Opinión / Columna
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Vanguardia Política
Aurora Berdejo
22 de junio de 2009
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*La hora final de AMLO; elecciones ¿a tribunales?; combatir abstencionismo
Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador para "resolver" el conflicto de la candidatura del PRD a la jefatura delegacional de Iztapalapa, marcó su hora final y no fue una acción aislada o porque el tabasqueño -según se dice- hubiera "enloquecido" o se convirtiera en una "caricatura de la democracia", como lo calificó ayer el senador Santiago Creel. Esta situación tiene antecedentes que se remontan al 30 de julio del 2006, cuando AMLO instaló un plantón del Zócalo capitalino hasta la Fuente de Petróleos en protesta por el fraude electoral en las elecciones presidenciales. En esa coyuntura -estiman los especialistas-, el tabasqueño vendió su movimiento echando por la borda así, la oportunidad de haberse convertido en el líder de la izquierda en México.
Para Javier Oliva Posada, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el conflicto en Iztapalapa, puso la muestra de lo que nos espera después del 5 de julio. Un proceso poselectoral plagado de casos que pretenden demostrar abusos, anomalías, manipulaciones de los datos en las casillas, exceso de gastos en publicidad, irregularidades en la transmisión de spots, en fin, una cauda de causales para lograr lo que no pudieron en las campañas: ganar las elecciones en los tribunales.
Esta ha sido una práctica que viene dándose en México. De allí la disputa entre grupos políticos y partidos, para lograr colocar en un lugar determinado a personajes afines o al menos no militantes en contra. Y este es un muy grave problema porque evidencia un síntoma inequívoco de que la justicia en México puede y está sujeta a las presiones o articulación de intereses que sobrepasan en materia electoral, la decisión de los electores.
Si el voto en blanco o la anulación del sufragio es un problema por la calidad de las campañas y el perfil de los candidatos, ahora habrá que sumarle la parcialidad e incluso beligerancia, de las autoridades electorales, quiénes son el último y definitivo dique para garantizar el pleno respeto a la voluntad de la ciudadanía.
Muchos son los políticos y operadores del gobierno que esperan lograr una recomposición de la próxima Cámara de Diputados a partir del litigio y del contencioso electoral. Se puede argumentar que al final se trata de un recurso que contempla la ley, pero al igual que muchas situaciones legales en materia electoral, son en principio elementos que fundamentan o condicionan la legitimidad de los ganadores y del proceso electoral mismo.
De allí que la conducta a observar de los Consejeros Electorales y de los Magistrados electorales, en todos sus niveles y ámbitos de competencia, pueden ser la mejor garantía para que los resultados sean acorde con lo que estipula la ley así como por la responsabilidad de decidir conforme a derecho y no apegados a consignas y presiones.
Para Gustavo Adolfo Morlet, resulta preocupante que en las pasadas elecciones para elegir diputados y ayuntamientos en Guerrero, celebradas el 5 de octubre del 2008, haya habido un 49.97 por ciento de abstencionismo, que sumado al 3.09 por ciento de votos nulos, representa el 53.87 por ciento del total de 2 millones 268 mil 717 de ciudadanos inscritos en la lista nominal (con credencial de elector) que no eligieron un candidato, esto es, más de la mitad.
En un artículo que se publicó en diciembre de 1990, que aparece en el libro "Opinión Jurídica", de la autoría de Morlet, escribió que había tres tipos de abstencionismo electoral: El pasivo, cuando el elector no asiste a las urnas; el activo, cuando sí asiste pero anula el voto y el cautivo, cuando el ciudadano no tiene credencial de elector y por ello no puede sufragar.
Desde entonces señaló que era indispensable combatir estas tres clases de abstencionismo, por parte de los partidos políticos y autoridades electorales. Los primeros porque "tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática" de nuestro país y las segundas, por ser las responsables de organizar las elecciones, esto, de acuerdo con el artículo 41 constitucional.
A nivel nacional, el abstencionismo va en aumento y ello se debe a las "campañas sucias", por lo que son plausibles las recientes reformas electorales, que también por cierto, las propuso Morlet en el referido libro, y se refieren a la prohibición de contratación de propaganda electoral en los medios de comunicación; costosísimas para el erario y eran sólo en ataques a la vida privada o personal de los candidatos, a base de difamaciones, calumnias y ofensas, que no contribuían a promover el voto. Otra razón, es el hecho de que no haya buenos candidatos o se trate de los mismos o de sus familiares o bien, de la cúpula partidista. El "hartazgo ciudadano" será la causa del mayor abstencionismo en la historia electoral de México.
* La sección de Adriana
***Al referirse al IX Reporte Anual sobre el Tráfico de Personas en el mundo, recientemente presentado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en el que entre otras cosas se afirma que "el Gobierno de México no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas", el senador Manlio Fabio Beltrones reconoció que en México el gobierno calderonista no ha avanzado como debiera en esta materia, a pesar de que se ha legislado para combatir con decisión ese delito.
***Mientras algunos defienden al gobernador de Sonora, Eduardo Bours y otros piden la cabeza de quien resulte responsable de la tragedia que tiene enlutado a México, el director del IMSS, Daniel Karam ya interpuso dos demandas civiles, la primera contra el dueño del predio donde se ubica la guardería "ABC", al parecer el Gobierno estatal, y la otra, contra los dueños de la subrogada guardería. Todos ellos tienen dos características comunes, una que son gente allegada al Gobierno de Sonora y la otra, que hasta el 5 de junio parecían intocables gracias a la protección de Bours.
aurora_berdejo@yahoo.com.mx
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