---

  * De la Fuente da su opinión sobre el impuesto a los pobres

* Hay recursos para programas sociales, pero mal distribuidos

* El Seguro Popular creó ciudadanos de primera y segunda clase

Como consecuencia de mi columna Los Grandes Días del jueves pasado, el doctor Juan Ramón de la Fuente, uno de los académicos y políticos más respetados en la comunidad universitaria internacional, me envió un documento que por cuestiones de espacio me he visto en la necesidad de condensarlo.

Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, señaló que "la mejor política social que podemos tener es una buena política económica". Al no existir una relación lógica entre ambas, los programas de gobierno resultan incongruentes y, por lo tanto, detienen el progreso de la nación.

Si en el Presupuesto de Ingresos del próximo año se propone ampliar los gravámenes e imponer nuevos, pero se disminuyen los subsidios, la inversión y el financiamiento públicos, por su iniquitativa distribución, la población rechazará cualquier carga impositiva.

Debe recomendársele a quienes reparten los ingresos gubernamentales "darle coherencia a la política recaudatoria con el gasto público, porque la población no se niega a la tributación, lo que quieren es ver que sus impuestos sirven para algo".

Comparando el presupuesto federal con el de otras naciones americanas que, supuestamente están al mismo nivel de la mexicana, los resultados son vergonzosos. Por una parte, la Secretaría de Hacienda recauda lo doble que en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Empero, el gasto público en México representa sólo la mitad del que se ejerce anualmente en esos países.

Esa desigualdad en la repartición de la riqueza ocasionó el rezago y la pérdida de liderazgo de México en la región.

De la Fuente señaló que: "Cuando los ciudadanos advierten que sus impuestos cumplen funciones específicas que les benefician de manera directa, más allá del sentido de solidaridad o del beneficio a otros, es más fácil para las autoridades hacer cumplir a los contribuyentes con sus obligaciones fiscales". Pero desde hace tiempo la base tributaria está congelada debido a la desconfianza popular a quienes administran el país.

Para tratar de convencer a la ciudadanía, Hacienda llamó "contribución para el combate a la pobreza" al impuesto del dos por ciento a todo producto de consumo (incluidos medicamentos y alimentos) y de servicios.

Pero ni con esa frase consiguieron el apoyo popular esperado, porque se sabe que ocurrirá lo mismo que en la Ciudad de México, Ciudad Juárez y Tijuana, donde los automovilistas pagan, desde el 2003, dos centavos más por cada litro de gasolina que, supuestamente, están etiquetados para la preservación de la ecología. Nadie sabe cuánto se recauda y, mucho menos, a qué programas ambientalistas se destina.

* DISPENDIO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES

Uno de los principales problemas de la ineficacia en los programas sociales es la falta de continuidad y la discrecionalidad con que se reparten. "Primero debe apoyarse a los necesitados y rezagados. Esas son poblaciones específicas que requieren apoyos definidos en materia de alimentación, salud y saneamiento básico. Cuando esa asistencia se prolija por muchos años y no genera el bienestar esperado, hay un gran dispendio de dinero que debe frenarse y replantearse su correcta aplicación..."

"Si existe un problema en la falta de recursos para subsidios y ayudas gubernamentales, es aún más grave la inexistencia de criterios específicos para la asignación del presupuesto para esos rubros". Principalmente por la partidización en la ayuda al pueblo, que siempre aumenta en época electoral y es mayor en las entidades gobernadas por el partido en la Presidencia de la República.

Para los analistas, otra causa en el rezago social se debe a que las decisiones de gobierno en el destino de los recursos públicos erróneamente están relacionadas a los intereses partidistas, empresariales, clericales y de banqueros. Nunca a las necesidades del pueblo y, menos, a las de los desposeídos.

Desde 1997 el PRD, cuando ganó en el Distrito Federal, hizo de la ayuda económica a las personas de la tercera edad, viudas, estudiantes y desempleados su principal plataforma de gobierno, con tan buenos resultados que hasta el PAN cuando llegó a la Presidencia las aplicó a nivel nacional, pero con nulos resultados.

Actualmente la ayuda gubernamental cayó en la inoperancia, porque "muchos de esos programas sociales lo que han hecho es estimular la economía informal..."

Según cifras del INEGI, hasta julio pasado, el 28 por ciento de la población a nivel nacional dependía de la venta ambulante e ilegal de productos robados, apócrifos o de contrabando, que en nada ayudan al fortalecimiento del Estado pero que, en cambio, evitan más delincuencia.

Para que los programas sociales cumplan su objetivo, se requiere un análisis redistributivo, para que verdaderamente lleguen a las zonas marginadas, que siempre son olvidadas por los gobernantes.

* CONTINÚA EL CLIENTELISMO Y EL CENTRALISMO

El exsecretario de Salud consideró que: "la seguridad social agrupa. Los programas de protección social fragmentan. El mejor ejemplo de ese grave divisionismo es el Seguro Popular, que ha incrementado el gasto en salud, pero ha estimulado la economía informal", porque ahora los jóvenes se preocupan menos por buscar un empleo que les garantice asistencia médica.

Un trabajador que mensualmente aporta sus cuotas al IMSS recibe un trato diferente a los beneficiarios del Seguro Popular. Al primero, la seguridad social lo atiende de cualquier enfermedad o urgencia. Para el segundo, la atención médica es limitada.

Según el exrector de la UNAM, "la política social, vista desde una perspectiva integral, no debe limitarse a subsanar deficiencias. Debe ser el instrumento gubernamental para impulsar el desarrollo de la nación." El problema es que ningún gobernante ha sabido darle la aplicación correcta.

Lamentablemente, los gobiernos nacionales cayeron en el clientelismo, incluso "podríamos pensar que no hay un programa social emergente (un desastre natural) o en condiciones crónicas (la pobreza), en el que no surja el clientelismo como un elemento que distorsiona la ayuda...".

Otro grave error en la distribución de la ayuda gubernamental es el "centralismo, porque, siguiendo con el caso del Seguro Popular, el Gobierno de la República envía a cada entidad un representante de protección social con más recursos que todo el presupuesto ejercido por cada una de las secretarías de Salud estatales."

Para que los programas sociales cumplan su cometido "se requiere de la participación social, la auditoría social, la contraloría social, la fiscalía social, la participación ciudadana, que son elementos de nuestra vida democrática. Esos son los instrumentos que pueden combatir, prevenir o por lo menos acotar el clientelismo..."

Diversos organismos internacionales enviaron recomendaciones a la administración calderonista para ampliar la captación hacendaria y evitar la aplicación de gravámenes que afectan a la clase baja y media.

La Comisión para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas, el jueves pasado pidió "una visión fiscal renovada, lo que se le conoce como un nuevo pacto fiscal". Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó a la Secretaría de Hacienda "ubicar a los sectores más desprotegidos para encauzar correctamente los recursos públicos".

Los investigadores, nacionales y extranjeros, llegan a la misma conclusión. Es urgente que todos los órdenes de gobierno encuentren el rumbo económico del país, para lograr el avance social y sacar de la pobreza a más de 70 millones de mexicanos.

¿Por qué no hablan con Juan Ramón de la Fuente el presidente Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens? Sería saludable para la nación.

* DE MALAS Y DE PEORES

Faltan 19 días para que los nuevos jefes delegacionales rindan protesta, pero en Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa la situación aún no está definida. Rafael Acosta, "Juanito", no quiere renunciar como se lo ordenó Andrés Manuel López Obrador; mientras que Demetrio Sodi y Adrián Ruvalcaba son víctimas de la injusticia de los tribunales electorales que les quitaron el poder de decisión a los ciudadanos. La pasada reforma electoral no sirvió de nada porque los abusos continúan, ahora protegidos por los magistrados.

Vicente Fox se niega a renunciar a su pensión de 167 mil pesos mensuales, más gastos de seguridad, secretarias, asistentes y un sinfín de beneficios, como lo hizo su antecesor, Ernesto Zedillo. Ahora que el presidente Calderón y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, buscan de dónde sacar más dinero, las pensiones vitalicias de los expresidentes, a quienes anualmente se les destinan 12 millones de pesos, es un buen recorte que podría destinarse a los pobres en lugar de crear nuevo gravámenes. Pero ningún funcionario público está dispuesto a renunciar a esos beneficios.

Cerca de cuatro mil burócratas de base de las secretarías que habrán de desaparecer (de la Reforma Agraria, Turismo y de la Función Pública) conservarán sus empleos, así lo aseguró Javier Lozano, secretario del Trabajo. El problema será reubicar a quienes laboran por honorarios y todos los empleos indirectos que generaban las tres dependencias.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

mejido@elsoldemexico.com.mx