Martha González / El Sol de México

Ciudad de México.- La Comisión Permanente aprobó por unanimidad citar a comparecer a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, para que informe de la corrupción denunciada de sus agentes, solicitar a la Fiscalía Especial contra la Violencia que atraiga el caso y a la CNDH que asista a los extranjeros que presentaron la queja.

El dictamen subraya la importancia de que la comisionada Romero explique el desempeño de los funcionarios del Instituto, "donde se evidenció una red dedicada a la trata de personas y explotación sexual de mujeres".

En la propuesta, los senadores del PRD solicitaron que la Comisión de Derechos Humanos abra una investigación sobre el caso y dé asistencia a las ciudadanas extranjeras que presentaron la denuncia penal.

Además, requirieron a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, atraer el caso denunciado sobre trata de personas y explotación sexual por parte de funcionarios de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán.

Al aprobar una propuesta de senadores del PRD, se dijo que en días pasados dos mujeres costarricenses denunciaron penalmente al delegado del INM en Yucatán, Hernán Vega Burgos, por presuntamente operar una red de prostitución con mujeres inmigrantes.

"La trata de personas y la explotación sexual de mujeres son delitos serios, más aún si se realizan con la complicidad y el auspicio de servidores públicos federales", consigna el dictamen.

Por otra parte, diversas lagunas en la normatividad mexicana eliminan el derecho de los extranjeros detenidos por autoridades migratorias a una defensa jurídica adecuada, denunció el senador Rubén Fernando Velázquez López, quien propuso una reforma legal para asignar un defensor público a los inmigrantes consignados en territorio nacional. 

El abogado defensor asignado, explicó el legislador por Chiapas, deberá vigilar el respeto a los derechos humanos de su representado y formular las demandas de amparo respectivas cuando las garantías individuales se estimen violadas, mientras no cuente con asistencia de su Embajada.

"Es un hecho cotidiano la indefensión a la que es sometido el inmigrante, pues aun cuando su libertad se ve restringida al permanecer en secuestro legal en una estación migratoria, por tratarse de un caso de naturaleza administrativa y no penal, no tiene derecho, el extranjero, a una defensa jurídica adecuada, aun cuando sufre, o enfrenta la posibilidad de sufrir, graves vulneraciones en su esfera jurídica", agregó.

Velázquez relató que diversas organizaciones no gubernamentales y agrupaciones ciudadanas han denunciado abusos en las estaciones migratorias, "como imposibilitar de facto el ejercicio de su derecho a contar con orientación y asesoría jurídica, o peor aún de verse legalmente representado".