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  "La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos".

Libro de los Proverbios

Capítulo 18

Desde hace algún tiempo me he ocupado de temas relativos a la argumentación jurídica, la que afortunadamente en los últimos veinte años, sobre todo, ha tenido un auge espectacular. Los teóricos de la argumentación sostienen que ésta es la principal función de los abogados, toda vez que la elaboración de las razones que sirven para justificar el hacer o no hacer humanos es labor neural del Derecho. Está por demás apuntar que la argumentación, su solidez y transparencia constituyen la base tanto de las decisiones judiciales como de todas las demás funciones en las que los abogados se desempeñan, porque los argumentos se convierten, precisamente, en las razones del Derecho, tal y como reza el título de una de las obras de quien es conspicuo representante de la argumentación jurídica, el iusfilósofo español Manuel Atienza.

Precisamente Atienza, en un muy interesante ensayo sobre estos temas, escribió algo que ha provocado mi reflexión, la cual quiero compartir con usted, en la inteligencia de que este tema afecta todas las áreas de nuestra vida, la pública y la privada, con efectos devastadores. El antecitado autor apunta: "El uso argumentativo del lenguaje significa que aquí las emisiones lingüísticas no consiguen sus propósitos directamente, sino que es necesario producir razones adicionales. Para conseguir insultar a alguien basta incluso con pronunciar una palabra".

En efecto, el insulto no requiere más que de una palabra porque está ausente de razones, de argumentos, es una emisión verbal carente de inteligencia, es un efluvio de bilis, está, pues, despojado de inteligencia, una que debe acompañar, como condición humana por excelencia, nuestro lenguaje. Y es que el insulto se ha convertido en moneda de curso en esta sociedad, sobre todo en tiempos conflictivos, vaciando nuestro discurso privado y colectivo de razones, pretendiendo sustituirlas, penosamente, con improperios, señalamientos, cuestionamientos, vulgaridades, groserías y, por supuesto, de muchas mentiras.

El insulto, parece ocioso repetirlo, precisamente por su ausencia de razones, despoja de significado nuestra comunicación colectiva, degradándola. Lo que en México tiene validez es la descalificación, la injuria y la difamación. Difama, dicen, que algo queda, el insulto se lava, pero deja su mancha, el estigma del acusado, generalmente víctima del anonimato cobarde o de la evidente irresponsabilidad de quien insulta. Es curioso, pero aquí en este México nuestro, donde las cosas funcionan al revés, nadie suele pedir cuentas al que insulta: ¡Las cuentas se le exigen al insultado! ¿Por qué?

Pues en buena medida porque nuestra sociedad es altamente tolerante con el insulto, pan al fin de cada día que entre nosotros sí surte sus efectos. Al insultar enjuiciamos y con una sola palabra condenamos, sumariamente y sin pruebas, prestándole atención al que insulta, no al insultado; protegemos inconscientemente al que miente, no al que dice la verdad; castigamos al que es prudente con la lengua, no al lenguaraz. Y, para colmo, como sociedad, estamos acostumbrados a dejar en el olvido, y generalmente sin castigo, los insultos.

Y es que esta tolerancia malentendida tiene, al menos desde lo jurídico, una buena explicación: La complejidad que implica hacer responder por el daño moral que el insulto inflige. Porque es un hecho que en la mayor parte de los estados de la República, los insultos forman parte del elenco de delitos de barandilla que tienen que ver, se piensa, con gente de baja estofa, no por su condición social, sino moral. Perseguirlos es más costoso e inútil para la víctima que para el agresor. Muy pocas legislaciones cuentan con una legislación moderna y eficiente, circunscrita al ámbito civil, representada en la figura del daño moral, que castigue con prontitud y severidad el insulto.

Sí, otra más de nuestras asignaturas pendientes.

El peso de la pluma

m.alvarezledesma@yahoo.com.mx