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  Durante décadas los gobiernos mexicanos subrayaron ante la incesante actividad de los traficantes de drogas que el problema no era nacional; era, en todo caso, un problema de salud pública de Estados Unidos, principal mercado receptor de narcóticos. Los viejos de la aldea comentan la anécdota que involucra a los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson. El capítulo, aseguran, se verificó durante una de las reuniones entre los mandatarios de México y EU. En esa coyuntura, el presidente Johnson reprochó en tono molesto al mandatario mexicano lo que consideraba ineficaz combate de las autoridades nacionales contra los traficantes. La frase fue memorable: México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos. La respuesta hizo historia. Gustavo Díaz Ordaz, en el tono solemne y austero que le caracterizó, dijo: Cierren su alberca y se acaba el trampolín.

Durante las décadas de los 60 y 70 se decía por parte de los voceros gubernamentales, un día sí y otro también, que el tráfico de drogas no afectaba a México, puesto que el territorio nacional constituía exclusivamente vía de acceso, de paso, hacia el mercado norteamericano. Se apoyaba tal aseveración con otra: Los precios de las drogas denominadas duras (cocaína y heroína, principalmente) eran altos, tal altos que los hacían impopulares; sólo estratos sociales económicamente fuertes tenían acceso a esas drogas. Pero los años nos demostraron a todos que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Hoy, México ya no sólo es territorio de paso hacia el mercado número uno del mundo en cuanto a consumo de drogas; México es ya también nación consumidora y de alto nivel de drogas duras.

No quiero hacer historiografía; no quiero perderme en el vasto capítulo negro de la lucha contra las drogas que libra México. Tan sólo quiero poner el dedo en la llaga y sumarme a esa dolorosa contienda contra el crimen organizado que le cuesta a nuestro país miles y miles de millones de pesos; pero lo peor, le cuesta miles de vidas. En junio pasado se contabilizaron 769 ejecuciones vinculadas a la lucha contra los narcos. La cifra supera el récord impuesto en noviembre de 2008 que era de 701 homicidios. Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Estado de México y hasta el Distrito Federal son los escenarios que se tiñen de sangre en esa batalla.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa, al contrario de lo que hizo su antecesor Vicente Fox Quesada, se lanzó duro y a la cabeza contra el crimen organizado. La respuesta de los sindicatos criminales nos deja una cifra digna ya de una guerra civil: 3 mil 500 ejecuciones durante 2009. Podríamos decir son 3 mil 500 muertes más las que se acumulen esta semana. Habrá que entender que los traficantes encontraron durante el sexenio de Fox Quesada un verdadero paraíso, en el que la autoridad fue omisa ante el ascendente trasiego de drogas en todo el territorio nacional. Hoy pagamos con sangre la omisión del pasado. ¿Qué hacer? La respuesta no está en el aire; la respuesta tiene que ver con la suma de voluntades nacionales, la unificación de criterios y el diseño de una estrategia que involucre no sólo al Gobierno mexicano, sino también al norteamericano, que hasta ahora destina sólo apoyos económicos, pero pareciera que le interesa muy poco la salud de sus ciudadanos y menos le importa atrapar a sus capos en suelo estadunidense.