la justicia, los leguleyos venden su alma al diablo.

Uno de los criterios con lo que se busca orientar al Derecho está constituido por los derechos humanos, lo que explica que éstos sean considerados un criterio de justicia. Ello explica también la necesaria relación, mejor dicho, la determinante relación entre el Derecho y los derechos humanos. El primero sin los segundos puede desviar su funcionamiento, errar su aplicación y sus interpretaciones, en resumen, hacerse injusto. Los segundos sin el primero se quedan en mero propósito de corrección, ética, moralidad aislada con altas probabilidades de no trascender a la solución de los problemas prácticos que la realidad presenta.

Todas las anteriores son precisamente las razones por las que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien sea que resulte su nuevo titular, debe recuperar su condición de ente jurídico por principio y excelencia. De otro modo, la CNDH corre el riesgo de seguir siendo una ineficiente caja de resonancia política, escudada o seudo justificada en la manipulación del buen nombre de los derechos humanos. Porque el escándalo y el ruido político nunca han sido buen espacio en el que puede gestarse la silenciosa eficacia de la justicia.

El peso de la pluma

m.alvarezledesma@yahoo.com.mx
 
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