Opinión / Columna
 
El Observador Parlamentario 
Antonio Tenorio Adame 
29 de mayo de 2009

  * ¿Detención de ediles para restablecer "presidencialismo autoritario"?

* La "colaboración de izquierda" resulta en "el derecho del enemigo"

La detención de diez presidentes municipales en Michoacán modificó rigurosamente el clima político electoral. ¿Las elecciones del cinco de julio se proyectan para abolir la "transición democrática"? ¿Cuál es la responsabilidad de los ediles?

Por encima de valorar entre asegurar el éxito de una operación policial propia de su magnitud, con relación al costo político de romper el equilibrio de las soberanías entre la Federación y la entidad; o de la afectación a un partido político de oposición; o el ataque masivo a la izquierda; por encima de todo el objetivo medular consiste en revertir la transición democrática alcanzada.

La infiltración del narcotráfico en las esferas de Gobierno municipal, se había dado a conocer por el propio gobernador, Leonel Godoy a principios de su administración al secretario de la Defensa, hace quince meses, sin embargo, el operativo policial se aplica, hasta ahora, en el frágil periodo de campañas.

Las elecciones del cinco de julio próximo son un punto de quiebre que permita restablecer las líneas de control político prevalecientes en el pasado: el presidencialismo autoritario.

Se sospecha, del fracaso de la transición democrática que desvaneció el poder autoritario unipersonal para depositarlo en las 32 entidades del país con el sacrificio consecuente de la sociedad de abrir el paso al torrente de la narcoviolencia.

Para recuperar el añoso sistema autoritario de partido único sobre la democracia electoral, pluripartidaria y de alternancia pero multipolar en el control del mercado de los estupefacientes, se requiere entonces de una vuelta al Presidencialismo del autoritarismo personal y de partido único.

En su largo trayecto el sistema político ha utilizado diversas políticas para mantener desde el federalismo un sistema unitario y un poder hegemónico, como ocurrió con el poder militar, la separación de la Iglesia, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, o la educación laica.

Es hasta ahora que se aplica la impugnación penal, con su expresión de control del narcotráfico, cuando aparece la nueva hegemonía. Como "gran Leviatán" que nos amenaza.

Ya no sería el partido hegemónico el PRI, acusado de corrupto, ilegal y represor, tampoco el PRD coludido en el narcomenudeo, sino el PAN vinculado al oscuro horizonte de los tratados internacionales y acuerdos bilaterales de seguridad del hemisferio norte con los Estados Unidos.

La izquierda, como la oposición han colaborado con las reformas penales desde 1995 en que se estableció "el crimen organizado" diseñado en categoría judicial. En esta nueva teoría se incorporaron conceptos de frontera diluida con la penalización o judicialización de la política, como ahora ocurre. Por eso la izquierda no puede llamarse a sorpresa, con acontecimientos como los ocurridos en Michoacán donde se aplica "el derecho del enemigo" a discreción.

El cinco de julio se votará por restablecer el anquilosado Presidencialismo-autoritarismo. Las 32 hegemonías de los estados se verterán en el hombre de "Los Pinos".

* Comisión permanente: la libertad de expresión

La Comisión Permanente guardó un minuto de silencio en memoria del reportero del diario La Opinión, de Torreón. La propuesta fue del diputado de Convergencia José Manuel del Río Virgen.

La Comisión Permanente abordó el ataque a la libertad de expresión que encierra el premonitorio asesinato de Eliseo Barrón Hernández, periodista de La Opinión, de Torreón.

Al respecto, el diputado del PRI, César Duarte Jáquez, se manifestó en particular porque son señales de impotencia del Estado en su falta de capacidad para otorgar garantías al ejercicio del periodismo.
 
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