Judith García

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga si hubo tráfico de personas en el caso de "Casitas del Sur", informaron integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

En conferencia conjunta, exigieron al jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, su intervención por la impunidad que se ha registrado durante las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia capitalina, como negar información sobre la cantidad de niños que han sido enviados a albergues como el de "Reintegración Social A.C." o a la Iglesia Restaurada y han menospreciado la desaparición de ocho menores de edad.

En respuesta, Miguel Angel Mancera, procurador de Justicia del Distrito Federal, afirmó que mantiene vigente y en curso la ampliación de las investigaciones, así como integración y perfeccionamiento de la averiguación previa relativa a la desa-parición de menores de edad, en el mencionado albergue, pero, además, está a la espera de establecer una comunicación abierta y directa con la representación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Precisó que no estaba enterado de que habría una recomendación en trámite sobre este caso, pero "nosotros estamos en un canal de comunicación con la Comisión de Derechos Humanos desde el principio, como ustedes bien saben, el operativo de cateo y de rescate de los menores fue con personal de la Comisión, y fue precisamente una consecuencia de medidas precautorias''.

En torno a la reunión que sostendría con el titular de la CDHDF, Miguel Mancera destacó: "es una reunión que pactamos, es donde vamos a ver muchos temas, entre ellos seguramente también el de Casitas''.

En su oportunidad, los integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México manifestaron su preocupación porque las autoridades del GDF no tengan un registro de los chicos que son entregados a instituciones de beneficencia social y que se ha dejado sin consignación a Elvira Casco Majalca, involucrada en la desaparición de los niños.

Gerardo Sauri, integrante de la organización indicó también que solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria revoque la deducibilidad fiscal de esa institución de beneficencia social, mientras se esclarecen los hechos.

Asimismo, pidió a las autoridades federales que investiguen el origen de los 5 millones 118 mil 583 pesos -un millón 47 mil 116 pesos en efectivo y 4 millones 71 mil 467 pesos- que recibió "Reintegración Social" durante 2006.

Marcos López, representante de la Oficina de Defensoría reconoció que han visto más acción por parte de las autoridades federales que de las policías capitalinas por resolver este caso.

Explicó que desde marzo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, iniciaron una línea paralela de investigación para definir si se incurrió en la trata de personas.

Dejaron claro que no tienen elementos para señalar que en este caso también se ha cometido un delito de orden federal como el tráfico de menores, pero sí hubo delitos por violencia familiar equiparada y corrupción de menores. Por lo que en breve presentarán una denuncia contra Casco Majacal.