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  Desde la aplicación del primer operativo en contra del narcotráfico en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a tan sólo 23 días de haber iniciado su gestión, el Gobierno de la República ha evidenciado que si bien hay claridad en las metas, no la hay en la forma para alcanzarlas. En esta semana que concluye, otra vez hubo una designación presidencial importante, que es la del nuevo Comisionado de la Policía Federal, que a su vez se trata de una nueva corporación creada luego de la modificación al marco jurídico correspondiente, avalada por las Cámaras de Diputados y Senadores.

En su edición de ayer, El Sol de México dio cuenta de dos datos impactantes relacionados con los operativos y acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. Primero, que la cifra de asesinatos y muertos en enfrentamientos en lo que va de la administración federal, alcanzó los 3 mil. Segundo, que un elevado 73 por ciento de la ciudadanía, percibe que no hay mejoría en la seguridad pública. La encuesta presentada por la empresa Mitofsky, encargada por la organización México Unido contra la Delincuencia, demuestra que también la aprobación para la participación del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas es de un 48 por ciento contra el 53.9 por ciento del mes de noviembre del año pasado.

Es cierto que las encuestas son una herramienta de análisis. Como tal, son una referencia del ánimo que clasifica a la población ante una situación determinada. La suposición de uso electoral de las actividades gubernamentales en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, no tiene sentido si se atienden a los bajos resultados en cuanto al establecimiento de una normalidad institucional así como de la percepción de la ciudadanía en cuanto a los logros en la materia. La ya larga serie de reformas jurídicas, la constante remoción y nombramiento (cuando no detención) de funcionarios federales y locales de primer nivel, medidas y programas firmados ante la opinión pública, son medidas insuficientes para la recuperación del clima de paz social.

La evidencia de los resultados parciales, aún están lejos de propiciar un ambiente de tranquilidad para generar inversiones, empleos y el pago de impuestos, así como para invitar al ciudadano a votar el 5 de julio. En este punto, la relación entre la satisfacción con la democracia y la sociedad, se vuelve crucial para la salud misma de la democracia pero más todavía respecto de la confianza que generan las instituciones cuya función de estabilización implica la viabilidad del régimen y sistema políticos. La pregunta incómoda de ¿en qué beneficia la democracia al ciudadano? Requiere de respuestas centradas en demostrar las mejoras palpables en la calidad de vida.

Esta situación es el punto crítico en el que se debaten los gobiernos y Estados latinoamericanos, incluido por supuesto, el caso de México. Hay elecciones, partidos políticos, Congresos y legisladores, Presidentes de la República electos, marco jurídico y normativo de las competencias y campañas electorales, acceso a los medios de comunicación. No obstante todo esto, la inestabilidad, las movilizaciones, las protestas, también persisten. La falla institucional entre el ser y el deber ser de nuestra democracia, radica en la capacidad y oportunidad para crear las condiciones de desarrollo de las potencialidades del individuo.

El gran faltante, lo encontramos en la ausencia de políticas para generar ciudadanía. Mientras persiste el debate sobre el voto en blanco y anulado, el dramático deterioro del clima de convivencia en el país, sigue cuesta abajo. Desempleo, sistema judicial ineficiente, incremento en los índices de criminalidad y percepción de fragilidad institucional por parte de la población, nos señalan que la discusión política va por un camino y las expectativas sociales, van por otro.

javierolivaposada@gmail.com