Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal que, junto con el IX Censo Ejidal, publicado en abril de 2008, integra el Censo Agropecuario 2007. Ambos ponen de manifiesto la profundización de la crisis del campo mexicano, de la que tesoneramente se ha dado cuenta en esta columna.

A 17 años de la aprobación de las reformas al artículo 27 constitucional, de la promulgación de la Ley Agraria emanada de ella, y la creación de los Tribunales Agrarios, es importante destacar que los propósitos que animaron las modificaciones para permitir la recuperación económica del campo mexicano, no solamente no se han cumplido, sino que la crisis productiva, económica y social hoy se ve cruzada por otros signos igualmente adversos: la crisis económica mundial, la crisis energética y la crisis ambiental, cuyos impactos acumulados tienden a profundizar las asimetrías regionales, sectoriales y económico-sociales del campo mexicano.

Desde el año 1991 al 2007 se ha dado una redistribución de la propiedad social en el país, lo que se tradujo en que 11 mil 361 núcleos agrarios permitieron acceso a las tierras a 2.1 millones de nuevos titulares, tanto de manera regular como irregular. Esto equivale a un 60 por ciento más de personas de las existentes en 70 años de reforma agraria. Tal situación genera incertidumbre en la tenencia de la tierra y plantea la pregunta "¿en manos de quién está la tierra y cuál es la situación jurídica de sus ocupantes?". Esta situación corrobora la tesis que los Tribunales Agrarios han expuesto por años, en el sentido de que las tierras abandonadas al cultivo de alimentos se destinan a los cultivos ilícitos.

Por otro lado, es alarmante la destrucción de bosques y selvas para abrir tierras al cultivo, sin reconocer que esas tierras "no tienen vocación agrícola", por lo cual el bajo rendimiento concluye en su abandono perdiendo importantes recursos naturales.

Este escenario de crisis se complica más con la debacle financiera que estalló el año pasado en Estados Unidos. Los más perjudicados de esta fase del sistema económico han sido los países pobres y los trabajadores del campo y la ciudad. Son los mismos que soportan el impacto de la crisis del capital financiero.

Debemos comprender que estas crisis tienen una sola raíz: una civilización y modo de producción que ha llegado a su límite por no reconocer y actuar con la lógica del límite del planeta.

Debemos cambiar para salir de la crisis y entrar al desarrollo sustentable. La situación ambiental, alimentaria y económica que vivimos es insostenible y no se justifica desde ningún punto de vista ideológico-político, pues acentúan la inseguridad planetaria y exacerban el descontento, migraciones y conflictos diversos que complicarán la gobernabilidad local y global, afectando a todos. Para evitarlo, es necesario emprender cambios, que sean de fondo para abatir las causas de la crisis.

Los cuales deben partir por cambiar la concepción del desarrollo, para que la acumulación histórica -en ciencia, tecnología y riquezas- beneficie a todos; asimismo es indispensable refundar el Estado, para que represente al conjunto de intereses y clases, y tenga como propósito un real proyecto de creciente bienestar, seguridad y justicia sociales, en un marco de democracia más participativa.

Como he señalado se debe aprovechar la coyuntura y dar el salto cualitativo sembrando buena semilla institucional y social, a partir de cambiar paradigmas y estructuras económicas nacionales, articuladas en un Estado fuerte, con un claro compromiso de sus dirigentes con la humanidad más que con el mercado.