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  A Francisco Rodríguez,

con mi solidaridad y afecto

La semana que recién terminó se aprobó, en la Cámara de Diputados, el Presupuesto de Ingresos para 2010, que incluye alzas de impuestos y descarta el tributo del 2 por ciento al consumo propuesto por el Gobierno federal para combatir la pobreza.

De esta forma, y como ya es del dominio público, los legisladores determinaron, entre otras medidas, que en conjunto se constituyen en una agresiva política impositiva elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 16 por ciento, además de incrementar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 28 al 30 por ciento.

Lo anterior, bajo el argumento de captar los recursos que se requiere con urgencia para mantener la sustentabilidad de las finanzas públicas, tan golpeadas por los efectos de la problemática económica que atraviesa actualmente el país.

Sin embargo, una vez más el costo de la crisis y la mayor carga fiscal para el año entrante recaerá sobre los mismos de siempre: los consumidores y los causantes cautivos. Quedaron de nueva cuenta pendientes medidas como la ampliación de la base de contribuyentes y el combate a la elusión y evasión tributarias.

Pero así como se puede hablar de que los perdedores con el paquete económico aprobado serán, otra vez, los mexicanos de menores ingresos, también desde ahora se puede afirmar que los grandes triunfadores son los gobernadores, quienes de manera directa con sus negociaciones con el Gobierno federal y el apoyo de los diputados que lograron colocar en San Lázaro, tendrán el próximo año un monto muy importante de recursos económicos adicionales.

Tan sólo por concepto del incremento al IVA, las entidades federativas tendrán alrededor de 40 mil millones de pesos para impulsar obras de infraestructura. El dinero provendrá, claro está, del bolsillo de los consumidores, quienes verán mermado su ingreso no sólo por el gravamen, sino por la cadena de aumentos asociados a la nueva tasa.

La pregunta obligada en este sentido es saber en qué gastarán ese dinero los mandatarios estatales, habida cuenta que también la pasada Legislatura del Congreso de la Unión les otorgó un presupuesto histórico para impulsar su desarrollo.

A pesar de la poca claridad con que fueron utilizados muchos de esos recursos en 2009, los mismos gobernantes justifican las nuevas presiones que ejercieron para obtener más participaciones federales, con el peligro de una parálisis que amenazaba a sus administraciones, principalmente por el recorte sufrido por la caída de los precios internacionales del petróleo.

Habrá que esperar ahora si en realidad los mandatarios cumplen en beneficio de sus gobernados, máxime que incidieron en forma definitiva para echar abajo la propuesta del 2 por ciento al consumo, la cual con todo e inconvenientes se suponía estaba destinada a combatir la pobreza.

De ahí que no son pocos los que dudan de la buena voluntad de los gobernadores, sobre todo a sabiendas de que el año próximo habrá elecciones en diferentes estados del país y, por ende, podrían caer en la tentación de utilizar recursos para lucirse ante el electorado y empujar a candidatos y partidos de su preferencia.

Ante ese panorama general, el debate político que debió presentarse entre los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, fue sustituido por toda clase de arreglos económicos que hicieron posible los acuerdos y la construcción de la mayoría parlamentaria que votó a favor de castigar a los contribuyentes y a las empresas del país con un aumento de impuestos, creación de nuevos gravámenes y endurecimiento del sistema fiscal.

Por lo tanto, en la Cámara de Diputados se apostó por una agresiva política impositiva, cuyo principal objetivo es rescatar las finanzas públicas en el mediano plazo, en detrimento de una estrategia que busque impulsar el desarrollo económico del país.

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