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  Ya se ha dicho millones de veces: son tan inmensas las ganancias del negocio de producción y comercio de drogas ilegales, que quienes se dedican a esas actividades pueden cooptar a policías, agentes del Ministerio Público, jueces, gobernadores, militares, funcionarios y empleados gubernamentales de todos los niveles. Esta cooptación permite el funcionamiento fluido y creciente del negocio.

Y esto ocurre en todo el mundo, no nada más en México. Y acontece en toda la República mexicana, no solamente en Michoacán. ¿Por qué, entonces, en vísperas de las elecciones de diputados federales y de otros cargos se da el operativo michoacano?

¿No hubiera sido igual de fácil, o más, hacerlo y con mayor razón, por ejemplo en Tamaulipas o en Morelos? ¿Por qué Michoacán? Porque, como siempre, debajo de la apariencia de una acción legal, se esconde una motivación política.

¿No detuvo el Ejército a principios de 1989 a Joaquín Hernández Galicia, alias la Quina, en una burda operación política en Tamaulipas que buscaba castigar a un enemigo político, incluso con un cadáver traído exprofeso desde Nuevo León, para dar sustento aparentemente sólido a las acusaciones contra el líder caído en desgracia?

¿Y ya se olvidó el caso de Jorge Díaz Serrano, también acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de diversos delitos, para que así pagara su osadía de haberse opuesto a la candidatura presidencial de Miguel de la Madrid?

Sobran experiencias y evidencias de que la PGR es el brazo político del gobierno federal en turno. Y es público e histórico el conocimiento de que esa dependencia se encuentra dominada por la más extendida y profunda corrupción.

Con estos antecedentes, que tienen carácter de axioma, ¿por qué entonces creer que esta vez, esta única vez en Michoacán, la PGR actúa honradamente? Es mejor para el ciudadano no engañarse. Y entender rápidamente que los hechos michoacanos son acciones políticas que nada tienen que ver con el combate a la droga o la recta aplicación de la ley.

Habiendo entendido esto, ahora hay que preguntarse por las motivaciones políticas del escandaloso operativo michoacano precisamente en vísperas de las elecciones. Y la primera respuesta llega enseguida: golpear y exhibir a un gobierno perredista, acto que, esperan sus planeadores, tendrá efectos en los inminentes comicios. Porque no debe olvidarse que las bases perredistas suelen dar serios dolores de cabeza a la cúpula del poder. Y siempre será bueno un tratamiento preventivo contra posibles insurrecciones electorales.

Pero hay más. Con el aparatoso operativo se manda un mensaje a la cúpula priísta: "Nada de albergar ilusiones sobre un eventual regreso a Los Pinos. Las cabezas tienen cola. Podemos negociar todo, excepto la banda presidencial".

Nada hay de qué sorprenderse. Siempre que un gobierno de extrema derecha llega al poder, ya no lo suelta nunca. A menos, claro está, que como en los casos de Pinochet o Stroessner, por poner los ejemplos paradigmáticos, lo disponga así Washington, harto de las malas cuentas, los horrores, el desbarajuste y el desprestigio de los subalternos.

La sucesión presidencial ya está decidida. Se ignora todavía el nombre del hombre. Pero ya se sabe bien el del partido. Igualito que en el viejo régimen que muchos creyeron muerto y enterrado con la alternancia del año 2000. Eliminado prematuramente el favorito, cualquiera puede llegar al máximo peldaño. Pero como en el viejo priato, lo central no es el hombre, sino conservar el poder. Así que, como Dante a las puertas del infierno, puede decirse a las dos o tres cabezas visibles del priísmo: "Abandonad toda esperanza". Y si no lo hacéis, la PGR y el ejército os obligarán a renunciar a ella.

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