En suma, nuevas asignaturas se plantean para la construcción de un país habitable. Como señalara Francisco Tomás y Valiente, "no nos hagamos falsas ilusiones: la historia no está terminada ni resuelta en nombre de las leyes conocidas. No tenemos más remedio que seguir pensando. Afortunadamente".



Diversas voces se han alzado en las últimas semanas para señalar que el principal problema que enfrentará el próximo Presidente de la República será el de la legitimidad. No estoy de acuerdo.

El próximo Presidente tendrá toda la legitimidad que el Estado mexicano puede otorgar, toda vez que su calificación proviene de los votos de los mexicanos, así como de las instancias jurisdiccionales que hemos construido con tanto esfuerzo en los últimos años. Creo sin embargo, que el tema de la gobernabilidad debe ocuparnos desde este momento a efecto de construir un nuevo andamiaje institucional así como reglas que le den al país certeza en los resultados electorales, estabilidad jurídica y crecimiento económico.

El papel de los gobernadores en este esfuerzo será fundamental. Las elecciones federales representaron la ocasión para confirmar, de una buena vez, que el primer y dilatado capítulo de la democratización mexicana ha concluido. En efecto, tras seis reformas electorales, entre las que destaca la de 1996 que ahora rige la organización de los comicios, su calificación, así como las condiciones de la competencia, nuestro país ha conseguido la construcción de un edificio de certeza en los procesos electorales para los partidos y la ciudadanía. Gracias a ello, hoy los ciudadanos tienen en sus manos la decisión crucial de la política: quién gobierna.

A partir de esa experiencia, parece oportuno replantear los términos de las relaciones Ejecutivo-Legislativo y de las reglas internas del propio Congreso para garantizar que la pluralidad no llegue a traducirse en parálisis en las tareas de la llamada Cámara baja ni en rehén de estrictos cálculos efectistas de la coyuntura.

Es decir, parece que ha llegado el momento de hacerse cargo de las llamadas reformas de segunda generación. Hay una serie de propuestas en las plataformas de los propios partidos que pueden ser convergentes y, por tanto, sugerir una agenda de posibles acuerdos para la próxima legislatura. Las plataformas, en esta agenda inicial, podrían ser las siguientes:

* El fortalecimiento del Legislativo, la reelección de legisladores y su profesionalización, es una propuesta compartida por todas las plataformas.

* Impulsar una reforma constitucional para que los secretarios del Ejecutivo sean avalados y sancionados por el Legislativo.

* En lo que hace a las dificultades para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación, crear un dispositivo constitucional para que, en caso de no aprobarse el presupuesto, entre en vigor el del año anterior. Se ha llegado a considerar, además, la capacidad de veto del Ejecutivo, así como establecer tiempos límite para la aprobación de iniciativas para prevenir la parálisis legislativa, y la participación del Senado en la aprobación del presupuesto.

* Por otra parte, puede explorarse la pertinencia de que el Congreso dé seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, y hay quien llega a sugerir incluso la aprobación del Plan en el Congreso.

* La Segunda vuelta electoral y la disminución de los tiempos de campaña.

Pero quizá la expresión más clara de las limitaciones del proceso legislativo y la estrechez actual del espíritu partidista sea el reclamo insistente sobre la necesidad de convenir lo que se ha dado en llamar "políticas de Estado" en varios temas de la problemática pública. Asuntos como la política educativa, el modelo económico, la reforma judicial, la reforma laboral, la política industrial y la reforma fiscal requieren acuerdos políticos con un alcance mayor que los tres años de una legislatura y aun de los seis de un gobierno. Pese a su importancia, no han existido las condiciones para ventilarlos en el Poder Legislativo, que en la teoría es el ámbito idóneo de la discusión y formación de acuerdos nacionales.

El lento y complejo esfuerzo de reformas que desemboca en nuestro sistema competitivo de partidos parece haber producido entre las agrupaciones políticas una visión de muy corto plazo, en la que la inmediatez de las contiendas electorales y las tensiones intrapartidistas relegan a un plazo indefinido la atención de otros asuntos de interés nacional.

Por eso vale la pena considerar las limitaciones del modelo institucional que se ha logrado hasta hoy y plantear la importancia de abrir espacio a otras expresiones de los intereses de la sociedad. Sin duda, por su capacidad agregadora, los partidos políticos son instituciones decisivas del régimen democrático. Pero, como se ha demostrado, se encuentran lejos de poder representar la multiplicidad de intereses de la sociedad y de lograr que ésta se sienta representada en ellos. Su propia institucionalización interna es aún precaria en el nuevo contexto competitivo.

La experiencia de otras democracias deja ver que las organizaciones empresariales y de productores agrícolas, los sindicatos de asalariados y las múltiples formas de organización para la defensa de intereses específicos forman parte fundamental de la red de instituciones y mecanismos que favorecen la gobernabilidad, es decir la eficacia y legitimidad de las instituciones del Estado.

En suma, nuevas asignaturas se plantean para la construcción de un país habitable. Como señalara Francisco Tomás y Valiente, "no nos hagamos falsas ilusiones: la historia no está terminada ni resuelta en nombre de las leyes conocidas. No tenemos más remedio que seguir pensando. Afortunadamente".

Gobernador de Veracruz