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  Uno de los derechos humanos más importantes es el de la salud; nuestra Carta Magna, en su artículo cuarto, aduce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

No obstante ello, en México aun cuando es una obligación del Estado el proveer a toda la población de servicios de esta clase, es común observar grandes injusticias u omisiones en el suministro de los mismos.

Sin duda la salud y la seguridad social son elementos esenciales para el pleno desarrollo de las personas; están ligados al bienestar familiar, a una vida productiva, a la convivencia social armónica y por tanto al progreso de cualquier nación; es por esto que los países más evolucionados dedican grandes montos de sus recursos a este sector, destinando amplios porcentajes de su presupuesto no sólo a infraestructura, medicamentos o atención corriente de su población, también invierten grandes porcentajes en programas de investigación de excelencia para erradicar o controlar cualquier riesgo epidemiológico, en el desarrollo de tecnología de punta que coadyuve a dar una atención de calidad a su población y en la educación para la prevenirla de enfermedades crónico-degenerativas; todo ello por supuesto repercute en una mayor longevidad de sus ciudadanos, que redunda en mayor productividad y riqueza de sus economías; es un asunto de lógica pura, ya que una población sana puede impulsar de manera estable el desarrollo de su país.

En el nuestro sin embargo, esta visión no ha sido contemplada a pesar de los discursos, ya que la salud de calidad se ha vuelto un asunto de elite, que es accesibles sólo para las personas con amplio poder adquisitivo, mientras que por otro lado, la infraestructura de las instituciones públicas es insuficiente para satisfacer cabalmente las necesidades de una mayoría que no cuenta con recursos para atenderse en instituciones privadas.

Para nadie es un secreto que la protección de la salud en nuestro país es insuficiente y que programas como el del Seguro Popular se encuentran todavía muy lejos de la meta de contar con un sistema universal (para toda la población) gratuito que otorgue servicios de salud de calidad.

Además, respecto a la equidad, persisten enormes diferencias regionales en el acceso a estos servicios, ya que mientras los estados del norte y centro de la república se ven más favorecidos, en el sur sobre todo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, existe todavía una alta porción de la población que no cuenta con estas prestaciones, ya sea por cuestiones de infraestructura, por falta de personal y/o por insuficiente presupuesto para operar; a estas limitantes debemos sumarle el gigantesco porcentaje de la ciudadanía "en todo el país", que debido a la falta de empleo se ha visto orillada a subemplearse y sobrevivir en la economía informal y sin poder aspirar a algún servicio de seguridad social, aun cuando algunas entidades han hecho notables y honrosos esfuerzos (como el DF) para brindar servicios gratuitos de este tipo. Por otro lado, en el aspecto de la calidad la situación no es más alentadora: a diario se observan en las instituciones públicas casos de abusos y negligencia en detrimento de la salud de sus derechohabientes.

En resumen, los sistemas de salud y seguridad social de nuestro país enfrentan un entorno caracterizado por el envejecimiento de la población, un alto grado de subempleo y pobreza que profundiza el desigual acceso a los servicios de salud y un panorama epidemiológico donde persisten las enfermedades infectocontagiosas, donde crecen las costosas enfermedades crónico-degenerativas, y si fuera poco, con brotes epidemiales (como el del virus H1NI) para los que, por supuesto, no estamos preparados, por lo que no podremos aspirar a una sociedad competitiva si no se logra abastecer a toda la población de servicios de salud apropiados.

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