El tiempo utilizado por los medios de comunicación, durante las dos últimas semanas, para informar sobre el brote de la influenza porcina, ahora llamada humana, fue excesivo. Sólo consiguió aumentar el pánico en todo el orbe y desató el racismo contra los mexicanos, que nunca antes había existido.

Para prevenir cualquier epidemia, ninguna medida resulta excesiva. Lo peligroso es el mal manejo de la información.

Aunque tardíamente, los Gobiernos de la República y estatales lograron frenar la propagación del virus, pero lo consiguieron gracias a que el duopolio televisivo cedió sus espacios noticiosos y de entretenimiento para hablar exclusivamente del mal que amenazaba con extenderse por todo el país.

Como siempre ocurre al terminar cualquier desgracia, jamás se conocerá el número exacto de muertos por el A/H1N1 en México. José Córdova Villalobos, secretario de Salud, reconoció que oficialmente, hasta ayer, iban 45 y que de los 77 fallecidos antes de conocerse el nuevo virus, fue imposible guardar muestras para comprobar las causas de la defunción.

Adelantándose a que la Organización Mundial de la Salud avalara y decretara el control de la influenza, el presidente Felipe Calderón señaló que el país había "defendido a toda la humanidad". Empero, el optimismo del mandatario no es compartido por la ciudadanía que aún duda la existencia del virus y cree que sólo se trató de un engaño mediático, para ocultar algún acuerdo o reforma antinacionalista.

A pesar de la desconfianza de muchos, la popularidad de Calderón aumentó considerablemente en las dos últimas semanas. Luego del fracaso en el combate al crimen organizado y el narcotráfico emprendido desde el inicio de su sexenio, el 70 por ciento de la opinión pública considera que el mandatario actuó oportuna y correctamente para erradicar el virus de origen porcino.

Mientras los mexicanos dudaban entre hacer caso a las recomendaciones sanitarias o ignorarlas, los legisladores, temerosos de contraer "la influenza porcina" y ansiosos por abandonar el recinto para iniciar sus campañas electorales en busca de otro cargo de elección popular, diputados y senadores votaron apresuradamente modificaciones constitucionales. Unas buenas y otras que no se sabe cómo resultarán.

* Los diputados no sabían que votaban

Ocupados en informar a la población sobre las medidas para evitar el contagio y reportando la ruta que seguía el virus por el mundo, los medios de comunicación apenas y dieron cuenta de importantes reformas a las leyes General de Salud; de Adquisiciones y Obras Públicas; así como la promulgación de la Ley de la Policía Federal y de la Extinción de Dominio. De igual manera, se modificaron los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.

Sin conocer correctamente el contenido de las propuestas, el pasado 30 de abril, última día de sesión de la Sexagésima Legislatura, los diputados votaron importantes modificaciones que impactarán al orden jurídico, especialmente porque aprobaron la llamada "Ley de Narcomenudeo".

Sorpresivamente para muchos defensores de la despenalización del consumo de drogas, se hicieron modificaciones a la Ley de Salud que permitirán "incrementar de dos a cinco gramos de mariguana los que podrá portar una persona para su consumo...", según el Diario de Debates.

De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del recinto de San Lázaro, el priísta César Duarte, la reforma es un paso significativo para que socialmente el adicto a sustancias tóxicas sea tratado como un enfermo y no como un delincuente.

Según la Organización Mundial de Salud, de cada 100 mexicanos, 11 son adictos a alguna sustancia prohibida. Pero sólo uno cuenta con los recursos económicos para pagar una terapia de desintoxicación en un hospital privado. Para el resto, aunque traten de reintegrarse a la sociedad, resulta casi imposible porque los programas de la Secretaría de Salud (SS) son insuficientes y de mala calidad.

Será la misma SS quien deberá elaborar un padrón nacional para la prevención y tratamiento de farmacodependientes y especifica que para ser considerado adicto, la dependencia deberá otorgarle previamente una identificación.

Con las leyes vigentes, ser consumidor es un delito tan grave como el de un narcotraficante. Por eso el adicto es tratado, detenido, enjuiciado y encarcelado igual que un vendedor de drogas al menudeo o un gran distribuidor. Ante tal cambio en la legislación, para diversos sectores conservadores, las reformas legalizaron el consumo de drogas.

* Mujeres convertidas en adictas y traficantes

Como toda ley ideada por el hombre, es perfectible. Para la diputada Elsa Conde, del partido Alternativa Socialdemócrata, "fueron ignorados y de nada valieron los foros sobre legalización de la mariguana en el Congreso, por lo que no habrá ningún progreso en los sistemas de salud ni de seguridad pública..."

Conde Rodríguez argumenta que faltaron cambios a la Constitución que obliguen a los Gobiernos, primero, a desaparecer la pobreza, la marginación y la desigualdad, principales causas de la drogadicción y, sobre todo, del narcotráfico y la corrupción, para después debatir la despenalización de algunas sustancias tóxicas.

Aunque los hombres son el grupo predominante en la siembra, el tráfico, distribución, venta y consumo de drogas, existe un creciente número de mujeres pobres que padecen la desigualdad social y, por hambre, se convierten en narcotraficantes o, en muchos casos, se vuelven adictas.

Esos son problemas para los cuales las reformas a la Ley de Salud aprobadas no ofrecen soluciones. Para resolverlos, se requiere del compromiso de políticos y de todos los órdenes de Gobierno.

Además del aumento en la portación personal de "canabis", otras sustancias que también fueron legalizadas en pequeñas dosis fueron: "dos gramos de opio, 500 miligramos de cocaína; 50 miligramos de heroína; 0.015 miligramos de LSD; 40 gramos de metanfetaminas" y otros fármacos.

Hasta el momento la Iglesia Católica no ha expresado su postura por las reformas a la Ley de Salud, aprobadas la semana pasada. Tampoco los grupos conservadores que se oponen a la despenalización de enervantes ligeros, como la mariguana.

Por su parte, los ultraderechistas del PAN, en voz del diputado Javier Bolaños, se inconformaron por considerar excesivas las cantidades de droga permitidas. Según especialistas de la facultad de Medicina de la UNAM, se autorizó lo máximo aceptado en cualquier otra parte el mundo, para que el cuerpo pueda expulsarlo en menos de 24 horas y no aumente la adicción.

* Es diferente vender que consumir

Desde la tribuna, el diputado perredista Fernando Mayans Canabal, aseguró que las dosis de drogas aprobadas no fueron las acordadas en comisiones, sino las impuestas por el Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Las visitas de las secretarias de Estado, Hillary Clinton, y la de Seguridad Interior, Janet Napolitano, de la Unión Americana, así como del presidente Barak Obama, en abril pasado, tuvieron como principal objetivo presionar al Congreso a aprobar las reformas judiciales que mantuvieran controlado el consumo y portación de drogas.

Aunque ya existían consensos para que la mariguana pudiera ser vendida en establecimientos autorizados por los Gobiernos estatales, la propuesta fue desechada por órdenes de la Casa Blanca, señalaron los legisladores perredistas, petistas, de Convergencia y socialdemócratas.

Las modificaciones a la Ley de Salud y a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, establecen que hasta la tercera reincidencia del adicto, detenido con dosis mayores a las permitidas, el Ministerio Público podrá exigirle integrarse a un tratamiento de desintoxicación.

Actualmente, cuando una persona es detenida con una pequeña dosis de cualquier sustancia ilegal o controlada, es remitida al Ministerio Público y sentenciada a recibir ayuda psicológica y médica, sin importar que sea un narcomenudista o alguien que por curiosidad compró la droga. A la primera reincidencia, es enviado al reclusorio y sometido a un juicio.

De acuerdo con el Diario de Debates, la reforma a la Ley de Salud establece que "se impondrá prisión de cuatro a ocho años y multa de 200 a 400 días de salario mínimo, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto establecido..."

Es decir, la nueva ley considera como consumidor a una persona que lleva consigo hasta cinco gramos de mariguana. Si transporta una cantidad superior a lo legalmente establecido, pero inferior a medio kilo, será un narcomenudista. En caso de que la cantidad sea mayor recibirá el trato judicial de un "capo" de la droga.

Al fin existen diferencias legales entre adictos, vendedores callejeros y los grandes narcotraficantes. Porque hasta hoy todos son remitidos a los reclusorios, donde los buenos se vuelven malos y los malos se vuelven peores.

* Se buscan nuevos policías en el país

Otros acuerdos positivos de las reformas a la Ley de Salud y a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales servirán para que los Gobiernos de la República y los estatales, conjuntamente, implementen campañas eficaces para la prevención del consumo de sustancias tóxicas, luego del fracaso de ese proyecto foxista llamado "Vive sin drogas" al que se le destinan millones de pesos anualmente y no reporta ningún beneficio para la sociedad.

De igual manera obliga a los organismos policiacos federales, estatales y municipales a combatir la venta de narcóticos al menudeo, a compartir información y a realizar conjuntamente operativos eficaces, porque los agentes federales cuentan con las armas y el gendarme de barrio sabe dónde se ocultan los delincuentes. Pero, sobre todo, obliga a las autoridades a tratar al consumidor como un enfermo y no como un delincuente.

Durante la última sesión del pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó, también en "fast track", la controvertida propuesta de Ley de Extinción de Dominio, que en San Lázaro ya había sido discutida, modificada y regresada al Senado para su revisión una semana antes.

La reciente legislación pretende que la delincuencia organizada pierda, en beneficio del Estado, los derechos sobre los bienes y el dinero, sin que sus "legítimos" propietarios (narcotraficantes, secuestradores, asesinos, contrabandistas o prestanombres) reciban indemnización alguna por parte del Gobierno.

Anteriormente, en la Ciudad de México la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Extinción de Dominio. En un principio fue rechazada por diversos sectores al considerar que atentaba contra de la propiedad privada porque incautaba cualquier bien inmueble en donde se cometiera algún delito. Incluso los rentados por bandas de delincuentes a personas de probada honorabilidad.

Con las adecuaciones necesarias, tanto en la capital de la República como a nivel nacional, la extinción de dominio se aplicará sobre las propiedades, dinero en efectivo, joyas o cualquier otro bien material que sea "instrumento, objeto o producto del delito", incluso los adquiridos por prestanombres.

* Unos vienen, otros van y muchos se quedan

Para cumplir con la Ley de Extinción de Dominio, y protegiendo a quienes actúan de buena fe al rentar un bien inmueble, el Poder Judicial de la Federación deberá capacitar a jueces en la materia, ante quienes acudirán los legítimos propietarios para que les sea devuelto lo incautado.

Ahora sólo falta legislar sobre el destino que deberán tener los recursos expropiados a los delincuentes, así como la pronta devolución de los bienes de las víctimas que demuestren haber pagado su rescate con algún inmueble, vehículos o alhajas.

Los senadores tampoco se quisieron quedar atrás en las aprobaciones "fast track". El 30 de abril votaron por la creación de la Policía Federal, que sustituirá a la PFP, y contará con nuevas atribuciones para que en poco tiempo releve al Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en las calles.

El nuevo cuerpo policiaco podrá realizar investigaciones encubiertas. Sus resultados serán válidos para que, en el momento, se detenga a delincuentes en flagrancia, además de que las pruebas obtenidas servirán en el juicio.

Para algunos analistas, la nueva Ley de la Policía Federal podría generar abusos porque legaliza las intervenciones telefónicas, previa autorización de un Ministerio Público, además de que obliga a las compañías de teléfonos celulares a reportar la ubicación exacta del aparato donde se realizó la llamada, si así lo requiriera la autoridad.

El problema es que los cuerpos policiacos, Ministerios Públicos, jueces y demás impartidores de justicia, están infiltrados por bandas de delincuentes que podrían mal utilizar esas atribuciones.

Así como la reforma a la Ley de Salud no consiguió erradicar la adicción a las drogas desde sus orígenes (la pobreza y la desigualdad), la Ley de la Policía Federal tampoco logró sancionar a los funcionarios públicos corruptos coludidos con delincuentes.

Las reformas pasaron de noche en el Congreso. Mientras que la influenza siguió su camino.

* Noticias en corto

Más de 40 mil familias relacionadas con la porcicultura, corren el peligro de quebrar y aumentar el grado de pobreza que padece todo el sector agropecuario, como consecuencia de la "satanización" de la carne de cerdo, luego de que se señalara que de ese animal se originara el A/H1N1. El jueves pasado, Mario Quintanilla González, presidente del Consejo Nacional de Porcicultura, acudió al Senado de la República para exigir a los legisladores medidas para recuperarse de las pérdidas por más de 500 millones de pesos registradas durante las últimas dos semanas. Heladio Ramírez López, presidente del grupo de trabajo para la Reforma Integral del Campo, pidió al pueblo acabar con los mitos y actitudes de rechazo hacia la industria de la porcicultura y calificó de "voces desinformadas e irresponsables" a quienes culpan a los cerdos del mal epidemiológico. *** En respuesta, ese mismo día, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció un paquete de ocho acciones para la reactivación del sector porcícola del que dependen 350 mil empleos directos y 1.7 millones de empleos indirectos en todo el país. La más importante es que "con una inversión de 45 millones de pesos, las organizaciones de porcicultores iniciarán una campaña de promoción para fomentar el consumo de carne de cerdo en el mercado nacional y se reforzarán las campañas de promoción que se tienen en los mercados de Japón y Corea del Sur, a cuyos países México exporta 67 mil toneladas anuales de carne de cerdo..." El problema es que los países asiáticos no quieren saber nada de productos mexicanos y, aún peor, es poco probable que una campaña publicitaria pueda reactivar un sector económico tan importante.

-- oo0oo --

El Senado de la República prepara una iniciativa para multar a las autoridades municipales y estatales que desatiendan a niños y niñas en situación de calle y permitan que deambulen sin tener donde guarecerse. Tan sólo en la Ciudad de México se estima que hay dos mil 759 personas en este caso; de las cuales el 56 por ciento son originarias de provincia y el resto del Distrito Federal. El proyecto contempla modificar el Artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para castigar con multas de entre 2 mil 740 a 5 mil 480 pesos a la autoridad que no remita a los infantes a los centros de asistencia social. La iniciativa se encuentra en estudio en las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera ante el evidente incremento de menores en situación de calle. Se prevé que la recesión económica que vive el mundo podría provocar que alrededor de 90 millones de personas desciendan a la pobreza extrema, para así sumarse a los mil 300 millones que se encuentran en esa condición. En el país, la recesión ha provocado que la tasa de desocupación alcanzara el 4.7 por ciento en marzo pasado, lo que podría tener un impacto negativo en la población infantil. *** El pasado miércoles más de 70 organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional, así como reconocidos personajes a título propio, tal fue el caso de Francisco Gallardo Rodríguez, general brigadier del Ejército Mexicano, enviaron una carta al Congreso estadunidense exhortando a los legisladores a detener la ayuda económica, de armamento y de adiestramiento por considerar que: "El despliegue del Ejército mexicano para llevar a cabo tareas de seguridad pública que corresponden a la policía civil ha conllevado a un aumento significativo de violaciones de derechos humanos en los últimos dos años, incluidas violaciones graves como ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias y violaciones. Efectivamente, el número de quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha sextuplicado en los dos últimos años, llegando a la cifra de 1 mil 230 en 2008, a la par con el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales..." entre otros muchos problemas. Confían que alguien en la Unión Americana atienda su llamado de alerta, *** Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

mejido@elsoldemexico.com.mx