Arturo Gómez / El Sol de México

Ciudad de México.- Legisladores de la Comisión de Derechos Humanos señalaron que el secuestro y tráfico de migrantes centroamericanos se ha convertido en un negocio adicional de narcotraficantes en el que están inmiscuidos policías, agentes judiciales y funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes son directamente los encargados de retener, golpear y extorsionar a las víctimas.

"Estamos hablando de un vergonzoso negocio corporativo que ha penetrado a las corporaciones policíacas y al propio personal del Instituto Nacional de Migración cuya labor, supuestamente, es salvaguardar los derechos de los migrantes", señaló el senador José Luis Máximo García Zalvidea.

Expuso que los 9 mil 758 secuestros de migrantes centroamericanos recientemente documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es una cifra que debe ser profundamente analizada, considerando que cada año cruzan la frontera sur del país más de 160 mil migrantes procedentes principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, que en muchas ocasiones son interceptados por bandas vinculadas al narcotráfico, policías estatales y municipales, así como funcionarios del INM que los secuestran, vejan y extorsionan.

García Zalvidea asentó que ante la impunidad con que se opera, el tráfico y secuestro de migrantes en México se ha convertido en uno de los negocios clandestinos más lucrativos, sólo después de la venta de estupefacientes y armas en donde las bandas delincuenciales actúan en estrecha coordinación con elementos policíacos o funcionarios de diferentes niveles.

Un ejemplo de ese contubernio, dijo, es la reciente ejecución de tres personas en Cancún, de los cuales uno de ellos era funcionario del Instituto Nacional de Migración, seguramente coludido con las bandas de narcotráfico o secuestro de migrantes.

José Jacques y Medina, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, calificó de vergonzosa la tibia actuación de las autoridades de migración ante un problema que lacera la dignidad nacional, al dar trato de criminales o "personas de tercera clase" a los migrantes centroamericanos, cuya única intención es cruzar el país en busca de una alternativa de vida mejor en Estados Unidos.

Para el legislador, el Estado mexicano está incumpliendo sus compromisos asumidos ante la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, cuando paradójicamente exige respeto y trato humanitario a los connacionales que son perseguidos, detenidos y deportados por el Servicio de Inmigración del Gobierno estadunidense.

Apuntó que es incomprensible que con un presupuesto histórico de 3 mil millones de pesos el Instituto Nacional de Migración no cuente con personal capacitado ni instalaciones dignas para albergar a los migrantes que tienen la desgracia de ser aprehendidos para posteriormente ser deportados.

"A ese indigno trato que reciben por parte de las autoridades migratorias, se suma el creciente riesgo de ser secuestrados por las bandas delincuenciales o polleros que han hecho de esta actividad un lucrativo negocio", subrayó.

* Barrer la inmundicia

José Luis Máximo García Zalvidea puntualizó que ante una ignominiosa "cifra negra" de 50 secuestros por día de migrantes centroamericanos, de lo cual no tiene cifras ni reportes el INM, han solicitado la comparecencia de la directora de ese instituto, Cecilia Romero, para que explique en qué se ejerce el multimillonario presupuesto y cuáles son los criterios para designar y fiscalizar a delegados, agentes y personal de vigilancia en los 48 albergues.

"Estamos decididos a meter la escoba como Dios manda para limpiar esa verdadera porquería hacia el interior del Instituto Nacional de Migración, desde donde seguramente operan mafias de traficantes de migrantes o cuando menos incurren en el delito de omisión o negligencia en el respeto a los derechos humanos".

Calificó a la directora del INM, Cecilia Romero, como una persona bien intencionada, pero con abierta falta de capacidad para un puesto de esa índole en que está en entredicho la política migratoria y de derechos humanos del país.

"Estaremos atentos a la comparecencia de la señora Romero y si no nos satisface su explicación o no detalla un plan específico para combatir la corrupción y el tráfico de migrantes, exigiremos una respuesta inmediata del propio Gobierno federal", advirtió.

* Industria millonaria

De acuerdo a estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tráfico y secuestro de migrantes centroamericanos genera ganancias anuales por más de 25 millones de dólares que fácilmente podría triplicarse si se considera que sólo uno de cada tres delitos es documentado ante el temor de la víctima a la denuncia.

Tan sólo entre septiembre de 2008 y febrero de este año, la CNDH logró documentar en sus visitas a albergues y centros de detención, 9 mil 758 secuestros de migrantes lo que implicó mil 600 plagios al mes o un promedio de 50 diarios por cuyo rescate se exigió entre mil 500 dólares y hasta 5 mil dólares, para el caso de las víctimas que confesaron tener familiares en Estados Unidos.

Mauricio Farra Gebara, quinto visitador general de la CNDH, expuso que el modus operandi de las bandas de secuestradores es detectar a grupos de migrantes en su paso por Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y Sonora para detenerlos, despojarlos de sus pertenencias y de acuerdo a una evaluación rápida, trasladarlos para su reclusión a una bodega, casa de seguridad o "campamentos" construidos específicamente para ese ilícito.

Para garantizar el éxito de la operación, los secuestradores prefieren grupos de entre 40 a 70 migrantes, sin considerar si son mujeres embarazadas o niños a quienes mantienen en reclusión días, semanas y hasta meses esperando que los familiares envíen el dinero.

Pedro Pantoja, de la organización "Proyecto Frontera", destinada a defender los derechos de los migrantes, mencionó que el negocio es tan lucrativo que muchas de las veces los secuestradores utilizan hoteles para recluir a las víctimas sin que ninguna autoridad los moleste, lo que hace suponer que existe toda una red de complicidad con corporaciones policíacas estatales y municipales.

Señaló que es incompresible que los migrantes sean rápidamente detectados por las mafias de delincuentes y no por agentes del Instituto Nacional de Migración, que saben perfectamente de las rutas y mantienen un seguimiento estricto de los centroamericanos que ingresan al país.

También es incomprensible, subrayó, que en los albergues o centros de reclusión del INM estén en su mayoría centroamericanos que ya han sido víctimas de secuestro o que no cuentan con dinero o familiares que los apoyen para regresar a su país.

El informe de la CNDH sobre Casos de Secuestro de Migrantes, revela que nueve de cada diez de las víctimas recibieron amenazas de muerte y fueron amagados con armas de fuego y armas blancas durante su reclusión.

Del total de los 9 mil 758 plagios que por primera vez documenta la CNDH, 157 correspondieron a mujeres que en su mayoría fueron golpeadas y violadas por los secuestradores.

Dato relevante es que 55 por ciento de los secuestros se realizó en Veracruz, seguido por Tabasco con el 24 por ciento; 11 por ciento en Tamaulipas y el resto de los casos en Chiapas, Oaxaca y Sonora.

Según el reporte, las principales víctimas de secuestro fueron los hondureños, con el 67 por ciento de los casos; salvadoreños con el 18 por ciento y guatemaltecos con el 13 por ciento. El porcentaje restante corresponde a migrantes procedentes de Nicaragua, Ecuador, Brasil y Perú.