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  Conforme avanzan los días nos damos cuenta que el "boquete" en las finanzas públicas se va convirtiendo en el inmenso y profundo cráter de un volcán que amenaza con hacer erupción. Y de esa no nos salvaría ni el Chapulín Colorado. Al presupuesto le faltan 300 mil millones de pesos para completar las erogaciones que el Gobierno federal requiere hacer en 2010. ¡Qué diferencia con el sexenio de Fox! En esos alegres años de puntadas bufonescas y despilfarros indignantes, se recibieron los mayores excedentes por concepto de ventas petroleras en la historia: nada más y nada menos que 700 mil millones de pesos. ¿Dónde quedaron? ¿Cómo se los gastaron? ¿Qué cuentas dieron? A ciencia cierta nadie sabe y eso enoja y cala.

Este hecho tan simple, y descarnadamente trágico por sus implicaciones, sirve para ejemplificar por qué la Secretaría de la De-función Pública no sirve sino para perseguir políticamente a los funcionarios arrojados del Olimpo gubernamental y para convertir la administración pública en un ciempiés con callos. Con todos los controles que ha puesto el Gobierno, la corrupción sigue como Johnny Walker entre quienes siempre ha estado y que se conocen al dedillo los subterfugios legales que permiten las transas. Así, siguen las licitaciones "a modo", continúan las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas amañadas, mientras que las legiones de servidores públicos de niveles de mando menores son literalmente considerados como ladrones en tanto no se demuestre lo contrario. Los servidores públicos se han visto forzados a adquirir seguros para ampararse en caso de que la Dis-función Pública los responsabilice de algún supuesto delito o daño patrimonial.

Con el dinero que cuesta la mentada dependencia parientita chafa del Big Brother, ¿cuántos hospitales y escuelas podrían funcionar adecuadamente? ¿Se justifica su existencia, como la de la Reforma Agraria o la de Turismo? Definitivamente, no. ¿Por qué la De-función Pública no ha investigado el destino de esos 700 mil millones de pesos que no "se ven", ya que obviamente no se dedicaron a obras de infraestructura, sino a financiar el insultante gasto corriente en tiempos del señor de las botas y su presidencial pareja?

Este no era el asunto sobre el que tenía pensado escribir, pero me he concedido una "licencia periodística" sin la venia de mis tres lectores, puesto que el tema está en la agenda política, mientras que el que voy a exponer pronto será materia de noticia y comentarios.

Es probable que en un futuro cercano a Marcelo Ebrard le estalle un conflicto muy parecido al de San Salvador Atenco en tiempos de Fox, por cuya ineptitud y falta de autoridad, el aeropuerto de Texcoco -la obra de infraestructura más importante y fallida de su sexenio- no se construyó. El abuso y la prepotencia son siempre malos consejeros de los gobernantes. No hay que desestimar la fuerza de los movimientos sociales ni creer que se les puede reprimir de un plumazo (o plomazo).

Los tiempos son difíciles y las aspiraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) se pueden ver seriamente afectadas ante un conflicto como el que se está gestando entre los propietarios de los terrenos donde se pretende construir la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. El origen es, como casi todo, de dinero. Las indemnizaciones correspondientes a las 174 hectáreas propiedad de ejidatarios se pagaron a 140 pesos por metro cuadrado, cuando su valor real es de hasta mil pesos. Suena a burla y así lo han tomado. La expropiación ocurrió hace un año y a la fecha hay 57 hectáreas que no se pueden tocar, ya que sus propietarios tienen un amparo. Lo más grave es que se trata de los terrenos donde se levantará la terminar Tláhuac, los talleres y el Centro de Transferencia Modal, ¡nomás!

Marcelo Ebrard y sus colaboradores quieren sacar a los dueños a como dé lugar. Ya lo hizo al menos con 400 personas que, pese a estar amparados, fueron desalojados con lujo de violencia por las fuerzas de Seguridad Pública. Con ello, el conflicto está creciendo y ya hay muchas asociaciones civiles (curiosamente de esas que él protegió cuando fue el brazo derecho de Camacho Solís) que muy pronto se manifestarán en contra de las autoridades capitalinas.

Entre este dolor de cabeza en ciernes y la oposición que tendrá en su intento por concesionar la administración de los servicios de agua, lo que la gente ve como una privatización, aunque no lo sea: Será interesante ver si actúa con prudencia para librar estos escollos o si sacrificará parte de su capital político en estos asuntos que estarán en primer plano en tiempos poco propicios.

andreacatano@gmail.com