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  La tragedia de la guardería "ABC" en Hermosillo, Sonora, por la que suman ya 47 menores fallecidos, originó una agria disputa entre autoridades locales y federales, no para llegar a la verdad y castigar a los culpables de la negligencia criminal, sino para justificar incriminaciones mutuas y salvar pellejos oficiales.

Nombres van y vienen, nombres y apellidos con influencia, pero -casi tres semanas después- no hay resultados concluyentes en las indagatorias.

La justificada indignación crece, y en medio de todo no faltan aquellos que intentan sacar provecho electoral de la desgracia, sin importar el dolor de quienes han perdido hijos, nietos, hermanitos o que esperan su curación en medio de sufrimientos atroces.

Panistas embozados han repartido volantes de casa en casa, en los que se intenta vincular a los candidatos del PRI, Alfonso Elías Serrano, a la gubernatura, y a Epifanio Salido, al municipio de Hermosillo, con los dueños de la guardería siniestrada.

Sin respeto por el dolor de las familias y en un gran oportunismo político, los deudos y afectados exigen justicia y no maniobras políticas.

La actuación de las autoridades es y ha sido una comedia de enredos. El miércoles 10 de junio el procurador federal de la República, Eduardo Medina Mora, emitió un primer reporte oficial de las investigaciones, que no ofreció ningún elemento distinto a los que ya se conocían.

Dijo que el incendio tuvo su origen en la nave industrial que albergaba dos bodegas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sonora y que se generó por el sobrecalentamiento de un aparato de enfriamiento de aire.

Pero el "señor procurador" tuvo a bien afirmar que "el hecho no fue intencional", por lo que podrían configurarse "delitos culposos", por los que "nadie iría a la cárcel",

Sus "ingenuas" revelaciones avivaron la indignación entre quienes perdieron un hijo y ante la sociedad, lo que para muchos fue como una exculpación anticipada de los posibles responsables.

Días después, el funcionario cercano a Los Pinos rectificó y se comprometió a que pronto se "llevará a la cárcel a los responsables", a pesar de que sigue sin haber resultados.

Por su parte, el director del IMSS, el asustado Daniel Karam, tuvo que desdecirse de sus primeras declaraciones respecto a que todo funcionaba a la perfección en la guardería subrogada por ese instituto, para reconocer después que había serias irregularidades.

Las tardías renuncias de Antonio Salido Suárez y Alfonso Escalante Hoeffer, copropietarios de la guardería ABC, así como la destitución del delegado del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, no han sido -ni serán- de ninguna manera medidas suficientes para atenuar el descontento.

Detrás de todo se percibe el fétido olor de la impunidad y un desbordado tráfico de influencias.

Corrupción, incompetencia, indolencia e ineficiencia han sido los factores que abrieron paso a la tragedia.

Las autoridades federales han aplicado una medida común, -después del niño ahogado tapan el pozo- el IMSS ya anunció la cancelación de la licitación de 78 guarderías subrogadas, sistema que absorbe más del 70 por ciento del gasto del instituto para ese servicio.

Por cierto, ese esquema creció sin control durante el "gobierno" de Vicente Fox, pues en 2001, a menos de un año de su gestión, de 692 guarderías subrogadas, se llegó a mil 163 bajo el criterio de "changarrización" y de hacer "negocitos" de un servicio público; actualmente existen mil 562, de las cuales, sólo 11 son operadas directamente por el IMSS.

¿Se sabrá algún día la verdad, sin importar cargos, parentescos, ni compromisos políticos? ¿Qué es lo que buscan ocultar la PGR y el IMSS, así como el Gobierno del estado de Sonora? ¿Por qué la tardanza en ofrecer resultados y las constantes contradicciones entre autoridades locales y federales?