Opinión / Columna
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El Observador Parlamentario
Antonio Tenorio Adame
3 de julio de 2009
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* Permanente por soberanía en Honduras, ¿omite la soberanía de los estados?
* La investigación de la Corte en Sonora, ¿romperá influyentismo?
El pleno de la Comisión Permanente, bajo la Presidencia del senador José González Morfín, condenó el golpe militar que depuso al presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
El pronunciamiento del órgano legislativo expresa; "Los legisladores que formamos parte de la Comisión Permanente expresamos nuestra más enérgica condena al golpe de Estado ocurrido en la República de Honduras y reprobamos la ruptura del orden Constitucional y democrático en ese país.
Y al respecto ¿no acaso el Senado es la instancia del poder dividido de la República responsable de observar la integridad de la soberanía de los Estados? Luego, ¿por qué no se pronuncia también por los atropellos de la Procuraduría que atentan contra la soberanía interna de las entidades? ¿Candil de la calle?
* La facultad de investigación de la Corte
En otro momento de la sesión de la Permanente se expresó la solidaridad con la decisión de la Corte de atraer la investigación en el asunto de los 48 niños muertos en el incendio de Hermosillo, Sonora, debido a que las autoridades responsables se manifestaron remisas en el manejo del problema.
Los senadores no trastabillaron menos que los funcionarios culposos, en su sesión del 17 de junio debatieron el asesinato masivo de los infantes de Sonora, sus planteamientos fueron una admonición al gobernador Eduardo Bours, y un intento, posteriormente frenado de la comparecencia del director del Seguro Social, Daniel Karam.
Ante esta imprecisión de los legisladores, el Observador Parlamentario señaló con puntualidad que el punto a desarrollar era "Queda en espera de concluir el proceso de lo sucedido a la Suprema Corte de Justicia quien por mandato de la Constitución (97-3) ha de proceder a abrir el expediente que funcionarios del Gobierno federal, local, y aún la Comisión Permanente, no se atreven a tocar."
Se precisaba que era momento de solicitar que el órgano supremo jurisdiccional se encargara de la investigación como ocurrió en el caso de Aguas Blancas, del asesinato de los campesinos del estado de Guerrero, cuyas consecuencias dieron como resultado la renuncia del entonces gobernador Rubén Figueroa.
Y eso es lo que ha ocurrido, sin que se precise si el gobernador de Sonora sea depuesto o si el director, actual o anterior, del Seguro Social sea obligado a comparecer ante sus jueces.
La decisión de la Corte llevó a que la Procuraduría General de la República, presente a nueve presuntos responsables del incendio mortal.
El fiscal ha sido generoso con los inculpados al permitir que su juicio sea llevado fuera de prisión al cubrir el pago de una fianza.
Esa generosidad no se ha visto en casos de inculpar a otros detenidos que son arraigados de inmediato incluso en vista de denuncias de "testigos protegidos", es decir, "delincuentes privilegiados" por su contribución en la investigación.
Es de esperar que la inclusión de la Corte sea propicia a una justicia expedita, efectiva y transparente, capaz de desvanecer cualquier sombra de protección e influyentismo.
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