Opinión / Columna
 
Eduardo Andrade Sánchez 
El fuero militar (II)
Organización Editorial Mexicana
17 de agosto de 2009

  Día 991. El índice de mortandad no cede y se mantiene en 12.15 Muertes diarias vinculadas a la criminalidad organizada en lo que va del sexenio.

La Suprema Corte tuvo ocasión de precisar la extensión del "fuero de guerra", como le denomina nuestra Constitución en su artículo 13, pero prefirió cortar por lo sano, negándole a la viuda de una víctima de homicidio el amparo tendiente a obligar a que la jurisdicción civil conociera del caso, en lugar de la justicia militar. La legitimación para aceptar la demanda de amparo bien pudo basarse en una interpretación extensiva de la última fracción del artículo 20 constitucional que permite al ofendido por un delito impugnar por vía de amparo las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como sus resoluciones de no ejercicio de la acción penal. Ciertamente, el precepto fue diseñado para combatir las actuaciones deficientes del MP o bien el cierre de un caso mandándolo al archivo, pero las garantías individuales pueden interpretarse de manera extensiva para proteger el bien jurídico que las inspira y es evidente que si un asunto debería haber sido investigado y consignado por el Ministerio Público de carácter civil y éste no lo hizo, cabría la posibilidad de considerar que estamos en presencia de una omisión en la investigación. Ya la Corte ha adoptado enfoques típicamente garantistas para hacer interpretaciones extensivas de los preceptos constitucionales y en este caso debió conceder el amparo, a fin de avanzar posteriormente a la definición del alcance del fuero militar.

Este fuero fue materia de un amplio debate en el Constituyente de 1917; una corriente quería suprimirlo y dejar el conocimiento de todos los delitos, incluso los del orden militar, al Poder Judicial de la Federación establecido genéricamente sin que existieran tribunales propios de las fuerzas armadas, pero triunfó en la discusión la postura de los que defendían la existencia de estos últimos. Aun así, el artículo 13 se redactó en los términos más restrictivos posibles, puesto que privaba la idea en todos los participantes de que esta jurisdicción debe tener un carácter excepcional y la potestad militar ejercerse de modo muy limitado. Los defensores de este fuero se basaban en la necesidad de preservar la disciplina militar y así dice el precepto que su aplicación se hará respecto de los delitos y faltas "contra la disciplina militar". Esa expresión debe interpretarse en el sentido de que opera para cuestiones estrictamente internas de las fuerzas armadas, pero nunca cuando éstas actúan contra civiles en tiempo de paz. El Código de Justicia Militar considera de competencia de este fuero los delitos cometidos por soldados en ejercicio de sus funciones, y ahí está el meollo: ¿es una función militar, por ejemplo, el establecer un retén sin que haya una suspensión de la garantía de tránsito? El Ejército está diseñado para actuar en situaciones de guerra externa o interna, frente a una invasión extranjera o una sublevación interior que se proponga destruir las instituciones estatales. En los términos en que está concebida nuestra Constitución, en diversos artículos queda clarísimo que el Constituyente de 17 se propuso restringir al máximo la actuación militar fuera de los cuarteles; si se requiere modificar este enfoque, debería emplearse el procedimiento de reforma constitucional para llegar a un nuevo acuerdo, pero, entre tanto, conviene que la Corte se atenga a las condiciones del modelo constitucional vigente, por bien de la sociedad mexicana.

eandrade@oem.com.mx
 
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