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  Los estudios internacionales precisan que los países en situación de estabilidad democrática e institucional deben destinar como máximo dentro del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas un 60 y hasta un 65 por ciento para sueldos, salarios, haberes y pensiones, para contar a su vez con recursos que les permitan adquirir armamento moderno, materiales de guerra y, finalmente, las condiciones de adiestramiento apropiadas.

En el caso de países con conflicto armado en curso, como es el caso de México, puede observarse que, de forma lógica y correspondiente a las exigencias de las misiones, el porcentaje asignado para el avituallamiento debe incrementarse. Sin embargo, en México se decide en sentido contrario.

Por una parte, incluso en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, el porcentaje de sueldos y gasto corriente en algunos años ha llegado hasta el 98 por ciento, en situación similar puede observarse a la Secretaría de Marina Armada de México. Como podrá observarse, semejante perspectiva del gasto y presupuesto para las Fuerzas Armadas del país implica, por parte del tomador de decisiones, una visión limitada a las exigencias de los mínimos, que no de los elementos básicos para que la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército se mantengan en condiciones de operatividad y respuesta táctica.

Al dirigirse hacia su última etapa la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, los montos que se le asignen a las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Armada de México pondrán en evidencia el concepto mismo que el poder civil tiene respecto de las Fuerzas Armadas. Ya veremos.

De mientras las exigencias aumentan y la indefinición jurídica persiste para las acciones desarrolladas en el combate al narcotráfico. Así, ni ley ni presupuesto (eso parece) presagian un funcionamiento adecuado para el siguiente año fiscal. Hay que corregir el rumbo en ambos sentidos.

javierolivaposada@gmail.com