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  Cuatro pandilleros estaban esperando el tranvía. Mi colega y un servidor estábamos esperando abordar dicho camión porque decidimos usar el transporte público en lugar de pagar una enorme cantidad de dólares en un taxi para que nos llevara al hotel. Hicimos una escala en la ciudad de San Francisco, al regreso de la reunión interparlamentaria de México con Estados Unidos.

Los cuatro personajes en cuestión eran: un chino, un negro, un mulato y un hispano. Todos ellos usaban guantes negros. Mi colega sugirió que mejor camináramos para no abordar el tranvía junto con ellos. El resto de los pasajeros que estaban esperando el camión era un grupo de "mojados" que, en notorio español, decidieron tampoco abordar el transporte e irse a pie. Nosotros caminamos un poco y ante la lejanía del hotel y la falta de taxi, decidimos subirnos al camión en la tercera parada, cuando ya hubiera más gente a bordo.

En la cuarta parada que hizo el camión, el conductor dio aviso a un oficial de que había cuatro pandilleros en su unidad, por lo que el policía se subió y les ordenó a dichas personas que se bajaran. Ellos alegaron que no habían hecho nada (el conductor dijo que lo habían intimidado para no pagar), pero el oficial dijo: no importa, por precaución y en respuesta a la solicitud del chofer, "les ordeno que se bajen". Después de cinco minutos de alegato con los pandilleros, el oficial dijo por fin: "o se bajan, o en este momento los arresto y los meto en la cárcel por desobedecer a la autoridad". Ellos se bajaron inmediatamente, y el tranvía siguió su marcha.

Yo me quedé pensando: ¿Qué hubiera pasado si esa escena se hubiera dado en nuestro país? La respuesta obvia surge a la mente de manera inmediata. Yo le dije a mi colega: "un solo policía, con el poder de su palabra, bajó a cuatro pandilleros del camión". Mi amigo contestó: "¡Claro!, este tipo tiene al aparato de Estado atrás de él. Y tiene razón".

Existen discusiones muy amplias que defienden desde un Estado benefactor o paternalista, hasta un Estado mínimo. En cualquiera de los casos anteriores, la visión hobbesiana del Estado es clara: la seguridad como condición sine qua non. No importa si el Estado es dueño de muchas o pocas empresas, no importa si tiene muchos o pocos ministerios; importa más que el Estado provea seguridad a sus ciudadanos. De hecho, importa más que los ciudadanos reconozcamos la autoridad del Estado y los límites que nos imponen las leyes.

La seguridad de la que estamos hablando fue definida ya hace varios siglos por Thomas Hobbes como la espada del Leviatán, que ponía a cada quien en su lugar si es que no cumplía con las normas establecidas. Hoy en día, dicho pacto sigue vigente. Pero, además, de la espada, el Estado tiene la obligación de brindar seguridad a sus ciudadanos en otras formas: por ejemplo, poniendo sumo cuidado en las revisiones que hace a las guarderías, o en las disposiciones para que las aerolíneas puedan volar con estándares de seguridad aceptables. Todo ello, además de las funciones policiales o militares, es responsabilidad del Estado y es su compromiso con la seguridad de los ciudadanos, fin último del contrato social.

Pero también se requiere que los ciudadanos del Estado reconozcan la autoridad y la respeten. Nosotros como ciudadanos debemos saber y aceptar que la ley nos impone límites que debemos respetar y cumplir. La autoridad de un policía no se debe cuestionar. Para ello existen en la democracia, diversos mecanismos como el juicio de amparo, para proteger a los ciudadanos de los actos unilaterales e injustos de la autoridad. Sin embargo, cuando los cuerpos policiacos son corruptos, o bien, son justamente criminales con placa de autoridad, entonces, no queda mucho margen de maniobra, ni para la autoridad ni para los ciudadanos. En este caso, quien sale perdiendo es la vida institucional del Estado. Tendremos que pensar y diseñar los mecanismos para darnos, unos a otros, ese margen para que la ley se respete y la corrupción se termine.

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* Maestro en Ciencia Política y Medios de Información.