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  El rechazo popular a la clase política, parecen no advertirlo los legisladores ni quienes toman las decisiones en el país. A pesar de que la crisis económica es consecuencia del mal manejo de las finanzas públicas, esa runfla de ladrones responsabiliza al virus A-H1N1 del actual colapso financiero y se sacó de la chistera que para salir del problema se requiere aplicar el IVA generalizado.

Los gobernantes mexicanos se han caracterizado por la imposición de gravámenes tan arbitrarios y absurdos como los establecidos por Antonio López de Santa Anna que, en el siglo XVIII, obligó al pueblo a pagar un Real por cada puerta, cuatro centavos por cada ventana, dos pesos por cada caballo robusto y un peso por los caballos flacos y por cada perro.

Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) se impuso el cobro de peaje en la autopista México-Cuernavaca que dejaría de pagarse cuando concluyeran los trabajos de remodelación, programados para 1955. Nunca se cumplió tal medida y esa recaudación, en la actualidad, se aplica al 75 por ciento de la red carretera nacional.

El descuido en el mantenimiento de las autopistas, solapado por los gobiernos a los concesionarios, ocasionó que, de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, las carreteras mexicanas fueran las más caras y las peores del mundo. Transitar un kilómetro puede costar hasta un dólar, cuando en naciones como Brasil, Argentina y Chile se paga menos de la mitad.

Una medida igual de impopular fue impuesta por Gustavo Díaz Ordaz en 1965, para allegarse recursos para la celebración de los Juegos Olímpicos, que se efectuaría tres años después, estableció el cobro de tenencia vehicular. Cada candidato a la presidencia, incluido Felipe Calderón, promete eliminarla durante su mandato.

La administración actual se comprometió a desaparecerlo antes de 2010, pero aún no envía ninguna propuesta a la Cámara de Diputados y los gobernadores priístas se oponen, porque son los principales beneficiados.

* En México se impuso un gravamen europeo

La carga fiscal a los vehículos es exagerada e injusta. Primero, al comprar un auto de agencia, el Gobierno local cobra un impuesto por auto nuevo, además del IVA, que recauda la Secretaría de Hacienda. Si es usado, al realizar el cambio de propietario, se paga otra tributación.

Por si eso fuera poco, del precio de cada litro de gasolina, casi cuatro pesos son para el Gobierno de la República y, en el caso del Distrito Federal, también se cobra un centavo para la conservación de la ecología, sin que la administración capitalina transparente el destino de esas captaciones.

Si se siguen sumando cobros hacendarios a los propietarios de vehículos, también están el emplacamiento, la tarjeta de circulación y verificación vehicular. Además, del IVA por autopartes, refacciones y reparaciones.

En 1966 los seis países que entonces conformaban la Comunidad Europea acordaron establecer un impuesto del diez por ciento a los bienes de consumo, que se destinaría para solventar los gastos para la organización y consolidación que ese grupo económico requería. El gravamen fue conocido como IVA.

Imitando el modelo del Viejo Continente, pero con fines muy distintos, José López Portillo impuso el mismo porcentaje en México en 1978, pero por complicaciones en el reetiquetado, la expedición de facturas y la declaración empresarial se aplicó hasta 1980.

El argumento dado por el exmandatario fue que el país requería mayores recursos para nuevas obras públicas, fue mentira porque durante su administración disminuyeron en un 80 y se detuvo el desarrollo de la Nación.

Para el Presupuesto de Ingresos de 1983, el primero elaborado por el neoliberal Miguel de la Madrid, el IVA aumentó del diez al 15 por ciento y se establecieron otros impuestos más a las zonas fronterizas "para impulsar el mercado interno y evitar la competencia desleal", señaló el entonces presidente. Se aplicó también una tasa especial del 20 por ciento a los llamados "bienes suntuarios o de lujo", que 17 años después revivirían los panistas.

Para 1991, cuando la popularidad de Carlos Salinas de Gortari se encontraba en su punto más alto, disminuyó en un cinco por ciento el Impuesto al Valor Agregado, con el fin de aumentar el consumo de la clase media, sector que siempre procuró. La medida fue bien recibida y dio excelentes resultados, hasta que Ernesto Zedillo llegó a Los Pinos decidido a terminar con cualquier propuesta salinista y lo regresó al 15 por ciento, en 1995, para que su administración amortiguara los "errores de diciembre".

* Los Pinos producen amnesia a los presidentes

Los ataques en contra de los más pobres aumentaron con la llegada del gobierno empresarial foxista. De inmediato, su secretario de Hacienda resurgido del salinismo, Francisco Gil Díaz, insistió, pero siempre fracasó, en que debería desaparecer la tasa cero y gravar todos los productos de la canasta básica, incluidos medicamentos y alimentos.

Vicente Fox, sus cómplices y colaboradores, olvidaron que llegaron a Los Pinos gracias al voto de la clase media y alta y hasta baja, porque en campaña el exmandatario guanajuatense siempre se dirigió a los electores de modo popular y, en ocasiones, vulgar para ganarse la simpatía de los "jodidos" como los llamó. Prefirió cumplir con los hombres del dinero.

En 2001, cuando los priístas apenas asimilaban que, en las urnas, un panista los había echado de Los Pinos, los diputados del tricolor aprobaron una miscelánea fiscal con dedicatoria, que pretendía perjudicar a Vicente Fox, al gravar con 15 por ciento todas las botas de piel, y a Diego Fernando de Cevallos al imponer una tributación especial a los puros.

A los legisladores del tricolor les salió el tiro por la culata porque sus adversarios siguieron utilizando el mismo calzado y fumando los mismos puros. Los más perjudicados fueron los campesinos y obreros, que no compran huaraches o tenis para trabajar, sino botas de las llamadas texanas o militares, fabricadas con piel animal.

Al año siguiente desaparecieron esos impuestos por impopulares y arbitrarios, aunque después gravaron lo que llamaron "alimentos de lujo" como el salmón, el salami, el caviar y el bacalao, entre otros. Los restauranteros se ampararon y la Suprema Corte declaró improcedente esa tributación.

Cuando Felipe Calderón llegó a la Presidencia, fue cauteloso al no proponer en su primer año de gobierno el gravamen a medicamentos y alimentos. Pero eliminó la deducción de impuestos por gastos médicos, comidas y colegiaturas.

* Calderón quiso gravar el intelecto

Sabiendo que el nivel de lectura del pueblo mexicano es de menos de un libro al año, Felipe Calderón intentó gravar con el diez por ciento la venta de todos los textos, incluidos revistas y periódicos. Por fortuna, el reducido grupo de lectores impidió tal barbaridad.

En represalia, el mandatario panista trató de disminuir (y tampoco lo consiguió) a casi la mitad el presupuesto de las universidades públicas, la investigación científica y la promoción de la cultura y aumentar hasta tres veces el de policías, Ejército y Marina.

Los impuestos son la principal fuente de ingresos para el Gobierno pero disminuyen los ingresos de los trabajadores y aumentan el precio de los bienes y servicios.

El contador Juan Pablo Guerrero Amparán, especialista en presupuesto y gasto público, señaló que "la existencia de la tributación al consumo se justifica porque, en principio, el Estado le devuelve a la sociedad esa extracción impositiva a través de bienes públicos, como la educación, los servicios de alumbrado, la impartición de justicia y seguridad..."

Los servicios que deben garantizar los gobiernos de todos los niveles a la ciudadanía son de pésima calidad. Las calles están oscuras, el asfalto es de pésima calidad y lleno de baches, las escuelas son edificios obsoletos, (hace 15 años se inauguró el último plantel), la impartición de justicia es iniquitativa y lenta y, por último, la ciudadanía está desprotegida porque los cuerpos policíacos que debe garantizarle seguridad, fueron penetrados por el narcotráfico y el crimen organizado.

Pese al incumplimiento de sus obligaciones, los gobiernos de todos los partidos se han convertido en recaudadores de impuestos. Cuando necesitan más dinero para gastarlo en viajes, autos o lujos, basta enviar al Congreso una reforma a la miscelánea fiscal para imponer nuevos gravámenes.

El lunes pasado, Ernesto Zedillo demostró que sigue sirviendo a quienes entregó el poder en el 2000 por órdenes de la Casa Blanca. El expresidente pidió a los políticos, legisladores y gobernantes asumir el costo político de aprobar reformas impopulares, como una reforma fiscal para aplicar nuevos impuestos.

¿De qué sirvió grabar el peaje, las gasolinas, la tenencia, el Impuesto Patrimonial ahora llamado Sobre la Renta, y toda esa carga impositiva? Hasta el Gobierno de Luis Echeverría, el crecimiento de la infraestructura fue una realidad. Actualmente, la capital de la República es la entidad donde se ha realizado más obra pública y el resto del país va a la zaga.

Zedillo afirmó que "sería engañarnos si se piensa que la situación se resolverá con buenos deseos, con fantasías o castillos en el aire". Pero esa es la única forma de gobernar que conocen los políticos mexicanos.

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