El pasado martes 31 de marzo, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley de Delincuencia Organizada, para que ésta no se aplique a los movimientos sociales. O dicho en otras palabras, para que no se criminalicen las manifestaciones y protestas populares.

"Las disposiciones de la presente ley -se dice con toda claridad y de modo inequívoco- no podrán aplicarse cuando los hechos que se investiguen tengan su origen en el ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, de asociación, de petición o de otra naturaleza similar".

Con la nueva ley, la Cámara de Diputados reconoce expresamente que la anterior disposición había sido usada para criminalizar las manifestaciones y protestas populares. Y al corregir semejante monstruosidad, se abre la puerta para que las personas que protagonizaron y participaron en protestas sociales y fueron detenidas, juzgadas y condenadas con la ley ahora modificada puedan obtener de inmediato su libertad, con base en el principio jurídico que establece que las leyes siempre tendrán efecto retroactivo si es en beneficio de inculpados o reos.

Este es, concretamente el caso de los presos de Atenco y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes fueron detenidos, juzgados y sancionados con base en la Ley de Delincuencia Organizada, cuando era y es palmario que se trataba de personas ajenas absolutamente al tipo penal que les fue aplicado.

Los hechos que dieron con base en las monstruosas e ilegales condenas de Ignacio del Valle y sus compañeros de lucha social eran claramente movimientos sociales y populares de protesta, que no hacían sino ejercer los derechos y libertades consagradas en la Carta Magna, como son: la libre manifestación de las ideas, el derecho de asociación, el derecho de petición y otras prerrogativas constitucionales vigentes.

Pero más allá de la reparación de la injusticia cometida contra Ignacio del Valle y sus compañeros atenquenses y contra líderes y militantes de la APPO, la Cámara de Diputados ha puesto un alto a los actos y afanes panistas por convertir a México en un Estado fascista en el que no cabe, so pena de sufrir bárbaras represiones judiciales, el libre ejercicio de unos derechos constitucionales fruto de largas y sangrientas luchas sociales del pueblo mexicano en los últimos doscientos años.

El justiciero acto de la Cámara de Diputados es una muestra, además, de que, ante la falta de probidad y apego al derecho por cuenta de la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, la soberanía popular encarnada y representada en los diputados es la vía adecuada para evitar y corregir los excesos de un poder desorbitado e inescrupuloso que ve como enemigos mortales al pueblo llano y su derecho a inconformarse con ese mismo poder faccioso y elitista.

A los evidentes citados méritos justicieros, democráticos y constitucionales de las reformas a la Ley de Delincuencia Organizada, debe sumarse el mérito de la oportunidad. Porque en medio de una crisis económica que tiende a lastimar gravemente a la clase trabajadora, es apenas lógico que se multipliquen y ensanchen los movimientos populares y sociales en demanda de acciones gubernamentales, hasta hoy casi inexistentes, que palien los sufrimientos y desgracias de quienes se ven privados de empleo y, consecuentemente, de medios de vida.

Las modificaciones, verdaderas correcciones, a la Ley de Delincuencia Organizada impedirán que sean perseguidos y encarcelados quienes decidan exigir al gobierno panista, en calles y plazas, medidas económicas para impedir un mayor empobrecimiento de los eternos condenados de la tierra.

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