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  Hace unos días, luego de más de tres años en prisión literalmente "por no haber cometido ningún delito", fue liberada Jacinta Francisco, cuyo mayor desplante radica en ser indígena y ser mujer...

Al más puro estilo de los usos y costumbres de antaño, constituye este un caso de discriminación evidente dado que su culpabilidad en las acusaciones que se le imputaban a ella y a dos compañeras más que aún se encuentran en el penal femenil de San José el Alto en Querétaro, a la fecha no han podido ser demostrados.

Jacinta y sus coacusadas aun en la cárcel, Teresa González y Alberta Alcántara, se ganaban la vida en un tianguis de Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, hasta el día 26 de marzo del 2006 cuando arribaron al lugar seis agentes de la AFI presuntamente en busca de mercancía robada o contrabando. Conforme a sus costumbres, los polis amedrentaron a los comerciantes insultándolos, golpeándolos y maltratándolos, además del robo de su mercancía.

Ante la prepotencia y altanería de los jenízaros el pueblo indignado se levantó y enfrentaron a los policías que pretendían llevarse su mercancía consiguiendo someterlos y exigir el pago de sus productos a cambio de su libertad: los uniformados negociaron y los lugareños accedieron a dejar en libertad a algunos de ellos que supuestamente únicamente irían por recursos para resarcir los daños estimados en 70 mil pesos; al cabo de un rato, los uniformados llegaron con refuerzos y aprovechando su fuerza y poderío arremetieron nuevamente contra los indígenas, detuvieron a las tres mujeres y se las llevaron arguyendo "secuestro"...

Absurdo, ilógico e irracional, pero el Ministerio Público asignado al caso dio crédito a los dichos de loa autoridad y lo que es peor aun, el juez -Rodolfo Pedraza-, igualmente las declaró culpables manteniéndolas en prisión.

El representante en México de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Alberto Brunori, ha dicho que "el caso Jacinta evidencia las dificultades para las mujeres indígenas al acceder a un sistema de justicia que garantice su derecho al debido proceso, como contar con un perito traductor, que se respete su presunción de inocencia y no ser sometidas a una indebida dilación del proceso, entre otras".

Según nos ha relatado Jancinta, al momento de su detención las presuntas delincuentes no hablaban absolutamente nada de español, no sabían qué pasaba y por qué se las llevaban, no tuvieron derecho a defenderse...

Ante las condiciones de miseria que se viven en nuestro entorno, sabemos que alrededor de 10 millones de indígenas sufren la discriminación, el rezago educativo, la injusticia, el abandono y la miseria: baste asomarse a cualquiera de nuestros pueblos a sólo 150 kilómetros de la Capital de la República o a menor distancia incluso de cualquiera otra, para palpar esta realidad que duele hasta los huesos.

Evidentemente el caso, como tantos otros ignorados, obliga a realizar una revisión a conciencia de nuestro sistema de justicia. El Juez, Ministerio Publico y los elementos de la AFI habrían de ser llamados a cuentas, dada la gravedad y consecuencia de sus actos.

Ineptitud, cobardía y deshonestidad. En este como en muchos, muchísimos casos más, en pleno siglo XXI, se trata de tres agravantes: mujeres, pobres e indígenas.

gamogui@hotmail.com