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  Agradezco en mucho todos los correos electrónicos que he recibido por razón de mi candidatura a la titularidad de la CNDH. Y los agradezco porque sé que en éstos no hay otro interés que no sea la auténtica alegría que a mis amigos y a las personas que confían en mí les provoca, precisamente, verme involucrado en este proceso. A ellos y al resto de mis lectores de todo el país -porque he de festejar que dichos correos provengan de las diferentes latitudes de México donde, gracias a los "Soles", se publica "El peso de la pluma"- debo una explicación más puntual, la misma que en esencia habré dado en mi comparecencia ante las Comisiones del Senado de la República, el lunes 19 de octubre, precisamente el día anterior en el que aparecerá publicado este artículo.

Para empezar debo, con su venia, hacer una alusión a mi historia personal: en 1985, el año de aquel terrible terremoto que asoló a nuestra Ciudad de México, me recibí como abogado sustentando la tesis: "Los derechos humanos, su Declaración Universal y la relación que guardan con el Estado". Por entonces los derechos humanos eran objeto de curiosidad por su rareza y en ellos me inició mi muy querido maestro: el Dr. Juan Luis González Alcántara. Pues bien, fui leyendo su trabajo y con su impulso me animé a realizar una tesis sobre este tema que, en México, había sido olvidado por varias causas. Era tal la novedad de la materia que cuando tuvo que decidirse a qué Seminario de la Facultad de Derecho de la UNAM debía remitirse para su revisión dicha tesis, surgió la discusión de si habría de radicársele en el de Derecho constitucional, en el de internacional o, de plano, en el de Filosofía del Derecho. Pues sí, la tesis daba, por razón de su tema, para los tres. Finalmente, se tomó la decisión de enviarla a este último, donde su titular, el maestro Preciado Hernández, personaje imprescindible en el desarrollo del iusnaturalismo mexicano, me recibió con un comentario que nunca olvidaré: "¡Vaya! -dijo- Por fin, una tesis sobre derechos humanos después de veinticinco años de haber visto la última".

Hoy, a casi veinticinco años, pero de mi iniciación en la materia, heme aquí preocupado y ocupado todavía por este criterio de justicia, en cuyo territorio teórico y práctico he bregado en este país y en el extranjero, estudiando y dando la batalla por su reconocimiento pleno y por su vigencia. Lo he hecho con modestia intelectual porque sé de su complejidad filosófica, de las dificultades políticas para su vigencia y de los obstáculos técnicos y fácticos para su realización jurídica.

Sé también, después de todo este tiempo, que un defensor de derechos humanos, desde la posición que le toque jugar, desde el Estado o desde la sociedad civil organizada, debe actuar con convicción y con compromiso auténticos y, por ende, no debe medrar de los derechos humanos para obtener ventajas personales que lo descalificarían para realizar su función al privarlo, precisamente, de su autoridad moral. Ése es el costo de las prebendas y los innombrables acuerdos.

Sé que la defensa de los derechos humanos requiere de dos condiciones que, desafortunadamente, no siempre caminan paralelas, a saber: congruencia y conocimiento. Congruencia, porque la defensa y promoción de los derechos humanos demandan un respeto permanente a la dignidad de los demás, sea en el ámbito tanto personal como público, exigiendo al mismo tiempo de los otros que cada uno asuma a cabalidad su responsabilidad. Conocimiento, porque la defensa de los derechos humanos, si bien debe hacerse con pasión, no puede fructificar sin un profundo conocimiento teórico y práctico de los mismos, en la medida en que dicha defensa requiere de sólidos argumentos morales, de inteligencia política y del indispensable conocimiento de la ley para hacer efectiva y trascendente esa defensa.

Sé que México es un país, como le he escrito reiteradamente, en el que la injusticia es un mal endémico, de deudas ancestrales. Sé que para abatirlas son necesarias, al menos, dos condiciones: instituciones fuertes y una sociedad civil más activa y comprometida. Por ello, un ombudsman debe ser capaz, desde su función, sin aspavientos ni grosero protagonismo, de fortalecer a dichas instituciones, orientándolas por el camino de la justicia que los derechos humanos marcan. Y debe, también, hacerse acompañar de una sociedad realmente involucrada en el camino del trabajo participativo que requiere la democracia, así como en la batalla cotidiana que está implícita en la búsqueda por la libertad y la igualdad.

El peso de la pluma

m.alvarezledesma@yahoo.com.mx