* El hacinamiento en las cárceles no es un problema nuevo

* Existe una sobrepoblación de más del 90 por ciento

* Sólo el uno por ciento de los procesados se readaptan

* Por temor, el pueblo modificó sus valores y costumbres

Cuando el Palacio de Lecumberri fue inaugurado, en 1900 por Porfirio Díaz, se contempló para una población de 730 sentenciados. Al cerrar sus puertas, 76 años después y sin que se hiciera ninguna ampliación o modificación, permanecían recluidos más de 13 mil delincuentes, asesinos, defraudadores y opositores al sistema.

En una misma celda, de cuatro metros cuadrados, dormían hasta 25 internos. El sobrecupo carcelario ocasionó toda clase de abusos, asesinatos y violaciones en el interior de la prisión e imposibilitó la readaptación social de los delincuentes.

Muchos reclusos se quejaron porque un reducido grupo de presos gozaba de grandes privilegios y eran protegidos por los custodios y las autoridades de Lecumberri. Pero jamás ninguno escapó protegido por los celadores.

Su diseño arquitectónico garantizó el buen funcionamiento de las medidas de seguridad internas, por lo que sólo dos personas lograron fugarse del llamado Palacio Negro: el líder revolucionario Pancho Villa y el narcotraficante holandés Dwight Worker, en 1975.

Por recomendación de especialistas criminalistas, Luis Echeverría ordenó el cierre de esa cárcel para acabar con cualquier resquicio de excesos en el sistema judicial. Los reclusos fueron trasladados a nuevas penitenciarías que de inmediato rebasaron el cupo.

Actualmente el hacinamiento en las cárceles es un problema que ningún Gobierno ha querido solucionar. Sin importar si están bajo control municipal, estatal o federal, los supuestos Centros de Readaptación Social y de Menores Infractores, se convirtieron en verdaderas escuelas del crimen.

Debido al pésimo sistema de impartición de justicia, es común encontrar en una misma celda a procesados y sentenciados; asesinos y ladrones de casas habitación; narcotraficantes y rateros de cruceros; secuestradores y defraudadores.

Existe tal aglomeración en las cárceles que ya surgieron los "vampiros". Son aquellos reos a quienes sus compañeros los amarran de las manos al techo, la pared o la litera para que, al dormir de pie, no se caigan.

En esas condiciones, la readaptación social es una utopía.

* SOBREPOBLACIÓN DEL 90 POR CIENTO

Diversos expertos constitucionalistas, juristas, criminalistas y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y de reclusos, recomiendan construir nuevas cárceles más amplias, con sofisticados equipos de seguridad, espaciosas, con áreas recreativas y mejores condiciones en las celdas.

Aunque la mayoría de los centros penitenciarios han sido remodelados y adecuados con modernos sistemas de vigilancia, el último reclusorio construido fue el de Matamoros, Tamaulipas, en la década de los ochenta.

Sin duda son necesarias esas adecuaciones por las condiciones infrahumanas en que se pretende la readaptación de los criminales, pero hay otras soluciones que requieren un menor gasto, son fáciles de implementar y con mejores resultados a corto plazo.

En el estado de Morelos, durante la década de los 90, el Gobierno de la República puso en marcha un proyecto de cárcel denominado Centro de Rehabilitación Psicosocial, dedicado para quienes delinquieron, pero que padecen graves trastornos mentales, con el fin de no mezclarlos con delincuentes comunes.

En el país hay 495 centros penitenciarios distribuidos de la siguiente manera: cinco Federales de Readaptación Social, 331 estatales, 10 del Distrito Federal, 95 cárceles municipales, 53 para menores infractores y el centro de Rehabilitación Psicosocial.

Considerando el número de habitantes en toda la República, las cárceles que operan deberían ser suficientes, pero se ven rebasadas por el alto índice de delitos, que a últimas fechas registró un considerable aumento.

De acuerdo con cifras de Silvia Reséndiz Hernández, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, entrevistada por Alto Poder, "los reclusorios se encuentran sobrepoblados hasta en un 90 por ciento y enfrentan una añeja situación de crisis, ocasionada por distintos factores que afectan al sistema penitenciario y que van desde la mala calidad de las prisiones hasta llegar a la corrupción..."

* ENCARCELADOS EN ESPERA DE SENTENCIA

Al visitar cualquier cárcel en México pueden observarse las pésimas condiciones en que se busca la reinserción social del delincuente. El problema no es exclusivamente de espacios, sino también la corrupción de sus celadores, solapados por sus jefes y dirigentes.

Los visitantes no pueden ingresar con celulares, objetos punzocortantes, armas de fuego o ropa de determinado color porque son revisados y auscultados exhaustivamente. Todo cambia en el interior donde los internos fabrican sus propias armas con materiales que ingresaron ilegalmente, utilizan y rentan modernos teléfonos móviles y venden ropa importada.

¿Cómo entran a los penales todos esos artículos? Nadie lo sabe y, menos aún, los encargados de hacer cumplir la ley.

Para el investigador Martín Barrón Cruz, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, consultado por esta columna, el hacinamiento es menor al estimado por la analista de la UNAM, considerando que en todo el país están recluidos un poco más de 222 mil delincuentes y los reclusorios tienen cupo para 173 mil.

Es común encontrar que en una celda construida para tres personas, duerman diez y, en algunos reclusorios, hasta 15 delincuentes. Un caso de sobrepoblación extrema ocurre en el penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California, conocido como El Pueblito y convertido en un gran vecindario donde madres e hijos viven con el sentenciado mientras cumple su condena.

Para Barrón Cruz el problema de la sobrepoblación carcelaria radica en que "además del dinero que se gasta en mantener y pagar salarios a toda la estructura judicial, el tiempo que debe transcurrir para que un recluso reciba sentencia es de dos o más años." Durante la espera debe permanecer encarcelado, lo que agrava el problema de hacinamiento.

Cifras proporcionadas por el investigador del Instituto de Ciencias Penales, establecen que de los más de 222 mil presos, casi 50 mil se encuentran en espera de recibir sentencia absolutoria o condenatoria. Inclusive existen casos en que cuando se dicta sentencia, el reo permaneció encarcelado hasta el doble de tiempo.

* ANTES DEL ENCARCELAMIENTO, DEBE INVESTIGARSE

Las leyes penales modificadas el año pasado supuestamente eliminaron el viejo sistema inquisitivo que obligaba a la autoridad a recluir al presunto delincuente, mientras se realizaba la investigación. Pero en la práctica siguen ocurriendo las detenciones previsorias y los arraigos precautorios.

Un error del sistema de justicia es que "desde siempre, la cárcel es vista como el castigo máximo, cuando debiera ser considerada la última opción de sanción..." consideró el especialista Barrón Cruz.

Según Martín Barrón: "el gran cambio propuesto en la reforma judicial es que obliga a investigar y presentar las pruebas necesarias para que el juez determine la comisión o no de un delito. Sólo entonces se gira la orden de aprehensión y su posterior encarcelamiento." Pero los resultados podrán advertirse dentro de cinco u ocho años.

Hasta hoy, la violación a la libertad de tránsito, consagrada en el artículo Decimoprimero de la Carta Magna, prevalece aun con las recientes modificaciones judiciales. Los legisladores aseguraron que acabarían con el arraigo, pero no cumplieron. Sólo en México se encarcela para ser investigado y no se investiga para encarcelar.

De lo anterior, se deduce que son tres los principales errores del sistema judicial. Primero, que es necesario dejar de criminalizar a los delincuentes menores y adictos a las drogas; segundo, deben agilizarse los procesos; y, tercero, urge una revisión exhaustiva de los procesos y las sentencias para liberar de inmediato a los inocentes o a quienes ya cumplieron su condena.

Es necesario pasar de un sistema judicial inquisitorio a uno precautorio o conciliatorio.

Los mexicanos viven una doble moral. Por un lado, se acostumbraron a convivir con quienes cometen delitos que consideran no afectan a la sociedad y, por otro, al abandonar la prisión, el delincuente es señalado por el mismo sistema que se ve imposibilitado a garantizarle una mejor vida, por lo cual vuelve a cometer fechorías.

* DELINCUENTES, DE ENFERMOS A INADAPTADOS

La catedrática de la UNAM Silvia Reséndiz, señaló que: "no existe una readaptación social real. Con la reforma al artículo 18 constitucional, lo que antes fuera rehabilitación (porque al delincuente se le consideraba enfermo) y readaptación (por ser un inadaptado), ahora se le denomina resocialización y establece que quienes han transgredido la ley tienen derecho al trabajo, a la educación, a la capacitación, a la salud y al deporte. Pero los internos no cuentan con esos servicios y, en consecuencia, su recuperación es inexistente..."

Para concretar la reinserción del delincuente en la sociedad, se requiere de personal capacitado. Pero el actual sistema penitenciario adolece de empleados con los conocimientos necesarios. Aunque debe reconocerse que las autoridades han hecho lo posible por mejorar las condiciones laborales e implementaron programas educativos para mejorar el nivel de los custodios, celadores y los dirigentes de todos los niveles.

El polvo sólo se ocultó bajo la alfombra porque se capacitó al mismo personal, con los mismos vicios y se imposibilitó la mejora real del sistema de readaptación social.

Silvia Reséndiz recomendó "la creación de un centro de calidad y confianza, donde el personal sea evaluado para determinar si tiene la capacidad intelectual y ética para laborar en los reclusorios..." pero, para tal propósito, existe la Secretaría de la Función Pública, cuya labor es inhibir y sancionar las prácticas corruptas.

Para la presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, Ana Franco, entrevistada por Alto Poder, las cárceles mexicanas son uno "de los problemas más serios de impunidad que imposibilitan la readaptación porque no cumplen con lo que debería ser la última etapa del proceso judicial. Hay una ley federal que establece normas mínimas de educación, salud, atención y ayuda, pero no se llevan al cabo..."

Nadie cree que un delincuente se rehabilite en una cárcel, sino todo lo contrario. Cuando el reo recupera su libertad siente rencor hacia la sociedad que lo marginó durante años y, en cambio, prevalece un lazo fraternal con quienes le ayudaron a sobrevivir al interior del reclusorio.

Los mexicanos tampoco aceptan que al reincorporarse a la sociedad un exconvicto modifique su actitud.

*¿ES POSIBLE LA READAPTACIÓN?

Sobre la posibilidad de readaptación de un reo, la investigadora Silvia Reséndiz consideró que "aunque no hay redención, no todos los reos que cumplieron su condena y lograron la libertad continúen con la misma conducta delictiva..."

Únicamente uno de cada cien sentenciados que cumplieron su condena logra reincorporarse adecuadamente a la sociedad. Lo cual significa un rotundo fracaso del sistema penitenciario.

Para Franco de Wattnem la sociedad se acostumbró a convivir con rufianes, cambió sus hábitos, principios morales y ahora se siente rehén de la delincuencia. "Cuando era niña, si sabíamos que alguien era un ratero lo apartábamos del grupo. Si bien ahora no es aceptado plenamente, se le mira con total indiferencia..."

Lamentablemente la ilegalidad modificó los principios morales de los mexicanos. Ahora es común, y hasta se muestra indiferencia, conocer a alguien que vende o compra productos robados, de contrabando o "piratas".

Un dato alarmante fue proporcionado por Martín Barrón, quien indicó que: "la población procesada, es decir, quienes aún no son sentenciados, es la más indefensa, porque no se le aplica ningún tratamiento correccional y, en cambio, los delincuentes mayores los reclutan y capacitan para enseñarles a cometer todo tipo de delitos..."

Legalmente un reo durante el juicio, aún no es un delincuente, por eso el sistema judicial no le proporciona educación, entretenimiento, ayuda sicológica ni religiosa. De igual manera, debería permanecer en un espacio destinado para procesados, pero el hacinamiento carcelario ocasiona que las autoridades mezclen asesinos y narcotraficantes con delincuentes menores, para quienes sí es posible su reinserción a la sociedad.

Según estimaciones del investigador del Instituto de Ciencias Penales, "de los 173 mil sentenciados, el 70 por ciento cometió delitos de menor cuantía, es decir robo, por cuatro mil pesos en promedio..." Por ello sería posible buscar una conciliación entre el ladrón y el afectado, lo que serviría para disminuir la población penitenciaria y se evitaría, en gran medida, el hacinamiento carcelario.

De la cifra anterior, los especialistas deducen que México se convirtió en un país de delincuentes por necesidad, siendo el robo menor, de efectivo, autopartes o mercancías, los delitos que más se comenten, en tanto que el homicidio disminuyó en los últimos diez años, hasta en un 30 por ciento.

Para Ana Franco, de México Unido Contra la Delincuencia, existen casos que requieren especial revisión de la justicia, como son los robos de cantidades menores, porque la posibilidad de rehabilitar al pequeño ladrón es posible. En cambio modificar la conducta de un secuestrador, un asesino serial o de un narcotraficante es muy costoso y poco probable.

La trabajadora social Silvia Reséndiz señaló que el "delincuente de alta peligrosidad, tiene una visión de vida corta, por lo que no le interesa salir o no de la prisión, en cambio el infractor menor se esfuerza por conseguir su libertad, si no es que antes ya fue reclutado por el crimen organizado..."

Martín Barrón, señaló la necesidad de encontrar nuevas formas condenatorias como la prisión de fines de semana, aplicada en Francia; o la de negociación entre delincuente y afectado, implementada en España, antes que sea la cárcel la única condena punible.

El sistema judicial debe modificar, urgentemente, la culpabilidad inmediata del presunto delincuente por la presunción de inocencia y eliminar la obligación carcelaria mientras se realiza un juicio, además de iniciar una revisión de las sentencias.

Sólo de esa forma, se logrará mejorar la readaptación de los delincuentes y se evitará que aumente la violencia en las calles y las cárceles mexicanas.

* NOTICIAS EN CORTO

Editorial Plaza y Janés editó el libro "Crimen de Estado" del periodista Gregorio Ortega Molina. A lo largo de la novela, el autor recrea en una serie de hechos pasados e imagina el posible momento en que los narcotraficantes pactaron con el Gobierno del presidente más gris que ha gobernado el país: Miguel de la Madrid. Aunque se trate de una historia ficticia, Ortega Molina echa mano no sólo de acontecimientos reales, sino también de personajes políticos a quienes en su momento se les señaló como culpables. Interesantes hipótesis se desprenden del trabajo de Gregorio Ortega. *** Ante cerca de medio millar de ganaderos, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, dijo que en la medida en que los productores del campo tengan a tiempo los presupuestos que les corresponden, en esa medida podrán mejorar la producción; por eso, en la Sagarpa estamos cumpliendo con la instrucción presupuestal de entregar los recursos antes de iniciar las labores del próximo ciclo agrícola. Durante una gira de trabajo por el estado de Colima, Cárdenas Jiménez entregó cheques por 91.4 millones de pesos, de un total de 350 millones que se destinarán en 2009 al campo y a la pesca de esta entidad. El interés del Presidente de la República es que se vayan disminuyendo las importaciones de alimentos que realiza actualmente nuestro país y que significan erogaciones anuales por 10 mil millones de dólares. Recordó que México compra al extranjero aproximadamente 25 millones de toneladas de alimentos entre granos, leche y productos cárnicos; esto significa que aún nos falta hacer parte de la tarea en el campo, porque estos productos que ahora se compran en el exterior, nosotros tenemos capacidad para producirlos aquí y el reto es ir disminuyendo nuestra dependencia y fortaleciendo nuestra capacidad de producción local.

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La competitividad de las empresas y su aporte al desarrollo pueden fortalecerse a través de pactos público-privados, aseveró el jueves pasado la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el II Encuentro Hemisférico del Sector Privado, que se realiza en Trinidad y Tobago en el marco de la V Cumbre de las Américas. "Los países que han reestructurado su base productiva, construido empresas de nivel internacional y cerrado la brecha con los países ricos, lo han logrado con un pacto público-privado que ha estado al centro de sus estrategias nacionales de desarrollo de mediano a largo plazo", resaltó. Ante líderes empresariales de todo el continente, la secretaria ejecutiva de la CEPAL expuso en el panel "Los paquetes de estímulo económico: panorama de oportunidades para las empresas", junto a representantes del Banco Mundial y de bancos centrales de países de la región. El establecimiento de pactos público-privados, indicó Bárcena, es un proceso social en el cual cada país debe buscar fórmulas consistentes con su realidad cultural, histórica, política e institucional. Pero, agregó, también deben cumplirse ciertas condiciones. Para su éxito, dijo, se necesita un Estado con capacidades para ser un socio creíble: profesionalismo, integridad, conocimientos tecnológicos y solidez fiscal que le permitan financiar programas e incentivos efectivos que ayuden a las empresas a buscar nuevos mercados y mejorar sus productos, procesos y tecnologías. Los pactos requieren además una interacción estratégica entre Estado y sector privado que evite la toma de control por parte de grupos de interés y preserve las características de bien público. Las empresas que más podrían sacar ventajas de las nuevas oportunidades son aquellas que tienen la visión de adoptar los ajustes necesarios a corto plazo y además de aplicar estrategias de innovación e inversiones de mediano y largo término. ****

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

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