En una entrevista que le hizo un diario capitalino el lunes 20 de los corrientes, Jacqueline Peschard, flamante presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), dijo que esa institución debe alcanzar la plena autonomía. Y que tal cosa podría darse si en vez de que el jefe del Ejecutivo federal nombre a los comisionados (palabra ésta para designar a los mandamases), lo haga el Senado de la República, como acontece ya en el Instituto Federal Electoral (IFE).

Pero autonomía, como en el IFE, para qué, podría preguntarse cualquier ciudadano. Y podría contestársele: pues para que los comisionados del IFAI, como los consejeros del IFE, puedan aumentarse de modo escandaloso sus salarios sin que nadie pueda objetar o impedir tal abuso.

La plena autonomía del IFAI también serviría, como en el caso del IFE, para que la institución a cargo de Peschard pueda mejorar lo hecho hasta ahora en materia de ocultamiento deliberado de información que debería ser pública.

¿O es acaso un secreto que el IFAI ha sido y es la tapadera de los grandes actos de corrupción de la cúpula gobernante? ¿Ya sabe la sociedad quiénes fueron los compradores beneficiarios de las millonadas de dólares que hace apenas unas semanas puso a la venta el Banco de México?

Sin autonomía o con ella, la naturaleza del IFAI no habría de variar mucho. Como no varió mucho en el caso del IFE sin autonomía y el IFE autónomo. En ambas situaciones, el órgano electoral actuó como agente del Gobierno para dar cobertura legal a unos comicios plagados de irregularidades, compra y venta de votos mediante dinero público, torcimiento de la voluntad popular y faltas flagrantes a la ley electoral, a otras muchas leyes y a la propia Constitución General de la República.

Y Peschard sabe de lo que habla. Ella fue miembro destacado de la pandilla de funcionarios del IFE que hundió a esta institución en el descrédito y la mala fama. Gracias a doña Jacqueline, entre otros y otras, hoy el IFE es una institución con tan mala fama pública como, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, el sistema de aduanas y las diversas policías.

Ahora, el gobierno al que sirvió tan dócilmente le paga sus servicios y le entrega otra mina de oro. Pero deberá probar que es digna de la nueva muestra de confianza gubernamental. Deberá proseguir y mejorar (si se puede) las sucias prácticas de que se vale el IFAI para ocultar la información que debería ser de conocimiento público.

Ya lo he dicho antes: el IFAI es una institución experta en hacer dar vueltas al ciudadano, en cansarlo, en aburrirlo, en torearlo, en mandarlo de aquí para allá, en el típico "mejor regrese mañana", en el manido "le hace falta una copia", en el sabido y manido "su documento no viene sellado", en el perverso y prepotente "y hágale como quiera".

Mas no sólo en la práctica el IFAI escamotea, niega y oculta información al ciudadano. Desde su propia doctrina se han creado instrumentos pretendidamente jurídicos para que nadie conozca lo que todos deberíamos conocer, como son los casos emblemáticos, por negativos, de la llamada "información reservada", la "información clasificada" y de otros mecanismos institucionales, pervertidamente legales, destinados al ocultamiento deliberado e institucionalizado.

De modo que la autonomía del IFAI con la que amenaza Peschard sólo serviría, como en el caso del IFE, para ahondar en la simulación democrática, en la conversión de ese desacreditado órgano gubernamental en una más grande y autónoma fuente de sueldazos, bonificaciones, comilonas y viajes de ensueño. Con autonomía o sin ella, el IFAI puede cumplir, como ya lo hace, con sus tareas de simulación democrática y de tapadera de la gran corrupción gubernamental.

ferrermentor@hotmail.com