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  Organizar la administración pública en función de la coyuntura y legislar de emergencia, son dos síntomas del mismo padecimiento: la improvisación. El acto de gobernar, a lo largo de la historia, ha sido siempre un verdadero problema cuando se pretende ser más popular que eficiente en el desempeño de los cargos. Esa tendencia ha dado pie a la formación de tendencias autoritarias e impresionantes aparatos propagandísticos que son los soportes estructurales de las expresiones más visibles que consideran a la política como una larga secuencia de circunstancias inconexas. La suerte aparece como una verdadera variable de análisis. Por eso, inventar realidades es una tentación ante el vacío del futuro y la responsabilidad propia.

La disfunción estructural del Estado latinoamericano y del mexicano en particular, tiene hondas raíces en la historia. De origen, las administraciones diseñadas para proporcionar los recursos propios y generar los proyectos de desarrollo, nunca han funcionado. No menos grave, es la incapacidad para generar las condiciones de paz social en todo el territorio. Es lo que en su ya clásico libro Peter Waldmann denomina como el "Estado anómico" (Ed. Vervuert). Es decir, que no tiene la capacidad para autorreproducirse en condiciones de normalidad. Así, vemos con dramática frecuencia, que el poder público, lejos de ser una fuente de legitimación del Estado, es justo lo contrario: el abuso y la corrupción dan paso a conductas que vulneran la continuidad de la paz social.

La forma en que se han adoptado las medidas legales, políticas, presupuestales, administrativas y de comunicación social, no dejan lugar a dudas. Las respuestas tácticas, operativas, si bien son muy importantes, también son parciales. Por tanto, como directa consecuencia, también lo son sus efectos y duración en el ánimo del sistema social. Así, que como consecuencia de los impresionantes operativos en Morelos y Michoacán, la duda radica en si con esas aprehensiones, si con esos efectivos y precisos trabajos de inteligencia, serán suficientes para cortar la circulación de estupefacientes y dinero ilícito. Incluso, podemos cuestionarnos si con las políticas hasta ahora adoptadas, se vislumbra un auténtico debilitamiento del negocio del narcotráfico.

Nadie puede discutir que debía actuarse con severidad y oportunidad. La pregunta es si había una estrategia de largo plazo planteada. Porque una de las responsabilidades básicas del Estado es proporcionar certeza jurídica personal y patrimonial al ciudadano. Pueden haber situaciones de excepcionalidad, pero son eso: excepcionales. Suponer que se trata de un problema permanente, es tanto como reconocer que el Estado es el principal violador de los derechos humanos. Cosa que en nuestro país, pasa. Entonces, la actuación de las fuerzas del orden, de forma muy notable el Ejército Mexicano, deberá irse acostumbrando a desempeñar un nuevo papel, que de ninguna forma tiene que ver de manera central y en el largo plazo, con su misión y adiestramiento. Menos aún con su doctrina y organización. Por eso es que suponer que la adopción de leyes bajo una circunstancia de irregularidad, lo que hace es reconocer y darle acta de naturalización, a esa situación irregular, cuando dar seguridad pública eficiente es una de las funciones básicas del Estado mexicano o de cualquier otro. No hay más que observar, que en tanto la paz pública es la base para un clima de desarrollo, también el Estado, el Gobierno y la administración, pueden planearse racionalmente las siguientes etapas para el país.

Acostumbrarnos al "nunca había pasado" es la puerta para el deterioro del clima de convivencia entre gobernantes y gobernados.

javierolivaposada@gmail.com