Hugo Jiménez

Ciudad de México.- El presidente municipal de Atizapán, David Castañeda, declaró ayer en quiebra a ese municipio porque la administración del mismo no tiene ni para pagar los sueldos de la próxima quincena; asegura que la anterior administración, de extracción panista, dejó una enorme deuda que asciende a más de mil 200 millones de pesos y que sigue creciendo mientras más se investiga, por lo que no descarta establecer responsabilidad penal al anterior gobierno, el cual incluso tenía más de cien "aviadores" que cobraban sin trabajar.

Lo anterior lo informó en una entrevista en la que agregó: "nos dejaron a todos los empleados de confianza, más de 500 trabajadores, que se tienen que liquidar y para lo que se requieren más de 27 millones de pesos".

Dijo que se calcula que el "escuadrón de aviadores" de Atizapán devengaban mensualmente, en promedio, tres millones de pesos.

En caso de descubrirse y documentarse que se cometieron fraudes o peculado durante la anterior administración, dijo, el actual Gobierno de Atizapán recurrirá a las autoridades penales correspondientes, sobre todo porque los desfalcos a las arcas del ayuntamiento son cuantiosos.

Agregó que en el anterior gobierno panista hubo muchos excesos, por ello, Atizapán se encuentra en bancarrota, y ésa es la razón por la que la actual administración se tiene que apretar el cinturón y realizará todas sus acciones en forma transparente y austera, sin excesos, es decir, sin helicópteros, sin hacer rutas de la salud y sin hacer viajes al extranjero. Aclaró que en los próximos cuatro meses, debido a la falta de recursos, el Gobierno de Atizapán será muy austero en todos los rubros.

Explicó además que para enfrentar esta crisis en el gobierno que se inicia, en todas las direcciones se va a reducir hasta en un 20 por ciento la plantilla de trabajadores, especialmente de confianza. Ello propiciará un ahorro mensual de 27 millones de pesos por concepto de nómina.

Reconoció que hubo muchas irregularidades en la anterior administración, que están siendo documentadas para que dentro del plazo de 60 días establecido por la ley se puedan fincar responsabilidades ante el Órgano Superior de Fiscalización, para que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.