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  El pasado viernes 16, la Secretaría de Salud dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008. En ese documento, como en años anteriores, se da cuenta de la situación respecto de los efectos y consecuencias tanto de las campañas de prevención al consumo de drogas y substancias legales e ilegales. Se trata de una herramienta, aún desconociendo la ventana metodológica de la encuesta, de mucha utilidad y de referencia en tanto que se trata de un punto de apoyo para la creación, corrección y ajuste en la materia.

La certeza de que el alcoholismo sigue siendo la principal adicción, nos remite a una serie de consideraciones en donde trabajadores sociales y psicólogos han llegado a la conclusión de que en los segmentos poblacionales jóvenes, el consumo inmoderado de alcohol, es la puerta de ingreso para el consumo de substancias prohibidas. Una adicción, conduce a otra. Si bien es cierto que el universo encuestado es de 15 a 65 años, los jóvenes, por ser la proyección del país y la sociedad misma, concentran la atención de los análisis.

Por otra parte, no está de más repetirlo, que el alcoholismo sigue siendo un verdadero problema de salud pública y sus efectos respecto de graves problemas como la violencia intrafamiliar, accidentes en el trabajo y de tránsito, así como los problemas cognitivos que su abuso significa, debe preocupar y mucho a la sociedad en general y desde luego a los ámbitos de Gobierno. La cifra es de casi el 38 por ciento de alcohólicos respecto de quienes declararon alguna adicción. Estudios internacionales, como los de la Organización Mundial de Salud, refieren que en el renglón económico los daños producidos por accidentes y gastos de recuperación de los pacientes vinculados a este padecimiento, representan en algunos casos latinoamericanos, hasta la mitad de presupuesto para otros servicios sociales como campaña de vacunación o de alfabetización.

Mención a parte son los datos respecto del consumo de la mariguana y la cocaína, en el primer caso pasó del 3.5 por ciento a 4.2 por ciento entre 2002 y 2008. En tanto que la cocaína, duplicó, en el mismo periodo el número de adictos al pasar del 1.2 por ciento al 2.4 por ciento. En el dato de la Encuesta Nacional respecto de que por cada adicto que había en 1988 hoy hay 7.87, es un referente a la vez que alarmante, un factor para analizar de fondo las respuestas jurídicas y policiales aplicadas hasta el momento. La actitud correctiva, no ha dejado el paso a propuestas preventivas. En términos relativos puede argumentarse que se tratan de porcentajes bajos, pero sin duda, el universo de consumidores de estas dos drogas es mucho mayor. Sobre todo si se consideran la disposición de una persona en una encuesta a responder de manera afirmativa su padecimiento, lo que implicaría a su vez, reconocerlo.

Con esos datos, es muy importante preguntarnos si la confrontación tal y como se ha venido desarrollando en el país como vía privilegiada para hacerle frente al narcotráfico, no requiere de una reorientación de fondo. Esto de ninguna forma implica renunciar a las acciones llevadas hasta el momento. En todo caso, en cuanto a presupuesto, destinar más recursos a la prevención y no sólo darle prioridad a la persecución. Véase el incremento constante y sin comparación reciente, de los presupuestos anuales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De lo que se trata, es de ampliar la forma de tratar el tema. Es decir, asumirlo como un asunto de salud pública, con posibilidades para caracterizarlo como padecimiento crónico, ante lo cual hay que tomar otras decisiones. La persecución, en vez de la prevención y mejores políticas sociales, no ha dado buenos resultados, ni tampoco ha representado un antídoto efectivo al constante incremento de adictos ante las sustancias legales e ilegales. El narcotráfico es un negocio que se realiza a partir de que hay consumidores.

javierolivaposada@gmail.com